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CCOO ASEPEYO

Fraude fiscal y gasto p√ļblico


Si hubiera voluntad política, podrían obtenerse los fondos para resolver el déficit social de las autonomías



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28-08-2008 - Se han publicado recientemente varios informes en Espa√Īa y en Europa que tienen una gran relevancia para el debate que est√° teniendo lugar en nuestro pa√≠s, sobre c√≥mo incrementar los fondos p√ļblicos para responder a las urgentes necesidades de las comunidades aut√≥nomas. El primer informe es un documento preparado por GESTHA, t√©cnicos hacendistas de la Agencia Tributaria del Ministerio de Econo- m√≠a y Hacienda del Gobierno espa- √Īol. Los informes de GESTHA han mostrado en el pasado gran certeza en sus an√°lisis, lo cual les ha dado una credibilidad que entra en conflicto a menudo con las declaraciones oficiales del ministerio. Este informe, presentado en la Universidad Internacional Men√©ndez y Pelayo en El Escorial este verano, documenta que el fraude fiscal en Espa√Īa supuso en el 2005 (el √ļltimo a√Īo en que el Ministerio de Econom√≠a y Hacienda ha publicado los datos de los que GESTHA deriva sus cifras) nada menos que 88.617 millones de euros, fraude realizado a la Agencia Tributaria (58.676 millones) y a la Seguridad Social (29.941 millones).

PARA DARNOS cuenta del significado de estas cifras, tenemos que saber que el d√©ficit de gasto p√ļblico social de las comunidades aut√≥nomas, responsables de los servicios p√ļblicos del Estado del bienestar de Espa√Īa, es, precisamente, de 85.000 millones de euros. Es decir que para alcanzar el nivel de gasto p√ļblico social de los pa√≠ses que tienen el mismo nivel de desarrollo econ√≥mico que el nuestro, deber√≠amos a√Īadir a nuestro gasto p√ļblico social (el m√°s bajo de la UE-15) otros 85.000 millones que podr√≠an conseguirse a partir de recaudar los impuestos de los que defraudan al fisco. Puesto que la gran mayor√≠a de los que defraudan al fisco son personas que gozan de rentas superiores, mientras que las que utilizan los servicios p√ļblicos sociales, son personas de rentas medias y bajas (las clases populares), puede entenderse que la gran mayor√≠a de la poblaci√≥n desea que se corrija este fraude fiscal. Un 82% de la poblaci√≥n (seg√ļn datos del informe de la European Network of Social Research del 2007) dice que el Estado deber√≠a corregir el fraude fiscal (el porcentaje mayor de la UE-15). Seg√ļn el informe de GESTHA, los empresarios declaran una renta recibida entre 5.646 euros y 6.346 euros menos que los asalariados. Espa√Īa es el √ļnico pa√≠s donde los empresarios y profesionales declaran menos que los trabajadores.
El segundo informe es un an√°lisis del gasto p√ļblico en los pa√≠ses de la OCDE, los m√°s ricos del mundo, publicado por una red de investigadores de gran solvencia y prestigio internacional --Francis G. Castles (editor) The Disappearing state?, 2008--. Tal estudio muestra c√≥mo el Estado espa√Īol es el que gasta menos (0,06% del PIB) en recoger los impuestos (tax collection), 30 veces menos, por cierto, que Suecia (0,32%). Tal informaci√≥n no consta en el informe de GESTHA, aun cuando √©ste hace una cr√≠tica muy dura a la direcci√≥n del Ministerio de Econom√≠a por la pobreza de recursos (incluyendo inspectores fiscales) que la Agencia Tributaria tiene, as√≠ como por las prioridades establecidas para tal Agencia.
Otro informe, contenido en el trabajo de GESTHA, es el an√°lisis de lo que significar√° la eliminaci√≥n del impuesto de patrimonio aprobada por el Gobierno espa√Īol este agosto, cuyos fondos eran asignados a las comunidades aut√≥nomas. Seg√ļn los √ļltimos datos disponibles (los del 2005), tal impuesto signific√≥ 1.400 millones de euros, y (en contra de lo que indic√≥ el Gobierno espa√Īol para justificar su eliminaci√≥n) es altamente progresivo. Mientras que la mayor√≠a de declarantes pagaban 178 euros o menos, tal impuesto gravaba primordialmente a las grandes propiedades con valor muy superior al promedio declarado (y ello pese al gran fraude que existe tambi√©n en esta declaraci√≥n de la propiedad: solo 727 declarantes indicaron tener patrimonio de m√°s de 10 millones de euros, cuando, seg√ļn las propias fuentes del ministerio, hay 3.299 personas que tienen tal patrimonio).

LA ELIMINACI√ďN de ese impuesto tendr√° dos consecuencias. Una es la reducci√≥n de los fondos del Estado. De no eliminarse, esos 1.400 millones de euros podr√≠an ir a cubrir el d√©ficit de gasto p√ļblico en la financiaci√≥n de los servicios de dependencia de las comunidades aut√≥nomas, que es de 1.200 millones de euros. La otra es el incremento de la regresividad del sistema fiscal, aumentando las desigualdades sociales. En el estudio del an√°lisis internacional del gasto p√ļblico citado anteriormente, se puede ver que, a mayor desigualdad de renta en un pa√≠s, (Espa√Īa es, con EEUU, uno de los pa√≠ses de la OCDE con m√°s desigualdades), mayor es el gasto p√ļblico en polic√≠a y seguridad. Espa√Īa es el pa√≠s, tras EEUU, con mayor porcentaje de tal gasto: 2,1% del PIB, y EEUU, 2,2%. Como contraste, Noruega, 0,9%; Suecia, 1,3%, y Dinamarca, 0,9%, son los pa√≠ses que gastan menos en polic√≠a y seguridad y tienen menos desigualdades. Si la desigualdad aumenta, lo hace tambi√©n el gasto necesario para mantener el orden establecido. Y hay mucho orden que proteger en Espa√Īa.
Vemos, pues, que, si hubiera voluntad política, los fondos para resolver el déficit social de las comunidades autónomas podrían obtenerse. No es un problema financiero o económico, sino político.

Vicen√ß Navarro, Catedr√°tico de Pol√≠ticas P√ļblicas (UPF).
El Periodico


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