Leído al final de la protesta por el profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Oviedo Diego Álvarez, el manifiesto conjunto alertaba de que "estamos asistiendo a un retroceso inaceptable de las libertades públicas y de las vías de participación democrática".

"El derecho de huelga es un derecho fundamental reconocido en casi todos los países del mundo", comenzaba el manifiesto, pero el grupo de empleadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) intenta socavarlo. Esta es la principal razón que llevó a la Confederación Sindical Internacional a promover el 18 de febrero una jornada de acción mundial en defensa de las libertades y del derecho de huelga.

Desde el Comité de Libertad Sindical de la OIT al Tribunal de Justicia de la Unión Europa, entre otros organismos, entienden que si no se puede ejercer el derecho de huelga poco sentido tienen la libertad sindical y la negociación colectiva.

 

En nuestro país, CCOO y UGT consideramos que había suficientes razones para movilizarse por este motivo. Se ha criminalizado las actuaciones de 300 sindicalistas en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y, además, se están tramitando actualmente en el Congreso y en el Senado la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, que suponen más recortes a los derechos fundamentales.

Solo en Asturias son más de 100 las personas incursas en procedimientos administrativos y penales -recordó el manifiesto- por sus actuaciones en las huelgas generales de los años 2010 y 2012 y en las movilizaciones sectoriales como las de la minería  o el transporte, entre otras.

 

Los sindicatos creemos que con estas medidas ?de marcado carácter ideológico? el Gobierno persigue "cercenar las libertades democráticas para acallar la protesta" contra sus políticas de recortes, restrictivas y antisociales.

 

En concreto el proyecto del Código Penal incorpora una amplia modificación de toda una serie de figuras que se encuadran en los denominados "delitos contra el orden público". Y en este contexto "parecen querer criminalizarse diversas formas de ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y huelga, todos ellos herramientas imprescindibles de la libertad sindical, lo que supone convertir del conflicto social y laboral en un continuo conflicto de orden público". De tal modo que la nueva norma "permitiría sancionar comportamientos que, hasta el momento, o eran irrelevantes o solo tenían un tratamiento sancionador administrativo".

 

Una ofensiva en toda regla del Gobierno que tiene una clara finalidad: intimidar a las organizaciones convocantes de las manifestaciones, protestas o concentraciones. Porque "estamos asistiendo a un retroceso inaceptable de las libertades públicas y de las vías de participación democrática", subraya el manifiesto.

 

Por todo ello, CCOO y UGT exigimos la derogación del apartado tercero del artículo 315 del Código Penal, así como la retirada del proyecto de reforma del Código Penal y la retirada de la modificación del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.