En un receso de la reunión, Gómez ha explicado que en esta mesa se abordará en qué medida es posible que los representantes de los sindicatos en el ámbito regional tengan presencia real en las empresas con funciones de control y de denuncia en materia de prevención de riesgos laborales.

Gómez ha reconocido que esta materia es "compleja", pero ha indicado que en Navarra y en Asturias ya hay acuerdos al respecto y que se trataría de "ver si esos modelos territoriales que ya están funcionando pueden ir a un acuerdo con rango normativo para extenderlos al resto del Estado".

El secretario general de Empleo ha informado de que ha acordado con las comunidades autónomas impulsar la coordinación periódica (se reunirán cada tres meses) y permanente entre el Estado y las autonomías en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, sobre todo teniendo en cuenta, según explicó Gómez, que la ejecución de las políticas en esta materia es competencia de las comunidades autónomas.

Por ello, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se ha comprometido a que, con carácter previo a cada reunión del diálogo social sobre cuestiones laborales en las que tengan competencias las autonomías, hablará con un representante de éstas, que ha sido elegido hoy, para tener en cuenta sus aportaciones. Esta única voz de las autonomías será José Luis Villar, director general de Trabajo de la Junta de Extremadura.

Salario mínimo y reforma laboral

Gómez habló también sobre la marcha de las demás mesas de diálogo social y dijo que ya están muy avanzados los acuerdos con los agentes sociales sobre la inclusión en los convenios de cláusulas para obligar a la jubilación a los 65 años y sobre la extensión de los convenios y cobertura de vacíos donde no existe pacto colectivo, acuerdos que podrían presentarse públicamente a finales de este mes o principios de diciembre.

El secretario general de Empleo anunció que, después de la firma de estos acuerdos, se creará una nueva mesa de diálogo social para modificar la regulación del SMI, debatir el crecimiento anual del SMI hasta el final de la legislatura para alcanzar el objetivo de 600 euros mensuales y abordar también el aumento del Índice Público de Rentas con Efectos Múltiples (IPREM), que sustituyó al SMI como referencia para el acceso a becas, viviendas o prestaciones, entre ellas la de protección por desempleo.

En cuanto a la reforma del mercado laboral, Gómez negó que vaya a retrasarse el dictamen de los expertos que servirá de base para la negociación en esta mesa de diálogo social, que dijo que deberá estar terminado el 31 de diciembre o como muy tarde el 31 de enero; y señaló que el Gobierno quiere culminar estas negociaciones en el entorno del verano para que el Presupuesto del Estado de 2006 tenga en cuenta su contenido.