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Una decisión judicial permite suspender todas las reclamaciones para cobrar el canon digital en España
A LA ESPERA DE QUE SENTENCIE EL TRIBUNAL DE LA UE
Las entidades de gestión de derechos de autor cuentan en la actualidad con cerca de 250 procesos judiciales abiertos contra pequeñas y medianas tiendas de informática para reclamar el pago del polémico canon digital. Tales casos suman más de 10 millones de euros, que reclaman entidades tales como SGAE o EGEDA. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona, a instancias de un recurso de APEMIT, acaba de suspender 9 procesos, a la espera de que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo decida sobre esta cuestión. Esto abre una vía para que las tiendas que han sido demandadas soliciten la paralización de sus procesos judiciales.
En la actualidad, existen entre 200 y 250 tiendas de informática que se
encuentran inmersas en procesos judiciales por negarse a pagar el canon
digital o facilitar información (su volumen de facturación y ventas) a
las entidades de gestión de derechos de autor, tales como SGAE o EGEDA.
Dichos procesos suman más de 10 millones de euros en reclamaciones por
el pago de la copia privada, según el abogado y presidente de la
Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y
Nuevas Tecnologías (Apemit), Josep Jover.
Hasta ahora, tales reclamaciones ante los juzgados constituían una
batalla legal perdida, puesto que, en la mayoría de los casos, los
jueces sentenciaban a favor de las entidades de gestión. Sin embargo,
la Audiencia Provincial de Barcelona decidió suspender el pasado 19 de
mayo 8 procesos abiertos contra tiendas de informática en esa ciudad, a
instancias de un recurso presentado por Apemit, a la espera de que el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas determine qué ha de
entenderse por una compensación equitativa de la copia privada (canon
digital).
De hecho, esta decisión ha sido imitada por un juzgado de Burgos que,
igualmente, ha instado a la paralización de un caso similar, a
instancias también de Apemit. La providencia dictada por la Audiencia
de Barcelona crea un precedente jurídico de gran trascendencia, ya que
deja una puerta abierta para paralizar todos los procesos abiertos en
España contra las tiendas de informática por el pago del canon digital,
en caso de que leguen los mismos argumentos, afirma Jover.
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