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LABORAL
El familiar que cuide a una persona dependiente podría tener sueldo
El Gobierno quiere que las personas que no trabajan por cuidar de algún familiar reciban una paga si se dan de alta en la Seguridad Socia
El libro blanco de la dependencia, elaborado
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en el que han colaborado
numerosos expertos, propone que los familiares que actualmente se ocupan de
atender a personas dependientes, es decir, aquellas que no pueden valerse por sí
mismas para llevar a cabo las tareas básicas de la vida diaria, puedan cobrar
esos servicios que prestan siempre y cuando se den de alta en la Seguridad
Social como autónomos por el número de horas que dedican a esta labor.
La profesionalización de esos cuidados beneficiaría principalmente a las
mujeres, que en el 83% de los casos son las que se ocupan de la persona
dependiente sin que hasta ahora hayan recibido ninguna ayuda ni económica ni
material. Asuntos Sociales calcula que podrían incorporarse al mercado de
trabajo de la dependencia 110.000 mujeres en el plazo de cinco años.
El objetivo del Gobierno con esta propuesta, que está siendo debatida por la
mesa sectorial en la que se encuentran representados todos los colectivos
relacionados con la dependencia, es proporcionar a las personas dependientes la
posibilidad de ser atendidas por su entorno directo, algo que la mayoría
prefiere, así como dar empleo a esas miles de mujeres que precisamente por
atender a su familiar dependiente han tenido que renunciar al trabajo
retribuido.
En cuanto al requisito de darse de alta en la Seguridad Social, éste se explica
por el hecho de proporcionar una pensión a estas cuidadoras el día de mañana,
además de para evitar que "la prestación de dependencia se convierta en un mero
complemento de la pensión" del dependiente, según se recoge en el citado texto.
El dinero que percibirían sería inferior al que recibe un profesional de la
atención domiciliaria, según aparece en el libro blanco, para "lograr el
objetivo de que la prestación sirva para garantizar la adecuada prestación del
servicio, incrementar el empleo y no se dificulte la incorporación de la mujer
al trabajo".
De hecho, una de las ideas que considera el Gobierno, y que tiene que ser ahora
debatida, es que las cuidadoras familiares puedan incorporarse al mercado
laboral en el sector de la dependencia bien con su familiar o bien para asistir
a otros. No hay que olvidar que esas mujeres son las que más experiencia tienen
en la atención y cuidados que precisan las personas dependientes.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, considera que el
desarrollo de la futura ley de Dependencia obligará a crear como mínimo 300.000
puestos de trabajo y, según el libro blanco, unos 110.000 cuidadores familiares
podrían incorporarse al trabajo de aquí al año 2010.
El libro blanco de la dependencia ofrece un diagnóstico de la situación de las
personas dependientes en España y plantea una serie de propuestas para su
atención con el objeto de que sean debatidas con los agentes sociales, con las
distintas administraciones y con los grupos parlamentarios. Del texto
consensuado saldrá la ley de Atención a las Personas Dependientes, que el
Gobierno prevé que entre en vigor antes de que finalice este año.
En este contexto, el libro blanco señala que en estos momentos hay en España
1.125.190 personas que no pueden valerse por sí mismas, de las que 826.551
tienen más de 65 años. Además, hay otras 1.657.400 personas que precisan algún
tipo de ayuda para desenvolverse en su vida cotidiana. Las previsiones apuntan
que en el 2020 los dependientes más graves superarán el millón y medio de
personas.
Según el citado texto, hoy en día es la familia, y en concreto la mujer, la que
se encarga de la atención a este colectivo. Sólo un 6,5% de las familias que
cuidan a dependientes cuentan con algún apoyo de los servicios sociales.
El objetivo del ministerio que dirige Jesús Caldera es que la atención
domiciliara se extienda a todos los dependientes, evitando en lo posible el
ingreso en residencias.
La propuesta del Gobierno supondrá un coste adicional de 4.500 millones de euros
en ocho años, que se sumarán a los 4.000 que ya gastan las administraciones.
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