Los parados sin prestación podrán rescatar sus planes de pensiones

PLANES DE PENSIONES

La iniciativa de la patronal española de abaratar el despido para crear empleo fue rechazada ayer con contundencia no sólo por los sindicatos, sino también por el Gobierno.

El principal argumento utilizado es que las empresas ya están ajustando sus plantillas con los 4,5 millones de contratos temporales que no se han renovado y que representan cerca del 28% del conjunto del desempleo que se ha producido en los últimos meses.

Esta iniciativa nació inicialmente en el seno de la CEOE y posteriormente ha sido presentada públicamente por el presidente de CEIM, Arturo Fernández, que la ha denominado "contrato anticrisis" y tiene como objeto sustituir los actuales contratos temporales. De hecho, este contrato sólo se aplicaría a los nuevos contratados y no a los trabajadores que ya tienen empleo. Prevé una indemnización por despido improcedente de 20 días por año trabajado en lugar de los 45 actuales.

El presidente de la patronal Gerardo Díaz-Ferrán, apoyó explícitamente esta propuesta "para animar a las empresas a que vuelvan a contratar". En su opinión, es una fórmula intermedia entre los contratos temporales y los fijos y supone una mejora de los primeros.

Para el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y para el de CC. OO., Ignacio Fernández Toxo, con la última reforma laboral los empresarios pueden acogerse a un despido de 33 días por año. Tal como afirman, el atractivo del nuevo contrato para las empresas es que desjudicializa las indemnizaciones al igualar el contrato improcedente y el procedente. Por ello se han negado a que esta nueva fórmula sea discutida en el contexto del diálogo social.

El vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, nunca ha creído que este fuera el problema de fondo del mercado de trabajo, por lo que había que poner el énfasis en flexibilizar la negociación colectiva. En su opinión, corresponde a la mesa del diálogo social debatir los cambios en la legislación laboral. Recordó que el presidente del Gobierno ha sido muy claro al afirmar que la crisis no va a servir "como a algunos les gustaría" para deteriorar las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores.

MARIANO GUINDAL
La Vanguardia

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