Trabajo planea un castigo fiscal para el abuso de las prejubilaciones

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, rechaza que las compañías con beneficios utilicen esta vía de reducir plantillas con fondos públicos para "mejorar sus balances y aumentar sus ganancias".

El Gobierno planteará próximamente a la patronal y los sindicatos la necesidad de introducir en la legislación “algún tipo de castigo fiscal” para las empresas que prejubilen a sus trabajadores –hasta los 61 años– “con el fin de aumentar sus beneficios”, según informó a EXPANSIÓN Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social.

El Ejecutivo hará la propuesta en la próxima mesa de negociación que abrirá con los agentes sociales para revisar el Pacto de Toledo sobre la viabilidad del sistema público de pensiones. Esta mesa de negociación forma parte del diálogo social que el Gobierno abrió formalmente con la patronal y los sindicatos el pasado 8 de julio.

“Las empresas con beneficios no tienen por qué ajustar sus plantillas con los trabajadores más veteranos para mejorar su cuenta de resultados”, dijo Granado, que no quiso dar más detalles sobre si se trata de una subida de las cotizaciones sociales o en el Impuesto de Sociedades.

En líneas generales, las prejubilaciones se hacen de la siguiente manera: el trabajador mayor de cincuenta años sale de la compañía hacia el desempleo contributivo. Por su larga carrera laboral, el empleado tiene derecho a un máximo de dos años de protección, periodo en el que la empresa complementa sus ingresos hasta el sueldo –o un poco menos– que percibía. A partir de los 61 años, el trabajador pasa a cobrar de la Seguridad Social por jubilación anticipada.

Financiar a la empresa

Por lo tanto, la protección social contribuye a financiar la decisión de la empresa que ha decidido reducir personal por esta vía de la prejubilación –hasta los 61 años– y la jubilación, a partir de los 65. Situación que la Seguridad Social no entiende cuando ocurre en empresas con beneficios. Octavio Granado apunta especialmente hacia “la banca y las compañías eléctricas”, como principales promotores de esta forma de reducción de plantillas, aunque también Telefónica hace esta práctica. En la mayoría de las ocasiones los acuerdos de prejubilación cuentan con el beneplácito de los sindicatos, que prefieren esta forma de salir de la empresa –o un despido más beneficioso para el trabajador– que otras formas más expeditivas de prescindir de los empleados de mayor edad.

Precisamente, para intentar frenar esta tendencia de las prejubilaciones, o paliar sus efectos sobre la Seguridad Social y la futura pensión del trabajador, el Gobierno del PP, la patronal y CCOO pactaron en 2002 obligar a firmar un convenio con el sistema de protección social a las empresas con prejubilaciones. El acuerdo debía garantizar que el trabajador que sale de la compañía por esta vía no perdiese cotización hasta los 61 años, edad en la que se puede acceder a la jubilación anticipada.

Se trata de que el empleado no pierda pensión en el futuro. A partir de ahí, con este mismo fin y hasta los 65 años, el trabajador es libre de suscribir otro convenio con la Seguridad Social. Sin embargo, tampoco esta medida ha dado resultado hasta ahora. Por esta razón, Octavio Granado califica de “preocupante” la evolución de las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas y su impacto en la Seguridad Social. “Tenemos que darle la vuelta a la situación”, añade el alto responsable de Trabajo. Como se aprecia en el cuadro que acompaña a la información, el 63,44% de los trabajadores se jubila antes de los 65 años, que es la edad en la que una persona con 35 o más años de cotización a la Seguridad Social puede jubilarse con la totalidad de la pensión.

Con todo, no es la primera vez que desde el Gobierno se amenaza con tomar duras medidas contra las empresas que utilizan las jubilaciones para aumentar sus beneficios. Los sucesivos ministros de Trabajo del Partido Popular hicieron este anuncio en reiteradas ocasiones, pero nunca llegaron a nada, salvo parar algún Expediente de Regulación de Empleo. En el fondo, estaba el temor de que las empresas utilizasen medidas más duras para reducir plantillas provocando la conflictividad social.

Otra medida que estudia el Ejecutivo para detener el aumento de las jubilaciones anticipadas, o fomentar la permanencia en el mercado laboral, es dar ayudas directas, o en las cotizaciones sociales, a los trabajadores de mayor edad que decidan permanecer en el mercado laboral.

El Gobierno ha comprobado que las bonificaciones en la parte empresarial de las cotizaciones sociales no han servido para detener demasiado la retirada de los trabajadores antes de tiempo. Así, el Ejecutivo se plantea, entre otras cosas, “repartir” entre las empresas y los trabajadores las bonificaciones de cotizaciones sociales para incentivar la permanencia en el empleo.

Expansión, 2 de Noviembre 2004

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