La reforma de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid es un compendio perfecto de lo que no se debe hacer en materia de regulación de estas entidades financieras, tanto por su contenido como por la forma de llevar a cabo las modificaciones.
El objetivo principal de la nueva ley es otorgar al Gobierno de la Comunidad de Madrid el control sobre la gestión de Caja Madrid, al aumentar sensiblemente el número de consejeros generales que, directa o indirectamente, nombra el ejecutivo autonómico en la Asamblea General de la Caja a través de los sectores de representación de la Asamblea de Madrid y de las Entidades Representativas. Además, disminuye la representación de los sectores de impositores y de corporaciones municipales e introduce una nueva distribución del cupo correspondiente a la entidad fundadora, a favor de los sectores en los que la Comunidad tiene mayor control.
Todo ello produce un aumento de la representación pública en la Asamblea General de Caja Madrid, que supera el 50% : 25% Corporaciones locales, 16,5% Asamblea de Madrid y 13,3% Entidades Representativas públicas (Cámara de Comercio y universidades) o predesignadas por la Comunidad de Madrid. Esto va en contra de las directrices europeas y de los criterios orientadores de la anterior reforma legislativa sobre las cajas de ahorros. Por si fuera poco, la nueva ley pretende operar con retroactividad, al establecer que se aplicará incluso a los procesos de renovación ya iniciados bajo los preceptos de la ley anterior. Al analizar la secuencia de los acontecimientos, podemos concluir que responde a un concepto patrimonial del poder, cuyo ejercicio raya con la prevaricación :
- Cuando el Consejo de Administración de Caja Madrid, en uso de sus facultades, aprueba el inicio del proceso electoral para una renovación parcial y ordinaria de la Asamblea General, la Comunidad anuncia una reforma legal para adaptar la normativa a los cambios legislativos producidos tres años antes, para los que ha habido tiempo suficiente y que en su día no fueron considerados necesarios ni por la Caja ni por la Comunidad de Madrid, al referirse a aspectos ya recogidos en los Estatutos de la Caja. De hecho, la anterior renovación parcial de la Asamblea se realizó sin problemas y sin plantear esos cambios ahora tan urgentes.
- Se utiliza para la reforma la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales, en la que no deberían tener cabida más que las soluciones estrictamente necesarias para problemas inmediatos y cuya urgencia así lo aconseje. No es este el caso.
- El Gobierno de la Comunidad lleva al parlamento autonómico un proyecto de ley con cambios técnicos poco relevantes, asegurando que esas serán las únicas modificaciones a la normativa de cajas de ahorros; pero el último día del plazo para presentar enmiendas, el Partido Popular, que sustenta al Gobierno autonómico, registra una batería de enmiendas que llevan al escenario actual.
Hasta ahora, la normativa en materia de cajas de ahorros de la Comunidad de Madrid se había elaborado con la mayor participación y apoyo social y político posibles; de hecho, la última reforma data de 2003 y se promulgó ya bajo un Gobierno del P.P.
Como objetivo fundamental en lo que afecta a la gestión de la cajas de ahorros, CC.OO. siempre ha defendido su naturaleza jurídica y su estabilidad institucional, por encima incluso de los administradores que en cada periodo desempeñen su responsabilidad.
Los gobiernos autonómicos son precisamente los garantes de esa estabilidad, y el de la Comunidad de Madrid parece haber olvidado que su papel legal es de supervisión y no de gestión; y ha convertido a Caja Madrid en un campo de batalla donde dilucidar diferencias políticas que nada tienen que ver con la entidad financiera y que sólo pueden entorpecer la buena marcha de la misma.
No nos cansaremos de defender la independencia de las cajas y la autonomía de sus órganos de gobierno, desde el reconocimiento legal de la necesaria pluralidad sociopolítica en los mismos. Esto es algo que en Caja Madrid ha dado unos resultados espectaculares en los últimos años y ha permitido el desarrollo y crecimiento de la Caja, embarcada actualmente en proyectos como Cibeles, que requieren una gestión profesional y firme que no debe ser obstaculizada por injerencias y disputas político-partidarias.
El intervencionismo practicado por el Gobierno de la Comunidad supone una vulneración de los mencionados principios de estabilidad, independencia y autonomía, que introduce a Caja Madrid en un vaivén de imprevisibles consecuencias, agravado además por la situación actual de crisis económica y financiera. Inestabilidad equivale a desconfianza, justo lo que no se pueden permitir las entidades de crédito, y menos en estos momentos. Ni la Caja, ni sus trabajadores, ni sus clientes merecen este trato.
Esta Ley, su gestación y la polémica pública, perjudica a Caja Madrid como institución; arroja sombras sobre el sistema financiero español; pero, sobre todo, amenaza al modelo de cajas de ahorros. Estamos ante un episodio no sólo de más control público de una caja de ahorros, sino que pudiera ser el primer paso en el camino de una futura privatización de Caja Madrid. CC.OO. haremos todo lo posible para que este riesgo no se abra paso y contaremos, sin duda, con más apoyos que los propios de este sindicato.
Madrid, 9 de Enero de 2009
