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Sangría laboral
SINIESTRALIDAD
La alarma, nunca amortiguada ante la persistencia de casi mil trabajadores muertos en su puesto de trabajo año tras año, ha saltado con más fuerza ante la evidencia de que 2005 concluirá con un incremento cercano al 8% de accidentes mortales en relación con 2004.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, reformada en
2003 con el apoyo del PP, PSOE, IU y Coalición Canaria, nació con la pretensión
de dar respuesta a la enorme sangría en muertes y costes económicos y sanitarios
que supone la siniestralidad laboral en España. No es, pues, la ausencia de una
legislación adecuada, minuciosa en la tipificación de las faltas de seguridad y
rigurosa en su sanción, la causa de que España sea desde hace años, tras
Portugal, el país de la UE con mayor índice de siniestralidad laboral, sino la
renuencia a cumplirla, sea por rutina o comodidad, y el escaso interés de la
Administración en aplicar sanciones ejemplares a los infractores.
La alarma, nunca amortiguada ante la persistencia de casi mil trabajadores
muertos en su puesto de trabajo año tras año, ha saltado con más fuerza ante la
evidencia de que 2005 concluirá con un incremento cercano al 8% de accidentes
mortales en relación con 2004. El Ministerio de Trabajo, la patronal y los
sindicatos han reaccionado poniendo en marcha un plan, que comenzará a aplicarse
el próximo enero, basado sobre todo en una inspección continuada y exhaustiva de
las empresas que acumulan más accidentes laborales, y en especial de aquellas
dedicadas a varias actividades y, por tanto, proclives a subcontratar. No es la
primera vez que se pone en marcha una iniciativa semejante. En 2002, el Gobierno
y los agentes sociales también acordaron un plan para el reforzamiento de la
inspección laboral, al que sin duda cabe atribuir el momentáneo y esperanzador
descenso de los siniestros en 2004.
El primer requisito para que el actual plan resulte eficaz es que tenga vocación
de permanencia y no quede reducido a un mero parche, como fue el caso del
anterior. También deberá tener en cuenta que las causas inmediatas de la
siniestralidad no son coyunturales: se vinculan a métodos de trabajo
inexistentes o inadecuados, escasa formación e información sobre riesgos y
medidas preventivas, y ausencia o insuficiencia de las medidas de seguridad. La
Inspección de Trabajo, además de sancionar, debería actuar también sobre unas
causas que reflejan la escasa cultura de la seguridad en el trabajo existente en
España, tanto entre los empresarios como entre los trabajadores. Y aunque no
está en sus manos corregir las causas estructurales, en especial la precariedad
y la subcontratación, sí lo está vigilar con la máxima atención que estos
sistemas de trabajo se acomoden estrictamente a las medidas de seguridad. Poner
freno a la sangría de mil trabajadores muertos al año merece todos los
esfuerzos.
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