Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca) para despolitizar el sector, un asunto que abordará el Gobierno en el segundo semestre.    Pese a eliminar el peso político en CAN, el texto preserva “la singularidad de las cajas como entidades de amplia representación social”. La asamblea de la caja, así, mantendrá la representación de impositores, trabajadores, instituciones públicas y entidades privadas de relevancia económica, social y cultural, lo mismo que en el consejo y en la comisión de control.

La innovación es que se “prohíbe” que los miembros de los órganos de gobierno de la entidad ostenten cargos públicos o políticos, según recoge el texto explicativo de esta norma. De esta forma, ningún consejero de CAN podrá ser miembro del Gobierno, director general, diputado o senador, parlamentario europeo, miembro de corporaciones municipales, ni tampoco presidente, secretario general o miembro de las comisiones ejecutivas de partidos políticos. 

Además, al nombrar a sus representantes en la asamblea tanto los impositores, trabajadores e instituciones públicas y privadas “deberán informar a los mercados y justificar las designaciones en base a criterios de calificación y experiencia atendiendo al carácter de entidades financieras”, explican todas las fuentes consultadas.

Los representantes del consejo y de la comisión de control deberán ser profesionales del sector financiero y económico. De esta forma, se incorporarán a estos órganos expertos que no son miembros de la asamblea y por lo tanto, no están vinculados a los distintos grupos en ella representados. 

El primer ejecutivo de la entidad será el director general o consejero delegado, que se incorporará al consejo de administración, algo que no sucedía en la actualidad.

La comisión de control se especializará en la supervisión de la dirección en materia financiera. Y se separan las funciones entre el consejo y la línea ejecutiva vinculada al director general.

Otra novedad es que las entidades públicas (comunidad autónoma y municipios) se incorporan a la denominada

Junta de Entidades Fundadoras, que no reúne la condición de órgano de gobierno, con voz no vinculante en las decisiones de la caja.   En los estatutos también se incluirá el derecho de los clientes a decidir sobre el destino y porcentaje de los beneficios destinados a obra social.