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Secc. Sindical CCOO Asepeyo

Pugna por el control de las bajas laborales


Las mutuas gestionan las altas y bajas de 15 millones de personas, el 95% de los trabajadores por cuenta ajena


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02-01-2008 - España tiene más trabajadores de baja laboral que un país en guerra. Esta frase la repiten de forma incesante los responsables de la Seguridad Social de los distintos gobiernos ante el fuerte incremento que ha alcanzado el gasto en incapacidad temporal, que actualmente se sitúa en 7.716 millones de euros, lo que equivale a un 45% más de lo que se gastaba en el 2004.

Este fuerte incremento de las bajas laborales, sin embargo, ha frenado su ritmo de crecimiento en los últimos cuatro o cinco años por las medidas contra el fraude utilizada por las distintas administraciones. En cualquier caso, su crecimiento sigue superando el 10% anual acumulativo. La razón en buena medida, argumentan las mutuas, es la falta de control en la concesion de bajas injustificadas. Para los sindicatos, por el contrario, es la utilizacion de la misma por algunos trabajadores que en connivencia con su empresa la utilizan como ajuste de plantilla cuando no tienen derecho a cobrar el seguro de desempleo.


Tal es así que en el año 2002 el gobierno del PP, bajo el mandato del entonces ministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio, aprobó una ley por la que dejaba a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales la responsabilidad de conceder las altas por enfermedad común. La intención de este cambio era evitar el fraude.

La patronal argumentó entonces que para los médicos de cabecera era más fácil dar una baja que obligar al trabajador a un alta y que cualquier excusa era válida para no volver a trabajar. Por el contrario, los médicos de la mutua miraban cada baja con lupa.

Esta ley, sin embargo, no llegó a ponerse en marcha porque no se aprobó su reglamento ante la radical oposición de Comisiones Obreras y UGT.

Como afirma Dolors Hernández, responsable de acción social en la ejecutiva de UGT, en este tipo de cosas siempre acaban pagando justos por pecadores. Los abusos que comete una minoría no pueden ser una excusa que acabe perjudicando a amplísimos colectivos de trabajadores.

El responsable de salud laboral de CC. OO., Joaquín Nieto, argumenta que la otra cara de la moneda es el hecho de que España tenga el trágico honor de encabezar las estadísticas europeas de siniestralidad laboral. "Todos los años se registran un millón de accidentes de los que mil son personas fallecidas en su puesto de trabajo". La patronal afirman que el 30% de las bajas por accidente laboral se producen los lunes "las lesiones se producen los fines sin enbargo se prefiere decir lque se ha producido en el trabajo porque las prestaciones son mayores". En cuanto a las muertes "la gran mayoria se producen en accidente de trafico de casa al trabajo o viceversa o por infarto durante la jornada laboral".

El hecho es que esta cuestión se ha convertido en uno de las principales prioridades y el objetivo es aprobar una Ley de prevencio integral antes del 2012.
En este contexto de abusos a la hora de pedir una baja por una parte y por otra de una excesiva siniestralidad que supera en un 30% la media europea, CC. OO. y UGT han denunciado que el número de enfermedades profesionales con baja declarado por las mutuas ha descendido cerca de un 50%, mientras que el número de enfermedades sin baja -que no tienen coste alguno para las empresas-se han incrementado en un 40%.

Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo decidió imponer el pasado 14 de septiembre una norma obligando a revisar las bajas denegadas por las mutuas como accidentes laborales. El resultado es que el 60% de éstas han sido reconocidas por la sanidad pública como enfermedades profesionales. A partir de estos hechos, la inspección ha decidido poner bajo la labor de las mutuas, por entender que se han podido exceder en su celo, o como dicen los castizos, "se han pasado de frenada".

UGT argumenta que a la vista de los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, las mutuas han hecho dejación de sus obligaciones. "Teniendo en cuenta que las mutuas son organizaciones sin ánimo de lucro no deberían estar interesadas en ahorrar costes, pero la realidad es que un menor índice de costes les resulta ventajoso. En primer lugar porque tiene mayor prestigio a la hora de vender su gestión a los empresarios a los que trata de convencer de que se vayan con ellos porque controlan más a los trabajadores y evitan el fraude. Esto se convierte en un aliciente a la hora de contratar una mutua y no seguir con el sistema público de salud".

Otro argumento sería, según Dolors Hernández, que "el dinero que ahorran lo destinan a reservas, lo que garantiza su supervivencia. Y en tercer lugar, que con el caso de la Mutua Universal se pone de manifiesto que con dinero público se pueden financiar otros servicios como la prevención, que nunca deberían ser con cargo a las cuotas". En su opinión, esto explica que las mutuas conviertan los trabajadores con enfermedades profesionales en bajas por contingencias comunes, cuyo coste paga la sanidad pública.

Esta versión no la comparte Carlos Retamar del área de enfermedades profesionales de Fremap. "Nosotros no tenemos ningún interés en ocultar el número de enfermedades profesionales". En su opinión lo que sucede es que desde el pasado 1 de enero se actualizó el cuadro de enfermedades profesionales que databa de 1978. Aunque esta lista se ha ampliado, se ha detallado mejor qué se entiende por enfermedad profesional, poniendo fin a lo que era un cajón de sastre.

La ley determina especificamente que para que una baja se considere enfermedad profesional se tienen que concretar tres circunstancias: el agente nocivo que la provoca, la actividad que la produce y la enfermedad. Cuando estas condiciones no se producen, en lugar de enfermedad profesional se convierte en accidente de trabajo o enfermedasd común. "Ahora son mucho más precisos en la clasificación de las dolencias". En cualquier caso, siempre queda el recurso de la inspección del INSS como árbitro. De esta manera los derechos del trabajador no se ven afectados.

Lo que nadie pone en duda es la propia existencia de las mutuas. "Si no existieran las tendríamos que inventar", reconocen los dindicatos. Se trata de entidades colaboradoras autorizadas por el Ministerio de Trabajo para elaborar y tramitar el parte de enfermedad profesional y no tienen ánimo de lucro. En España funcionan 19 mutuas que agrupan a 1,7 millones de empresas. Gestionan las altas y bajas laborales de cerca de quince millones de trabajadores y recaudan unos 10.000 millones en cuotas. Esto significa que el 95% de los trabajadores por cuenta ajena gestionan las bajas por enfermedad profesional a través de una mutua y el 50% de las contingencias comunes.

El sector ha sufrido un proceso de concentración para atender a las nuevas exigencias del mercado. Fremap ocupa el primer lugar por volumen de cuotas y trabajadores asegurados, que superan los cuatro millones, lo que representa el
23% de los afiliados a la Seguridad Social. La segunda de España y lider catalana es Asepeyo. A su vera se situará ahora Corporación Mutua -resultado de la suma de Ibermutuamur, MAC-Mutua de Accidentes de Canarias, Mutualia, Solimat, Cesma y MC Mutual- que empezará a funcionar el día uno de enero con una fórmula de coordinación de recursos y centros asistenciales. Dará cobertura a tres millones de trabajadores, el 20% del total. Los trabajadores pueden coger la baja por varios motivos. En primer lugar cuando se produce un accidente profesional -caída de un andamio, corte de un dedo, etc. En este caso el trabajador acude a su mutua, que le proporciona asistencia médica, le da la baja y el alta y se hace cargo de su salario -paga el 75% de su base reguladora. La mutua no da el alta, pero hace un seguimiento del paciente y puede pedir al INSS que lo haga.

Otra situación es la derivada de una enfermedad profesional. El caso típico es la silicosis de un minero. En este caso el médico de la mutua tiene que analizar si se trata de una enfermedad profesional o no. Si está claro se le da la baja con un periodo de observación de 6 meses ampliable otros 6 y si se confirma se le da la baja por enfermedad. Si no está claro se considera accidente o enfermedad común.

El tercer caso se da cuando se sufre una enfermedad común como la gripe. La baja la da el médico de familia. El médico de la mutua puede hacer un seguimiento y control del enfermo y hacer una propuesta de alta.

Mariano Guindal
La Vanguardia

 

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