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Sentencia del Supremo sobre uso de Internet en el puesto de trabajo e intimidad


Despido disciplinario por uso incorrecto de ordenador. Contradicci贸n en cuanto a las garant铆as aplicables al control por parte de la empresa de ese uso. No se aplica el r茅gimen del art铆culo 18 del Estatuto de los Trabajadores, pero la empresa debe determinar previamente que el uso est谩 controlado.


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T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Social

SENTENCIA:

Presidente Excmo. Sr. D.: Aurelio Desdentado Bonete

Fecha Sentencia: 26/09/2007

Recurso Num.: UNIFICACI脫N DOCTRINA 966/2006

Fallo/Acuerdo: Sentencia Desestimatoria

Votaci贸n: 20/09/2007

Procedencia: T.S.J.GALICIA SOCIAL

Ponente Excmo. Sr. D. Aurelio Desdentado Bonete

Secretar铆a de Sala: Ilma. Sra. D帽a. Mar铆a Dolores Mosqueira Riera

Reproducido por: AOL

Despido disciplinario por uso incorrecto de ordenador. Contradicci贸n en cuanto a las garant铆as aplicables al control por parte de la empresa de ese uso. No se aplica el r茅gimen del art铆culo 18 del Estatuto de los Trabajadores, pero la empresa debe determinar previamente que el uso est谩 controlado.

Recurso Num.: /966/2006

Ponente Excmo. Sr. D.: Aurelio Desdentado Bonete

Votaci贸n: 20/09/2007

Secretar铆a de Sala: Ilma. Sra. D帽a. Mar铆a Dolores Mosqueira Riera

SENTENCIA NUM.:

TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO SOCIAL

Excmos. Sres.:

D. Aurelio Desdentado Bonete

D. Gonzalo Moliner Tamborero

D陋. Mar铆a Milagros Calvo Ibarlucea

D. Jes煤s Souto Prieto

D. Joaqu铆n Samper Juan

En la Villa de Madrid, a veintis茅is de Septiembre de dos mil siete. Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina interpuesto por la empresa CORU脩ESA DE ETIQUETAS S.L., representada por el Procurador Sr. V谩zquez Guill茅n y defendida por Letrado, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 25 de enero de 2.006, en el recurso de suplicaci贸n n潞 5844/05, interpuesto frente a la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2.005 por el Juzgado de lo Social n潞 3 de A Coru帽a, en los autos n潞 521/05, seguidos a instancia de D. JUAN ANTONIO PARDO CUERDO contra dicha recurrente, sobre despido.

Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurrido D. JUAN ANTONIO PARDO CUERDO, representado por la Procuradora Sra. Outeiri帽o Lago y defendido por Letrado.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. AURELIO DESDENTADO BONETE,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 25 de enero de 2.006 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dict贸 sentencia, en virtud del recurso de suplicaci贸n interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n潞 3 de A Coru帽a, en los autos n潞 521/05, seguidos a instancia de D. JUAN ANTONIO PARDO CUERDO contra dicha recurrente, sobre despido. La parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es del tenor literal siguiente: "Que, con desestimaci贸n del recurso de suplicaci贸n, planteado por la empresa Coru帽esa de Etiquetas, S.L., contra la sentencia, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de lo Social n潞 3 de A Coru帽a, en fecha 30 de septiembre de 2.005; debemos confirmar y confirmamos el fallo de la misma".

SEGUNDO.- La sentencia de instancia, de 30 de septiembre de 2.005, dictada por el Juzgado de lo Social n潞 3 de A Coru帽a, conten铆a los siguientes hechos probados: "1潞.- El actor prest贸 servicios para la demandada desde abril de 2.004, mediante contrato de trabajo de Alta Direcci贸n, con la categor铆a de Director General, por un periodo de cinco a帽os, percibiendo un salario mensual neto prorrateado de 2.103,5聙. Igualmente tendr谩 derecho a percibir una retribuci贸n anual del 0,80% sobre el beneficio de la empresa, antes de impuestos, con un m铆nimo de una mensualidad de su salario. ----2潞.- El actor prestaba sus servicios en un despacho sin llave, en el que dispon铆a de un ordenador, carente de clave de acceso, y conectado a la red de la empresa, que a su vez dispone de ADSL. El ordenador tiene antivirus propio. ----3潞.- El d铆a 11 de mayo pasado, un t茅cnico de la empresa SOFT HARD EQUIPOS Y PROGRAMACION S.L. fue requerido para comprobar los fallos en un ordenador que la empresa se帽al贸 como del actor, comprobaci贸n, que seg煤n dicho t茅cnico, D. Alejandro San Mill谩n Padr贸n se llev贸 a cabo a las cinco de la tarde del citado d铆a. En dicha comprobaci贸n se constat贸 la existencia de virus inform谩ticos, como consecuencia de la navegaci贸n por p谩ginas poco seguras de internet. A presencia del Administrador de la empresa comprueba la existencia en la carpeta de archivos temporales de antiguos accesos a p谩ginas pornogr谩ficas, que procede a almacenar en un dispositivo USB y a su impresi贸n en papel. Dichos archivos se corresponden con im谩genes y videos de car谩cter pornogr谩fico. El dispositivo USB es llevado a un notario para su custodia, as铆 como la relaci贸n de p谩ginas que en el mismo se contiene. Las operaciones llevadas a cabo en el ordenador se hicieron sin la presencia del actor ni de representantes sindicales ni trabajador alguno. ----4潞.- El ordenador fue retirado de la empresa para su reparaci贸n y el 30 de mayo, una vez devuelto, se procede a la misma operaci贸n esta vez a presencia de dos delegados de personal, grab谩ndose otro USB con las p谩ginas almacenadas en el archivo temporal, y deposit谩ndole ante el notario, con el listado de paginas que se se帽alan. Tampoco estaba el actor presente. ----5潞.- En fecha 20 de agosto de 1991 se constituye la empresa CORU脩ESA DE ETIQUETAS S.L. por los socios D. Jos茅 de los Angeles S谩nchez Barral y su esposa D陋 Manuela L贸pez Fraga y D. Luis Fern谩ndez Vilela y su esposa D陋 Irene Buj谩n Doporto. Cada matrimonio se adjudica 500 participaciones de las 1000 que constituyen el capital social. Se nombra Administradores Solidarios a D. Jos茅 y D. Luis. Por fallecimiento de D. Jos茅 el d铆a 3 de noviembre de 2.003, el d铆a 27 se acuerda en Junta Universal el nombramiento de su esposa D陋 Manuela L贸pez Fraga Administradora Solidaria en sustituci贸n del fallecido, juntamente con el anterior administrador, acuerdo elevado a p煤blico el 22 de diciembre de 2.003. El d铆a 16 de abril de 2.004, el actor es contratado por la demandada como Director General, suscribiendo con la Administradora D陋 Manuela L贸pez Fraga contrato de Alta Direcci贸n con duraci贸n de 5 a帽os, a partir del citado d铆a. Se acuerda que el directivo realizar谩 su jornada dentro de la general de la empresa, pero con la flexibilidad que derive de la condici贸n del cargo. Para los supuestos de extinci贸n del contrato se aplican los siguientes criterios:

Si se extingue por desistimiento de la empresa, deber谩 mediar un preaviso de tres meses, teniendo derecho el directivo a una indemnizaci贸n de 90.151聙 si la extinci贸n no est谩 refrendada por el 100% de las participaciones sociales. En caso contrario, la indemnizaci贸n ser谩 equivalente a 60 d铆as de salario por a帽o de servicio.

Si se trata de extinci贸n por voluntad del Directivo concurriendo algunas de las causas se帽aladas en el contrato se aplicar谩 el apartado anteriormente rese帽ado.

Si bien el contrato lo firma uno s贸lo de los Administradores, el otro ten铆a conocimiento de su contenido y dio su conformidad al mismo.

El mismo d铆a 16 de abril, D陋 Manuela L贸pez Fraga, en su calidad de Administradora Solidaria otorga poder a D. Juan Antonio Pardo Cuerdo y a la trabajadora D陋 Mar铆a Pilar Su谩rez Agrasar, para que de forma solidaria puedan desempe帽ar las ampl铆simas facultades que en dicho poder se recogen, y que dada su extensi贸n y obrar unida a los autos se da por reproducido.

El 18 de mayo de 2.004 en reuni贸n de la Junta General a la que asiste 煤nicamente el letrado hoy compareciente en representaci贸n de la empresa, y entonces del matrimonio Fern谩ndez Buj谩n, con asistencia de notario, se acuerda el cese y separaci贸n como Administradora Solidaria de D潞 Manuela por deslealtad y riesgo ejerciendo la acci贸n social de responsabilidad contra ella. Los motivos son la falta de preparaci贸n e idoneidad de los contratos suscritos con la actora y D. Jos茅 Antonio Pardo Cuerdo, as铆 como haberles otorgado poderes. Estos poderes fueron revocados por el Administrador Sr. Vilela en sendas escrituras de 28 de mayo y 27 de abril de 2.004.

El actor ten铆a asignado su puesto de trabajo compartido con la Sra. Su谩rez Agrasar; en visita de la Inspecci贸n de Trabajo girada el d铆a 30 de junio se comprueba que en el citado despacho en el que ocupan sendas mesas sobre las mismas no hoy papel alguno, como tampoco en el armario de doble cuerpo existente.

La Inspecci贸n de Trabajo levant贸 acta de infracci贸n en fecha 18 de agosto de 2.004, por actuaci贸n de acoso laboral, e incumplimiento del art. 4,2.e) del Estatuto de los Trabajadores, que establece el derecho de estos, a la consideraci贸n debida a su dignidad, por importe de 6.000聙, acta no firme.

---6潞.- Por este juzgado se dict贸 sentencia, hoy firme, declarando extinguida la relaci贸n laboral de la trabajadora Sra. Su谩rez Agrasar por incumplimientos graves de la empresa al no facilitar a la trabajadora ocupaci贸n efectiva, con abono de la indemnizaci贸n fijada en el contrato. ----7潞.- El actor es yerno de la socia D陋 Manuela L贸pez Fraga. Su horario de trabajo era de 8 a 16 horas".

El fallo de dicha sentencia es del tenor literal siguiente: "Que desestimando la excepci贸n de incompetencia de jurisdicci贸n y estimando la demanda formulada por D. JUAN ANTONIO PARDO CUERVO declaro la improcedencia de su despido y sin opci贸n por la indemnizaci贸n para la empresa CORU脩ESA DE ETIQUETAS S.L. a salvo lo dispuesto en el art铆culo 11.3 del Real Decreto 1382/85 la condena a abonarle la cantidad de 90.151聙 en concepto de indemnizaci贸n sin derecho a salarios de tramitaci贸n".

TERCERO.- El Procurador Sr. V谩zquez Guill茅n, en representacion de la empresa CORU脩ESA DE ETIQUETAS S.L., mediante escrito de 16 de marzo de 2.006, formul贸 recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de noviembre de 2001. SEGUNDO.- Se alega la infracci贸n de los art铆culos 18, 20.3, 4.1.e), 5.a), 54.2.d) y 55.4 del Estatuto de los Trabajadores, as铆 como del art铆culo 90.1 de la Ley de Procedimiento Laboral y del art铆culo 18 de la Constituci贸n Espa帽ola.

CUARTO.- Por providencia de esta Sala de 30 de marzo de 2.006 se tuvo por personado al recurrente y por interpuesto el presente recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina.

QUINTO.- Evacuado el traslado de impugnaci贸n, el Ministerio Fiscal emiti贸 informe en el sentido de considerar improcedente el recurso, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, se帽al谩ndose para la votaci贸n y fallo el d铆a 20 de septiembre actual, en cuya fecha tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En los hechos probados de la sentencia de instancia consta que el actor, Director General de la empresa demandada, prestaba servicios en un despacho sin llave, en el que dispon铆a de un ordenador, carente de clave de acceso y conectado a la red de la empresa que dispone de ADSL. Consta tambi茅n que un t茅cnico de una empresa de inform谩tica fue requerido el 11 de mayo para comprobar los fallos de un ordenador que "la empresa se帽al贸 como del actor". En la comprobaci贸n se detect贸 la existencia de virus inform谩ticos, como consecuencia de "la navegaci贸n por p谩ginas poco seguras de Internet". En presencia del administrador de la empresa se comprob贸 la existencia en la carpeta de archivos temporales de "antiguos accesos a p谩ginas pornogr谩ficas", que se almacenaron en un dispositivo de USB, que se entreg贸 a un notario. La sentencia precisa que "las operaciones llevadas a cabo en el ordenador se hicieron sin la presencia del actor, de representantes de los trabajadores ni de ning煤n trabajador de la empresa". El ordenador fue retirado de la empresa para su reparaci贸n y, una vez devuelto, el 30 de mayo se procedi贸 a realizar la misma operaci贸n con la presencia de delegados de personal. La sentencia recurrida confirma la decisi贸n de instancia que ha considerado que no es v谩lida la prueba de la empresa porque ha sido obtenida mediante un registro de un efecto personal que no cumple las exigencias del art铆culo 18 del Estatuto de los Trabajadores.

Para acreditar la contradicci贸n se aporta la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de noviembre de 2001, en la que se enjuicia un caso en el que en las horas y fechas que se se帽alan el actor procedi贸 a descargar y visualizar los ficheros de contenido pornogr谩fico. La sentencia considera el despido procedente, apreciando el grave incumplimiento que se produce como consecuencia de la realizaci贸n de esa actividad durante el tiempo de trabajo y en un instrumento proporcionado por la empresa, valorando, por una parte, la reducci贸n del tiempo de trabajo y el injustificado gasto para la empresa, y, de otra, la perturbaci贸n de la disponibilidad del equipo inform谩tico en una materia tan grave como el aterrizaje y el despegue de aviones. La sentencia de contraste excluye la aplicaci贸n de las garant铆as del art铆culo 18 del Estatuto de los Trabajadores, porque el ordenador no es un efecto personal del trabajador, sino una "herramienta de trabajo" propiedad de la empresa.

Es en este 煤ltimo punto en el que hay que plantear la contradicci贸n, porque en el presente recurso no se trata de valorar la conducta del trabajador a efectos disciplinarios, sino de resolver un problema previo sobre el alcance y la forma del control empresarial sobre el uso por el trabajador del ordenador que se ha facilitado por la empresa como instrumento de trabajo y en este punto la identidad puede apreciarse en lo sustancial y las diferencias actuar铆an adem谩s reforzando la oposici贸n de los pronunciamientos, porque en la sentencia recurrida el control se produce en el curso de una reparaci贸n, lo que no consta en la sentencia de contraste. Lo mismo sucede con el dato de que el ordenador en el caso de la sentencia recurrida no tuviera clave personal de acceso y en el de la de contraste s铆. Hay que insistir en que no estamos ante el enjuiciamiento de una conducta a efectos disciplinarios desde la perspectiva del alcance de la protecci贸n de un derecho fundamental, como en el caso decidido por la sentencia de 20 de abril de 2.005, sino ante un problema previo sobre la determinaci贸n de los l铆mites del control empresarial sobre un 谩mbito que, aunque vinculado al trabajo, puede afectar a la intimidad del trabajador.

SEGUNDO.- Establecida la contradicci贸n en los t茅rminos a que se ha hecho referencia, hay que entrar en el examen de la infracci贸n que se denuncia del art铆culo 18 del Estatuto de los Trabajadores en relaci贸n con el art铆culo 90.1 de la Ley de Procedimiento Laboral y con el art铆culo 18 de la Constituci贸n. Como ya se ha anticipado, la sentencia recurrida funda su decisi贸n en que en la obtenci贸n del medio de prueba, a partir del cual podr铆a acreditarse la conducta imputada por la empresa para justificar el despido, no se han respetado las exigencias del art铆culo 18 del Estatuto de los Trabajadores, ya que: 1潞) no se demuestra que fuera necesario llevar a cabo en ese momento y sin la presencia del trabajador el examen del ordenador o al menos la continuaci贸n del examen una vez que aparecieron los archivos temporales, 2潞) no consta que todo el proceso de control se realizara en el lugar y en el tiempo de trabajo, pues el ordenador fue retirado para su reparaci贸n; 3潞) tampoco se respet贸 la dignidad del trabajador al haber realizado el control sin su presencia y 4潞) el control se efectu贸 sin la presencia de un representante de los trabajadores.

La cuesti贸n debatida se centra, por tanto, en determinar si las condiciones que el art铆culo 18 del Estatuto de los Trabajadores establece para el registro de la persona del trabajador, su taquilla y sus efectos personales se aplican tambi茅n al control empresarial sobre el uso por parte del trabajador de los ordenadores facilitados por la empresa. Pero el problema es m谩s amplio, porque, en realidad, lo que plantea el recurso, desde la perspectiva de ilicitud de la prueba obtenida vulnerando los derechos fundamentales (art铆culo 91.1 de la Ley de Procedimiento Laboral), es la compatibilidad de ese control empresarial con el derecho del trabajador a su intimidad personal (art铆culo 18.1 de la Constituci贸n) o incluso con el derecho al secreto de las comunicaciones (art铆culo 18.3 de la Constituci贸n Espa帽ola), si se tratara del control del correo electr贸nico. El art铆culo 8 del Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos establece tambi茅n que toda persona tiene derecho al respeto de la vida privada y familiar y prohibe la injerencia que no est茅 prevista en la ley y que no se justifique por razones de seguridad, bienestar econ贸mico, defensa del orden, prevenci贸n de las infracciones penales, protecci贸n de la salud, de la moral o de los derechos y libertades de los dem谩s. El derecho a la intimidad, seg煤n la doctrina del Tribunal Constitucional, supone "la existencia de un 谩mbito propio y reservado frente a la acci贸n y el conocimiento de los dem谩s, necesario, seg煤n las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad m铆nima de la vida humana" y ese 谩mbito ha de respetarse tambi茅n en el marco de las relaciones laborales, en las que "es factible en ocasiones acceder a informaciones atinentes a la vida 铆ntima y familiar del trabajador que pueden ser lesivas para el derecho a la intimidad" (SSTC 142/1993, 98/2000 y 186/2000). De ah铆 que determinadas formas de control de la prestaci贸n de trabajo pueden resultar incompatibles con ese derecho, porque aunque no se trata de un derecho absoluto y puede ceder, por tanto, ante "intereses constitucionalmente relevantes", para ello es preciso que las limitaciones impuestas sean necesarias para lograr un fin leg铆timo y sean tambi茅n proporcionadas para alcanzarlo y respetuosas con el contenido esencial del derecho. En el caso del uso por el trabajador de los medios inform谩ticos facilitados por la empresa pueden producirse conflictos que afectan a la intimidad de los trabajadores, tanto en el correo electr贸nico, en el que la implicaci贸n se extiende tambi茅n, como ya se ha dicho, al secreto de las comunicaciones, como en la denominada "navegaci贸n" por Internet y en el acceso a determinados archivos personales del ordenador. Estos conflictos surgen porque existe una utilizaci贸n personalizada y no meramente laboral o profesional del medio facilitado por la empresa. Esa utilizaci贸n personalizada se produce como consecuencia de las dificultades pr谩cticas de establecer una prohibici贸n absoluta del empleo personal del ordenador -como sucede tambi茅n con las conversaciones telef贸nicas en la empresa- y de la generalizaci贸n de una cierta tolerancia con un uso moderado de los medios de la empresa. Pero, al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que se trata de medios que son propiedad de la empresa y que 茅sta facilita al trabajador para utilizarlos en el cumplimiento de la prestaci贸n laboral, por lo que esa utilizaci贸n queda dentro del 谩mbito del poder de vigilancia del empresario, que, como precisa el art铆culo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, implica que 茅ste "podr谩 adoptar las medidas que estime m谩s oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales", aunque ese control debe respetar "la consideraci贸n debida" a la "dignidad" del trabajador.

TERCERO.- Estas consideraciones muestran que el art铆culo 18 del Estatuto de los Trabajadores no es aplicable al control por el empresario de los medios inform谩ticos que se facilitan a los trabajadores para la ejecuci贸n de la prestaci贸n laboral. El art铆culo 18 del Estatuto de los Trabajadores establece que "s贸lo podr谩n realizarse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios para la protecci贸n del patrimonio empresarial y del de los dem谩s trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo", a帽adiendo que en la realizaci贸n de estos registros "se respetar谩 al m谩ximo la dignidad e intimidad del trabajador y se contar谩 con la asistencia de un representante legal de los trabajadores o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre que ello fuera posible". El supuesto de hecho de la norma es completamente distinto del que se produce con el control de los medios inform谩ticos en el trabajo. El art铆culo 18 est谩 atribuyendo al empresario un control que excede del que deriva de su posici贸n en el contrato de trabajo y que, por tanto, queda fuera del marco del art铆culo 20 del Estatuto de los Trabajadores. En los registros el empresario act煤a, de forma exorbitante y excepcional, fuera del marco contractual de los poderes que le concede el art铆culo 20 del Estatuto de los Trabajadores y, en realidad, como ha se帽alado la doctrina cient铆fica, desempe帽a -no sin problemas de cobertura -una funci贸n de "polic铆a privada" o de "polic铆a empresarial" que la ley vincula a la defensa de su patrimonio o del patrimonio de otros trabajadores de la empresa. El r茅gimen de registros del art铆culo 18 del Estatuto de los Trabajadores aparece as铆 como una excepci贸n al r茅gimen ordinario que regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art铆culo 545 y siguientes). Tanto la persona del trabajador, como sus efectos personales y la taquilla forman parte de la esfera privada de aqu茅l y quedan fuera del 谩mbito de ejecuci贸n del contrato de trabajo al que se extienden los poderes del art铆culo 20 del Estatuto de los Trabajadores. Por el contrario, las medidas de control sobre los medios inform谩ticos puestos a disposici贸n de los trabajadores se encuentran, en principio, dentro del 谩mbito normal de esos poderes: el ordenador es un instrumento de producci贸n del que es titular el empresario "como propietario o por otro t铆tulo" y 茅ste tiene, por tanto, facultades de control de la utilizaci贸n, que incluyen l贸gicamente su examen. Por otra parte, con el ordenador se ejecuta la prestaci贸n de trabajo y, en consecuencia, el empresario puede verificar en 茅l su correcto cumplimiento, lo que no sucede en los supuestos del art铆culo 18, pues incluso respecto a la taquilla, que es un bien mueble del empresario, hay una cesi贸n de uso a favor del trabajador que delimita una utilizaci贸n por 茅ste que, aunque vinculada causalmente al contrato de trabajo, queda al margen de su ejecuci贸n y de los poderes empresariales del art铆culo 20 del Estatuto de los Trabajadores para entrar dentro de la esfera personal del trabajador.

De ah铆 que los elementos que definen las garant铆as y los l铆mites del art铆culo 18 del Estatuto de los Trabajadores, no sean aplicables al control de los medios inform谩ticos. En primer lugar, la necesidad del control de esos medios no tiene que justificarse por "la protecci贸n del patrimonio empresarial y de los dem谩s trabajadores de la empresa", porque la legitimidad de ese control deriva del car谩cter de instrumento de producci贸n del objeto sobre el que recae. El empresario tiene que controlar el uso del ordenador, porque en 茅l se cumple la prestaci贸n laboral y, por tanto, ha de comprobar si su uso se ajusta a las finalidades que lo justifican, ya que en otro caso estar铆a retribuyendo como tiempo de trabajo el dedicado a actividades extralaborales. Tiene que controlar tambi茅n los contenidos y resultados de esa prestaci贸n. As铆, nuestra sentencia de 5 de diciembre de 2003, sobre el telemarketing telef贸nico, acept贸 la legalidad de un control empresarial consistente en la audici贸n y grabaci贸n aleatorias de las conversaciones telef贸nicas entre los trabajadores y los clientes 芦para corregir los defectos de t茅cnica comercial y disponer lo necesario para ello", razonando que tal control tiene "como 煤nico objeto ...la actividad laboral del trabajador", pues el tel茅fono controlado se ha puesto a disposici贸n de los trabajadores como herramienta de trabajo para que lleven a cabo sus funciones de "telemarketing" y los trabajadores conocen que ese tel茅fono lo tienen s贸lo para trabajar y conocen igualmente que puede ser intervenido por la empresa. El control de los ordenadores se justifica tambi茅n por la necesidad de coordinar y garantizar la continuidad de la actividad laboral en los supuestos de ausencias de los trabajadores (pedidos, relaciones con clientes ..), por la protecci贸n del sistema inform谩tico de la empresa, que puede ser afectado negativamente por determinados usos, y por la prevenci贸n de responsabilidades que para la empresa pudieran derivar tambi茅n algunas formas il铆citas de uso frente a terceros. En realidad, el control empresarial de un medio de trabajo no necesita, a diferencia de lo que sucede con los supuestos del art铆culo 18 del Estatuto de los Trabajadores, una justificaci贸n espec铆fica caso por caso. Por el contrario, su legitimidad deriva directamente del art铆culo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores.

En segundo lugar, la exigencia de respetar en el control la dignidad humana del trabajador no es requisito espec铆fico de los registros del art铆culo 18, pues esta exigencia es general para todas las formas de control empresarial, como se advierte a partir de la propia redacci贸n del art铆culo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores. En todo caso, hay que aclarar que el hecho de que el trabajador no est茅 presente en el control no es en s铆 mismo un elemento que pueda considerarse contrario a su dignidad.

En tercer lugar, la exigencia de que el registro se practique en el centro de trabajo y en las horas de trabajo tiene sentido en el marco del art铆culo 18, que se refiere a facultades empresariales que, por su car谩cter excepcional, no pueden ejercitarse fuera del 谩mbito de la empresa. Es claro que el empresario no puede registrar al trabajador o sus efectos personales fuera del centro de trabajo y del tiempo de trabajo, pues en ese caso sus facultades de polic铆a privada o de autotutela tendr铆an un alcance completamente desproporcionado. Lo mismo puede decirse del registro de la taquilla, aunque en este caso la exigencia de que se practique en horas de trabajo tiene por objeto permitir la presencia del trabajador y de sus representantes. En todo caso hay que aclarar que las exigencias de tiempo y lugar del art铆culo 18 del Estatuto de los Trabajadores no tienen por objeto preservar la intimidad del trabajador registrado; su funci贸n es otra: limitar una facultad empresarial excepcional y reducirla al 谩mbito de la empresa y del tiempo de trabajo. Esto no sucede en el caso del control de un instrumento de trabajo del que es titular el propio empresario.

Por 煤ltimo, la presencia de un representante de los trabajadores o de un trabajador de la empresa tampoco se relaciona con la protecci贸n de la intimidad del trabajador registrado; es m谩s bien, como sucede con lo que establece el art铆culo 569 Ley de Enjuiciamiento Criminal para intervenciones similares, una garant铆a de la objetividad y de la eficacia de la prueba. Esa exigencia no puede, por tanto, aplicarse al control normal por el empresario de los medios de producci贸n, con independencia de que para lograr que la prueba de los resultados del control sea eficaz tenga que recurrirse a la prueba testifical o pericial sobre el control mismo.

No cabe, por tanto, aplicaci贸n directa del art铆culo 18 del Estatuto de los Trabajadores al control del uso del ordenador por los trabajadores, ni tampoco su aplicaci贸n anal贸gica, porque no hay ni semejanza de los supuestos, ni identidad de raz贸n en las regulaciones (art铆culo 4.1 del C贸digo Civil).

CUARTO.- El control del uso del ordenador facilitado al trabajador por el empresario no se regula por el art铆culo 18 del Estatuto de los Trabajadores, sino por el art铆culo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y a este precepto hay que estar con las matizaciones que a continuaci贸n han de realizarse. La primera se refiere a los l铆mites de ese control y en esta materia el propio precepto citado remite a un ejercicio de las facultades de vigilancia y control que guarde "en su adopci贸n y aplicaci贸n la consideraci贸n debida" a la dignidad del trabajador, lo que tambi茅n remite al respeto a la intimidad en los t茅rminos a los que ya se ha hecho referencia al examinar las sentencias del Tribunal Constitucional 98 y 186/2000. En este punto es necesario recordar lo que ya se dijo sobre la existencia de un h谩bito social generalizado de tolerancia con ciertos usos personales moderados de los medios inform谩ticos y de comunicaci贸n facilitados por la empresa a los trabajadores. Esa tolerancia crea una expectativa tambi茅n general de confidencialidad en esos usos; expectativa que no puede ser desconocida, aunque tampoco convertirse en un impedimento permanente del control empresarial, porque, aunque el trabajador tiene derecho al respeto a su intimidad, no puede imponer ese respeto cuando utiliza un medio proporcionado por la empresa en contra de las instrucciones establecidas por 茅sta para su uso y al margen de los controles previstos para esa utilizaci贸n y para garantizar la permanencia del servicio. Por ello, lo que debe hacer la empresa de acuerdo con las exigencias de buena fe es establecer previamente las reglas de uso de esos medios -con aplicaci贸n de prohibiciones absolutas o parciales- e informar a los trabajadores de que va existir control y de los medios que han de aplicarse en orden a comprobar la correcci贸n de los usos, as铆 como de las medidas que han de adoptarse en su caso para garantizar la efectiva utilizaci贸n laboral del medio cuando sea preciso, sin perjuicio de la posible aplicaci贸n de otras medidas de car谩cter preventivo, como la exclusi贸n de determinadas conexiones. De esta manera, si el medio se utiliza para usos privados en contra de estas prohibiciones y con conocimiento de los controles y medidas aplicables, no podr谩 entenderse que, al realizarse el control, se ha vulnerado "una expectativa razonable de intimidad" en los t茅rminos que establecen las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de junio de 1997 (caso Halford) y 3 de abril de 2007 (caso Copland) para valorar la existencia de una lesi贸n del art铆culo 8 del Convenio Europeo par la protecci贸n de los derechos humanos.

La segunda precisi贸n o matizaci贸n se refiere al alcance de la protecci贸n de la intimidad, que es compatible, con el control l铆cito al que se ha hecho referencia. Es claro que las comunicaciones telef贸nicas y el correo electr贸nico est谩n incluidos en este 谩mbito con la protecci贸n adicional que deriva de la garant铆a constitucional del secreto de las comunicaciones. La garant铆a de la intimidad tambi茅n se extiende a los archivos personales del trabajador que se encuentran en el ordenador. La aplicaci贸n de la garant铆a podr铆a ser m谩s discutible en el presente caso, pues no se trata de comunicaciones, ni de archivos personales, sino de los denominados archivos temporales, que son copias que se guardan autom谩ticamente en el disco duro de los lugares visitados a trav茅s de Internet. Se trata m谩s bien de rastros o huellas de la "navegaci贸n" en Internet y no de informaciones de car谩cter personal que se guardan con car谩cter reservado. Pero hay que entender que estos archivos tambi茅n entran, en principio, dentro de la protecci贸n de la intimidad, sin perjuicio de lo ya dicho sobre las advertencias de la empresa. As铆 lo establece la sentencia de 3 de abril de 2007 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se帽ala que est谩n incluidos en la protecci贸n del art铆culo 8 del Convenio Europeo de derechos humanos "la informaci贸n derivada del seguimiento del uso personal de Internet" y es que esos archivos pueden contener datos sensibles en orden a la intimidad, en la medida que pueden incorporar informaciones reveladores sobre determinados aspectos de la vida privada (ideolog铆a, orientaci贸n sexual, aficiones personales, etc). Tampoco es obst谩culo para la protecci贸n de la intimidad el que el ordenador no tuviera clave de acceso. Este dato -unido a la localizaci贸n del ordenador en un despacho sin llave- no supone por s铆 mismo una aceptaci贸n por parte del trabajador de un acceso abierto a la informaci贸n contenida en su ordenador, aunque ello suscite otros problema en los que en este recurso no cabe entrar sobre la dificultad de la atribuci贸n de la autor铆a al demandante.

QUINTO.- A partir de las consideraciones anteriores la pretensi贸n impugnatoria debe ser desestimada, pues, de acuerdo con una reiterada doctrina de esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los fundamentos jur铆dicos de la sentencia recurrida y este fallo es correcto, pues la empresa no pod铆a recoger la informaci贸n obrante en los archivos temporales y utilizarla con la finalidad que lo ha hecho. Esa actuaci贸n en el presente caso ha supuesto una vulneraci贸n de su derecho a la intimidad. En efecto, en el supuesto de que efectivamente los archivos mencionados registraran la actividad del actor, la medida adoptada por la empresa, sin previa advertencia sobre el uso y el control del ordenador, supone una lesi贸n a su intimidad en los t茅rminos a que se ha hecho referencia en los anteriores fundamentos. Es cierto que la entrada inicial en el ordenador puede justificarse por la existencia de un virus, pero la actuaci贸n empresarial no se detiene en las tareas de detecci贸n y reparaci贸n, sino que, como dice con acierto la sentencia recurrida, en lugar de limitarse al control y eliminaci贸n del virus, "se sigui贸 con el examen del ordenador" para entrar y apoderarse de un archivo cuyo examen o control no puede considerarse que fuera necesario para realizar la reparaci贸n interesada. De esta forma, no cabe entender que estemos ante lo que en el 谩mbito penal se califica como un "hallazgo casual" (sentencias de 20 de septiembre, 20 de noviembre y 1 de diciembre de 2.006), pues se ha ido m谩s all谩 de lo que la entrada regular para la reparaci贸n justificaba.

El recurso debe, por tanto, desestimarse con las consecuencias que de ello se derivan en orden a la imposici贸n de las costas a la empresa recurrente, con p茅rdida del dep贸sito constituido para recurrir y manteni茅ndose el aval en garant铆a del cumplimiento de la condena.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo espa帽ol.

F A L L A M O S

Desestimamos el recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina interpuesto por la empresa CORU脩ESA DE ETIQUETAS S.L., contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 25 de enero de 2.006, en el recurso de suplicaci贸n n潞 5844/05, interpuesto frente a la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2.005 por el Juzgado de lo Social n潞 3 de A Coru帽a, en los autos n潞 521/05, seguidos a instancia de D. JUAN ANTONIO PARDO CUERDO contra dicha recurrente, sobre despido. Decretamos la p茅rdida del dep贸sito constituido para recurrir, manteni茅ndose el aval como garant铆a del cumplimiento de la condena. Condenamos a la empresa recurrente al abono de los honorarios del Letrado de la parte recurrida en la cuant铆a que, dentro de los l铆mites legales, fijar谩 la Sala si a ello hubiera lugar.

Devu茅lvanse las actuaciones y el rollo de suplicaci贸n a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con la certificaci贸n y comunicaci贸n de esta resoluci贸n.

As铆 por esta nuestra sentencia, que se insertar谩 en la COLECCI脫N LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACI脫N.- En el mismo d铆a de la fecha fue le铆da y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Aurelio Desdentado Bonete hall谩ndose celebrando Audiencia P煤blica la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.