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CCOO pide a Función Pública que resuelva la contradicción de Ley PGE 2023 para que las plantillas puedan percibir cuanto antes el incremento salarial

El texto de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 contiene, en su artículo 24, dos párrafos que resultan contradictorios entre sí y que pueden volver a retrasar la percepción del incremento salarial inicial del 2,5% para miles de personas trabajadoras del Sector Público Empresarial y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.


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Mientras en el segundo párrafo del apartado Tres, se dice que: “El informe de la masa salarial se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal laboral afectado y será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos, excepto aquellos que se limiten a la aplicación del incremento retributivo contenido en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, en cuyo caso el informe de masa salarial se solicitará con posterioridad a la aplicación de dicho incremento, no siendo necesaria la autorización establecida en el artículo 35 de la presente ley.”, el párrafo sexto del mismo apartado Tres establece que: “En los casos en los que no esté regulado en el Convenio Colectivo la forma de distribuir el incremento retributivo, será necesario el informe de masa salarial como requisito previo para la negociación del mismo.” lo que supone, de hecho, que muchas entidades del sector público institucional estén optando por acogerse al redactado más prudente, que ralentizaría de nuevo el procedimiento para que miles de personas puedan percibir el incremento salarial previsto en la Ley y que sería contrario al espíritu que ha inspirado la nueva redacción de este artículo y que desde CCOO veníamos reclamando desde hace años.

Por este motivo, desde CCOO nos hemos dirigido a Función Pública del Ministerio de Hacienda para demandarles que adopten las medidas necesarias para aclarar esta contradicción en la forma más favorable para las plantillas, simplificando y agilizando el procedimiento para que los trabajadores y trabajadoras de las Empresas Públicas y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social perciban el incremento salarial inicial del 2,5% cuanto antes, minorando así el impacto que la situación inflacionista tiene sobre las economías familiares.

Esperamos que desde Función Pública se atienda nuestra petición en los próximos días.

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