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CCOO a favor del Derecho a Decidir

28S: CCOO se suma al grito global por el derecho a decidir

CCOO reclama la extensión y protección de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, ante el impacto de la pandemia de la COVID-19 y el auge de la extrema derecha en todo el mundo.


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UN NUEVO 28 de Septiembre, CCOO se suma al grito global por el derecho a decidir de las mujeres en el Día Mundial por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, declarado en 1990 por la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano. Se cumplen 30 años de esta declaración en un escenario especialmente complicado, marcado por el impacto de la pandemia y el auge de la extrema derecha que cuestiona en muchos países el acceso de las mujeres a sus derechos reproductivos. “Los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos, la interrupción voluntaria del embarazo, son derechos humanos internacionalmente reconocidos y no podemos permitir que la pandemia impida su ejercicio efectivo. CCOO se suma al grito global del movimiento feminista para pedir avances legislativos y garantías a los gobiernos, plantará cara a la extrema derecha que pretende retroceder en derechos colectivos y especialmente en avances de derechos y libertades de las mujeres. No lo vamos a permitir”, subraya la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad, Elena Blasco Martín.

Según datos divulgados por ONU Mujeres, las dificultades de movilidad y los confinamientos asociados a la contención de la COVID-19 pueden tener un impacto catastrófico en la vida de millones de mujeres, hasta el punto de que se calcula que se pueden alcanzar los siete millones de embarazos no deseados en todo el mundo. 47 millones de mujeres en países de renta media y baja no tendrán acceso a anticonceptivos modernos.

Al mismo tiempo, tal y como denuncia el movimiento feminista internacional, en algunos países se está aprovechando la confusión actual para obstaculizar aún más los derechos reproductivos de las mujeres. El pasado mes de abril el Parlamento polaco debatió dos retrógrados proyectos de ley en los que se criminalizaba la educación sexual en las escuelas y se hacía prácticamente imposible el ejercicio del derecho al aborto. Tan solo la denuncia internacional y las movilizaciones de las mujeres han logrado detener su tramitación.

La situación es igualmente preocupante en Brasil, donde solo puede interrumpirse el embarazo en caso de violación, malformación o riesgo para la madre. El presidente ultraderechista Jair Bolsonaro ha ordenado recientemente endurecer aún más los requisitos para las víctimas de violación que deseen interrumpir su embarazo: se criminaliza a las mujeres, que son advertidas expresamente de que pueden ser procesadas por “aborto ilegal” si no pueden probar su denuncia, y se las obliga a ver una imagen del feto.

Los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos, la interrupción voluntaria del embarazo, son derechos humanos internacionalmente reconocidos y no podemos permitir que la pandemia impida su ejercicio efectivo.

En Eslovaquia se está discutiendo precisamente en estas semanas una ley que también supone nuevas dificultades para el acceso a un aborto legal y seguro, duplicando el periodo de espera obligatorio y estableciendo nuevos protocolos médicos.

Mientras tanto, desde Estados Unidos, se ha solicitado por carta a la ONU que elimine las referencias a la salud reproductiva y sexual en la respuesta a la pandemia.

Solo en cuatro países de América Latina se permite el aborto libre: Uruguay, Cuba, Guyana y Guyana francesa además de algunos estados de México. La Corte Constitucional de Colombia rechazó recientemente el proyecto de ley de legalización del aborto.

Y en Argentina, el país en el que prendió la llama de las movilizaciones en 2018, a pesar de que el nuevo presidente Alberto Fernández, presentará un nuevo proyecto legislativo y se comprometiera a su aprobación durante la apertura de sesiones de la Asamblea Legislativa este año, la actual situación está retrasando su tramitación y por tanto el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

En lo que respecta a España, si bien se consideró desde el inicio de la emergencia sanitaria que el aborto era un servicio esencial y las clínicas permanecieron abiertas, no se estableció ninguna medida adicional para facilitar el acceso a las mujeres. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) solicitó el pasado mes de abril al Ministerio de Sanidad que suprimiera durante la pandemia y, muy especialmente, en los confinamientos, la explicación informativa presencial a las mujeres previa a la intervención y que ésta pueda hacerse por medios telemáticos, con el objetivo de reducir el número de desplazamientos. CCOO reclama la supresión de este requisito que, además, supone una actitud paternalista, que cuestiona el derecho y la capacidad de decidir de las mujeres.

Asimismo, la Plataforma Pro Derechos, de la que forma parte CCOO, reclama la supresión del permiso de los progenitores para que puedan abortar las jóvenes de entre 16 y 17 años que introdujo la reforma del Partido Popular y que se ponga coto al acoso de las asociaciones antiabortistas, así como a los ataques que reciben las clínicas.

Finalmente, CCOO reclama una dotación presupuestaria adecuada para garantizar una completa red de centros de planificación familiar, el acceso a los anticonceptivos y una educación sexual completa y suficiente en todas las etapas de nuestro sistema educativo.

“En CCOO siempre hemos apoyado la lucha de las mujeres por el aborto y el derecho a decidir y contemplamos con preocupación los ataques que se están produciendo en algunos países del mundo precisamente en este momento tan delicado. Las mujeres sindicalistas nos comprometemos y solidarizamos con este grito global que tiene también eco en España, donde reclamamos un refuerzo de este derecho, una mayor inversión en educación y en la ayuda y atención a las mujeres”, concluye Elena Blasco Martín.

 

Foto: Txele Betancort

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