Empresas y mutuas se enfrentan por el negocio de la seguridad laboral

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Empresas y mutuas se enfrentan por el negocio de la seguridad laboral


La patronal Aspa, mayoritaria en el sector, denuncia ante Defensa de la Competencia a las mutuas de accidentes de trabajo. Los empresarios acusan a estas entidades de usar recursos públicos en una actividad privada.


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SECCIÓN SINDICAL FRATERNIDAD MUPRESPA

 

Las empresas del sector de la prevención de riesgos laborales han abierto una guerra con las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a las que acusan de “vulnerar la libre competencia”.

Por esta razón, la Federación de Servicios de Prevención Ajenos (Aspa), patronal mayoritaria del sector privado en el asesoramiento de las empresas para combatir la siniestralidad laboral, ha denunciado a las mutuas, que son entidades colaboradoras de la Seguridad Social.

Los argumentos de Aspa, que reúne a 250 empresas y a 10.500 trabajadores en toda España, son los siguientes, según manifestó a EXPANSIÓN su presidente, Juan Prats Guerrero. En primer lugar, el sector privado acusa a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, reunidas en la patronal AMAT, de financiar sus actividades de prevención de riesgos laborales con la utilización de fondos públicos; es decir, con las cotizaciones sociales. Las empresas recuerdan que el Tribunal de Cuentas estima que tienen este origen el 38% de los recursos que las mutuas utilizan en el asesoramiento contra la siniestralidad laboral; es decir, en una actividad que para las colaboradoras de la Securidad Social tendría que ser estrictamente privada.

Como consecuencia de ello, Aspa considera que las mutuas han bajado considerablemente el valor de mercado -los precios de la actividad de prevención en las empresas-, lo que, a su juicio, “tiene que ver, en parte, con las elevadas tasas de siniestralidad laboral en España”. Unida a esta circunstancia está “la confusión” que, en opinión de Prats, ha generado la actividad de las mutuas entre las empresas en lo que se refiere a los precios.

Por último, la patronal del sector privado de la prevención de riesgos laborales acusa a las mutuas de “causar un daño patrimonial” a la Seguridad Social por financiar esta actividad con las cotizaciones sociales.

Declaración de intenciones
La patronal AMAT no quiso hacer ningún comentario a las acusaciones de las empresas privadas. Por su parte, un portavoz de la Seguridad Social dijo que no hay nada que decir a lo que Trabajo considera una pugna empresarial.

Sin embargo, el secretario de Estado, Octavio Granado, firmó el pasado día 5 con las mutuas una declaración por la cual estas entidades se comprometían a erradicar las “malas prácticas” de su funcionamiento diario. Declaración que Aspa espera “que se cumpla”, porque quince días después “algunas” colaboradoras de la Seguridad Social continúan mezclando su actividad de prevención de riesgos laborales (de carácter privado) con su actividad de atención de de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se financia con las cotizaciones sociales.

Ya en junio de 2005, el Gobierno aprobó una real decreto en el que obligaba a las mutuas a separar con toda claridad ambas actividades. Sin embargo, Prats asegura que, “algunas mutuas” manejan la información que tienen sobre empresas y trabajadores derivada de su actividad como cobertura de sanidad, además de otras circunstancias que, en su opinión, “rompen la competencia”. Por ejemplo, ofrecer con carácter gratuito la prevención de riesgos laborales junto a la atención sanitaria, o con un descuento de entre el 30% y el 40%. Con todas estas ventajas, según el sector privado, el reparto del mercado de la actividad de prevención de riesgos laborales es muy desigual. Las mutuas de accidentes de trabajo tienen entre el 70% y el 80% del negocio. Por todas estas razones, Prats asegura que las empresas “no pueden aguantar más” y piden a las mutuas la apertura de negociaciones para abrir el mercado. Aspa considera correcta la lína de actuación de Trabajo para introducir claridad en el sector, aunque pide “más rapidez y una actitud más enérgica”.

La Seguridad Social quiere más control
A lo largo de los últimos años, el Tribunal de Cuentas ha detectado en reiteradas ocasiones problemas en la gestión de las mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Y ello, a pesar de que, en teoría, deberían estar estrechamente controladas por el Gobierno como entidades que fundamentalmente son colaboradoras de la Seguridad Social, y que se financian en su mayor parte con las cotizaciones sociales.

Con frecuencia, el Tribunal de Cuentas ha encontrado conciertos de las mutuas con entidades privadas para la utilización de sus locales o una dotación inferior de la que deberían en su aportación a los fondos de reserva y de prevención y rehabilitación. Así, el último control sobre las mutuas hizo que la Seguridad Social ingresase 387,5 millones de euros, lo que representa el 40,8% de la aportación de los últimos diez años por este concepto.

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