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La Carta Magna est谩 m谩s cerca del software libre que de un software desarrollado por una multinacional radicada en Silicon Valley.

Dia de Internet: Una Constituci贸n pro-software libre


La administraci贸n p煤blica, en tanto que depositaria de los m谩s importantes secretos de nuestras vidas privadas, no puede ignorar el c贸digo fuente (la combinaci贸n de la caja fuerte) de los programas inform谩ticos que guardan los datos de los administrados.


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Mientras que el derecho internacional privado, en buena medida por la influencia de los sistemas anglosajones, ha elaborado figuras jur铆dicas suficientes como para ordenar (o intentarlo, al menos) la realidad frondosa creada por las nuevas tecnolog铆as de la comunicaci贸n (pienso en las patentes de software, la protecci贸n contra los emails de publicidad no solicitada, los derechos de propiedad sobre las copias o las normas contra la pirater铆a, por ejemplo) el derecho p煤blico no ha seguido el mismo camino. Me inclino a pensar que es la incapacidad de las administraciones p煤blicas para imponerse a las modernas y poderosas multinacionales del sector inform谩tico la que explica esta deserci贸n del derecho p煤blico, tan expansivo por lo com煤n, de la burocracia cibern茅tica. Ahora bien, 驴y el derecho pol铆tico? 驴A nadie le extra帽a que Internet, y todo lo que tiene que ver con las llamadas autopistas de la informaci贸n, se nos presente siempre con tanta asepsia pol铆tica, con tanta neutralidad ideol贸gica?, a m铆 s铆.


En este contexto, me pregunto si es posible encontrar un apoyo jur铆dico-constitucional en Espa帽a para la promoci贸n del software libre como expresi贸n de los principios de libertad e igualdad. Mi respuesta es que s铆, que apostar por el software libre es, sobre todo, una apuesta constitucional. O dicho de otro modo, que los espa帽oles tenemos una Constituci贸n pro-software libre. Al menos que la Constituci贸n obliga a la administraci贸n p煤blica espa帽ola a preferir el software libre antes que el propietario, como m铆nimo, por las siguientes razones:


1.- La administraci贸n p煤blica no puede imponer el uso de una determinada marca de software, con sus l贸gicas incompatibilidades comerciales, a los ciudadanos que se relacionan con ella a trav茅s de Internet.


2.- La administraci贸n p煤blica, en tanto que depositaria de los m谩s importantes secretos de nuestras vidas privadas, no puede ignorar el c贸digo fuente (la combinaci贸n de la caja fuerte) de los programas inform谩ticos que guardan los datos de los administrados.


3.- La administraci贸n p煤blica garantiza la efectividad de nuestros derechos y libertades mediante un procedimiento administrativo reglado y que s贸lo se somete a la ley, entendida como expresi贸n de la voluntad general. El software administrativo se inserta en ese procedimiento, condicion谩ndolo y alter谩ndolo (como cualquiera sabe por propia experiencia), y, si no es un software escrito para esa administraci贸n concreta (teniendo en cuenta su legalidad), obliga al procedimiento administrativo a someterse a las normas del usuario que el fabricante, no la ley espa帽ola, ha decidido imponer a todos los que adquieran el producto.


4.- Cualquier mejora que los funcionarios desarrollasen para el software administrativo propietario s贸lo podr铆a aplicarse si lo decidiese el fabricante. Y adem谩s, ese fabricante, cobrar铆a derechos en todo el mundo por esa mejora del software escrita por los funcionarios usuarios.


Si la Constituci贸n es la norma suprema que nos hemos dado todos para que todos tengamos nuestro espacio de libertad en el que poder pensar, crear, expresarnos y relacionarnos en libertad, 驴c贸mo podr铆a ser que en las relaciones con la administraci贸n estuvi茅ramos presos de los due帽os de un determinado c贸digo fuente inform谩tico?


Cuando, en su art铆culo 103, la Constituci贸n habla de que la administraci贸n persigue el inter茅s general, que est谩 sometida exclusivamente a la ley y que se rige por los principios de descentralizaci贸n y eficacia, la Carta Magna est谩 m谩s cerca del software libre que de un software desarrollado por una multinacional radicada en Silicon Valley. La Administraci贸n est谩 obligada por la Constituci贸n a ser eficaz. Y ser eficaz significa perseguir sus objetivos y no entretenerse por el camino, disponer de software propio y no compartirlo con una conservera japonesa o con un estudiante de publicidad lap贸n. El art铆culo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo a帽ade que la Administraci贸n, adem谩s, tiene que ser eficiente. Y ser eficiente significa aplicar racionalmente los recursos para conseguir los fines perseguidos. Ser eficiente no es pagar con el dinero de nuestros impuestos el precio que libremente quiera fijarle un empresario al software que dise帽a su empresa y cuyo c贸digo fuente oculta al comprador. Si podemos conseguir software gratis, 驴por qu茅 tiene que pagarlo la administraci贸n?


Nuestros datos est谩n recogidos cada vez en m谩s ficheros. Cada uno de nuestros datos identificativos est谩 en varios ficheros inform谩ticos a la vez. Los archivos m谩s importantes (Hacienda, Sanidad, Educaci贸n聟) se encuentran custodiados por la administraci贸n p煤blica en entornos seguros. Pero el c贸digo configurador de estos entornos no est谩, al menos en parte, al alcance de la administraci贸n. La situaci贸n es la siguiente: quien garantiza la privacidad de esos datos depositados en la administraci贸n no es la propia administraci贸n, no es un poder p煤blico democr谩ticamente elegido, es un tipo con traje milrayas, tirantes y zapatillas blancas que cambiando una letra de la extensi贸n de un archivo puede hacer inservibles todos los datos o, lo que ser铆a peor, dejarlos al alcance de cualquiera.


Si, al contrario de lo que marca la Ley de Procedimiento Administrativo en su art铆culo 59, la administraci贸n desconoce el c贸digo en el que se basa el software que est谩 utilizando, la capacidad que tiene de introducir modificaciones en funci贸n del inter茅s que persigue es m铆nima, por no decir nula. As铆, el procedimiento administrativo -aut茅ntica garant铆a de derechos y libertades, como digo- est谩 totalmente condicionado por el software adquirido. Las posibilidades de adaptar el funcionamiento de la administraci贸n a las particularidades ling眉铆sticas, pol铆ticas, territoriales聟de cada caso, son pr谩cticamente inexistentes, porque lo que impone el software propietario es la homogeneidad, la identidad de procesos y la estandarizaci贸n de plataformas.


Una administraci贸n con software propietario, ya sea la de Nueva York, Londres o Minglanilla, est谩 condenada a actuar como un agente comercial del due帽o del software. 驴De verdad queremos eso? 驴De verdad somos tan pocos los que en el D铆a de Internet y nos acordamos de la Constituci贸n?


Esteban Gonz谩lez Pons. Conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana y promotor y ex-Presidente de la Comisi贸n de Internet del Senado


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