Suspensión cautelar ERE de CATSA

La pasada primavera, dentro de la reestructuración que está llevando a cabo el Grupo PRISA, la Dirección de Catsa anunciaba un ERE que suponía el cierre del centro de Madrid para que, según decían, la compañía tuviera continuidad en sus dos centros de Andalucía. Prisa Televisión había decidido llevar parte de la atención al cliente de Digital + a Sudamérica para abaratar costes, lo que repercutía directamente en Catsa, al disminuir los ingresos recibidos de su cliente principal y dueño.

Ante esta situación, el Comité de Empresa de Catsa-Madrid decidió hacer un referéndum para preguntar a la plantilla si negociaba o no con la empresa. El 66% de la plantilla optó por negociar, con lo que se inició una serie de reuniones que culminaron el 13 de julio con un acuerdo que contemplaba las indemnizaciones más altas jamás pactadas en ERE alguno dentro del sector de Contact Center desde su existencia como tal en todo el territorio español. La plantilla de Catsa volvió a ser consultada antes de rubricar dicho acuerdo, siendo esta vez el 88% de los trabajadores los que dieron el visto bueno.

El 21 de julio, la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid autorizaba el expediente, y el 31 de agosto la mayoría de los trabajadores abandonaban la empresa, quedándose en ella unos cien compañeros a la espera debido a la naturaleza del acuerdo de finalizar su relación el día 24 de octubre.

Sorprendentemente, a principios de mes de octubre, el Comité de Empresa recibía una notificación de la Dirección General de Trabajo anunciando la suspensión cautelar de la ejecución del ERE, debido a que la Administración no había contestado en el plazo marcado por la ley al Recurso de Alzada presentado por la Sección Sindical de CGT en Catsa. CGT ignoraba la decisión de los trabajadores de Catsa y, aliándose con un error administrativo, forzaba una situación que podía ser dramática: todos los trabajadores debían reincorporarse a un centro fantasma medio desmantelado, devolver sus indemnizaciones y, en el caso de quien lo hubiera encontrado, dejar sus trabajos.

La Sección Sindical de Comfia-CCOO y sus servicios jurídicos hicieron una serie de alegaciones que trasladaron al Comité de Empresa para aprobarlas y remitirlas a la Dirección General de Trabajo. Asimismo, esta Sección propuso al Comité que se solicitara a la empresa un permiso retribuido para los compañeros que todavía permanecen en Catsa hasta que la Dirección General de Trabajo se pronunciara acerca del Recurso de Alzada de CGT. Entre las alegaciones destacaba el escrúpulo democrático del Comité de Empresa de Catsa-Madrid a la hora de abordar el ERE y la absoluta desvergüenza y falta de principios de CGT, aceptando sus miembros el permiso retribuido hasta la fecha de extinción, mientras presentaban un Recurso de Alzada que sólo puede conseguir hacer daño si es aceptado por la Administración. ¿Qué quiere CGT, que los trabajadores devuelvan su indemnización y la prestación por desempleo cobrada? ¿Qué cierren también los centros de Málaga y Granada? Su sinrazón no tiene límites. Su desconocimiento de la palabra democracia sólo es superado por la hipocresía del que denuncia un acuerdo mientras se beneficia de él.

Esta Sección Sindical ha hecho todo lo que está en sus manos para poner las cosas en su sitio, respetando siempre lo que decidieron los trabajadores de Catsa. El 29 de noviembre vence el plazo para que la Dirección General de Trabajo dé respuesta al Recurso de Alzada interpuesto por CGT. Esperemos que triunfe la cordura y que los métodos totalitarios de CGT no salgan venciendo.

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