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La reforma permanente de las pensiones


El acuerdo que los grupos parlamentarios alcanzaron en 1995 sigue vigente y ha contribuido a la viabilidad del sistema público de previsión. El crecimiento económico y la notable creación de empleo rompieron los pronósticos más catastrofistas del sector privado.


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“El Pacto de Toledo introduce en la sociedad española la conciencia de que el sistema público de pensiones debe someterse a una observación y a un proceso de reformas permanentes para adaptarse en cada momento a las circunstancias”. Esta es la esencia fundamental de aquel acuerdo que el 2 de febrero de 1995 alcanzaron todos los partidos del arco parlamentario en el Parador de Toledo. En ello coinciden todas las fuentes consultadas por EXPANSIÓN.

El acuerdo tenía dos objetivos fundamentales. El primero, intentar encauzar la solución para la grave situación financiera en la que estaba entonces la Seguridad Social, con un déficit estructural de lo que entonces era medio billón de pesetas, y hoy sería 3.000 millones de euros. Y, en segundo lugar, hacerlo de forma que las pensiones ya no fuesen nunca más sujeto de la polémica electoral.

En el primer caso, el entonces secretario general de la Seguridad Social, Adolfo Jiménez, destaca que el Pacto de Toledo “es tan positivo que muchos países querrían imitarlo hoy en día”. Jiménez sabe lo que dice porque, junto a un estrecho colaborador, redactó el documento que aprobó la comisión parlamentaria. También sabe lo que dice porque, hoy en día, es el presidente de la Sociedad Iberoamericana de la Seguridad Social.

Por cierto, que el estrecho colaborador de Jiménez era José Antonio Panizo, que hoy es el jefe de gabinete de Octavio Granado, actual secretario de Estado de la Seguridad Social. Bien es verdad que José Antonio Herce, director general de la Fundación Fedea y uno de los grandes estudiosos de los sistemas de previsión, se muestra más crítico con el Pacto de Toledo. “El actual superávit de la Seguridad Social no se debe al acuerdo de las fuerzas políticas, sino más bien al crecimiento, la fuerte creación de empleo y la masiva llegada de inmigrantes”, que rompieron todas las previsiones.

En efecto, los tres son factores decisivos para explicar el fracaso de todos los estudios del sector privado, que pronosticaron una catástrofe del sistema público de pensiones en torno al 2000. Por ejemplo, los informes de Fedea para La Caixa, que elaboró el propio Herce; el del entonces BBV, dirigido por José Barea, y el de José Piñera, que fuera ministro de Trabajo en Chile con el dictador Pinochet y que hizo un trabajo para el Círculo de Empresarios proponiendo el sistema de capitalización individual.

Otro factor que explica el fracaso de estos informes es que nunca contaron con los datos internos de la Seguridad Social. “Entonces y ahora esa información es reservada”, dice Jiménez. Por todas estas razones, cuando se renovó el acuerdo en 2004, no volvieron a repetirse los informes. “Aprendimos de los errores. Las hipótesis no se cumplieron, luego las proyecciones, que no predicciones, tampoco. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo no son muy diferentes de lo que pensábamos entonces”, dice gráficamente Herce.

Sin embargo, no sólo el notable crecimiento económico, la inmigración y la fuerte creación de empleo y de la afiliación justifican el superávit actual de la Seguridad Social, con un Fondo de Reserva de 19.330 millones de euros; es decir, el 2,6% del Producto Interior Bruto. El Pacto de Toledo sirvió para retomar una medida de calado y pendiente desde los años ochenta, como la reforma de la financiación de la Seguridad Social. Cambio fundamental para comprender el actual superávit del sistema contributivo, el que financian las empresas y los trabajadores.

Protección contributiva
Por una parte, el acuerdo estableció que las cotizaciones sociales debían financiar únicamente la protección contributiva. Y, por otro lado, que los impuestos sustentasen la protección de carácter universal, la que está destinada a todos los españoles. Por ejemplo, la sanidad o el Imserso. En ese proceso también están las ayudas que reciben aquellas pensiones que ni siquiera llegan a las cuantías mínimas de las prestaciones de la Seguridad Social. Por lo tanto, desde que entró en vigor la reforma de la financiación, las cotizaciones sociales han aportado al sistema contributivo una cuantía adicional de 4.881 millones de euros anuales. Una cuantía que está contribuyendo a que la Seguridad Social alcance un superávit anual que ronda el 1% del PIB, unos 8.400 millones de euros. Pero, si en el lado económico puede decirse que el Pacto de Toledo ha contribuido a la buena salud de la Seguridad Social, tambien es verdad que alguno de sus protagonistas reconoce que no se cumplió uno de sus objetivos políticos. “El único fracaso del acuerdo es que no conseguimos sacar el tema de las pensiones de la contienda electoral”, dice Rafael Hinojosa, que representó entonces a Convergéncia i Unió en la comisión parlamentaria y hoy preside el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña. “Los pensionistas son ocho millones de personas que votan”, reconoce.

La otra crítica de carácter político para el Pacto de Toledo procede de Elisa Chulía, experta en el tema y profesora de sociolología política. Chulía considera que la estrategia de reforma permanente tiene su lado malo “en cuanto crea incertidumbre entre los pensionistas. Les cambian las condiciones constantemente. Sería mejor que todo el mundo supiera que las reformas son a largo plazo, aunque se hagan de forma gradual”.

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