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Ignacio Fernanndez Toxo

Las secuelas del SMI (Salario M铆nimo Interprofesional) en el proceso de di谩logo social


En el momento de escribir las reflexiones que siguen, siete meses despu茅s de la firma de la Declaraci贸n para el Di谩logo Social 聯Competitividad, empleo estable y cohesi贸n social聰 su desarrollo ha entrado en crisis.


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Las claves para saber si se trata de una crisis superable o si estamos ante el fin del m茅todo de negociaci贸n inaugurado con toda solemnidad en La Moncloa el 8 de julio del a帽o pasado, probablemente las tengamos en las pr贸ximas semanas.


No obstante, a d铆a de hoy ya se puede afirmar que lo acontecido en relaci贸n con el Salario M铆nimo va a dejar secuelas que conviene tener en cuenta para las negociaciones que, de una u otra forma, se abordar谩n en esta legislatura, sea con el formato de la Declaraci贸n vigente o con otro m谩s 聯cl谩sico聰 de negociaci贸n.


La crisis del SMI es puramente instrumental. Tiene que ver con la gesti贸n de la negociaci贸n y con el momento en que 茅sta se desarrolla, pero se utiliza por algunos para cuestionar este sistema de negociaci贸n por que genera incomodidad a sectores a los que les gustar铆a disponer de m谩s libertad para sacar adelante sus posiciones y se busca condicionar con ello otros procesos de negociaci贸n que est谩n por abrir.


Descoordinaci贸n en el Gobierno y viejas recetas


Esta crisis que refleja un alto grado de descoordinaci贸n en el Gobierno, est谩 poniendo de manifiesto tambi茅n una escasa sinton铆a entre el 谩rea econ贸mica y el 谩rea, digamos, pol铆tica del mismo. El enfrentamiento Trabajo-Econom铆a, revela la existencia de tensiones e indefiniciones importantes que amenazan no s贸lo el futuro del Di谩logo Social, sino que condiciona en negativo este.


La Declaraci贸n de julio cuando identifica los retos fundamentales para la sociedad espa帽ola, se帽ala,聟聯que es objetivo com煤n聟que聟alcance unos mayores niveles de desarrollo econ贸mico, de calidad en el empleo, de bienestar social聰聟 y se indican las v铆as para lograrlo. Por ello se afirma que 聯Para la consecuci贸n de este gran objetivo, inscrito en la estrategia definida por la UE en Lisboa, consistente en orientar la econom铆a espa帽ola hacia un modelo de crecimiento estable y sostenido basado en la competitividad de las empresas, el Gobierno y los interlocutores sociales entienden que, adem谩s de las pol铆ticas laborales y de empleo, las pol铆ticas p煤blicas han de actuar de manera prioritaria sobre los siguientes grandes ejes o pilares:


a) educaci贸n y formaci贸n,


b) infraestructuras e inversi贸n p煤blica,


c) investigaci贸n, desarrollo e innovaci贸n,


d) pol铆tica industrial y de medio ambiente聰.


Apunta la Declaraci贸n en correspondencia con las necesidades de la econom铆a y la sociedad espa帽ola, al cambio necesario del modelo productivo espa帽ol, toda vez que las ventajas competitivas que hicieron posible el desarrollo en el pasado reciente hoy, o se han agotado, est谩n en trance de hacerlo o, directamente, se han convertido en un lastre para el sostenimiento del mismo, por lo que se hace imprescindible sustituirlas por otras acordes con los retos que derivan de la creciente internacionalizaci贸n de nuestra econom铆a, que impulsen la creaci贸n de empleo de calidad y la cohesi贸n social.


Con la decisi贸n de proceder a bloquear el acuerdo sobre el SMI lo que en realidad est谩n poniendo sobre el tapete, es su falta de compromiso con el necesario cambio de modelo de competencia. Detr谩s de los argumentos utilizados para oponerse a las cl谩usulas de garant铆a, se esconde el anclaje en las viejas recetas de un modelo competitivo basado en los bajos costes del factor trabajo y, por ende, en la precarizaci贸n del Mercado de Trabajo de nuestro pa铆s que, por otra parte, ya se ha demostrado hasta la saciedad que act煤a como elemento de freno para la competitividad de las empresas con la consiguiente repercusi贸n negativa sobre la balanza comercial.


La decisi贸n adoptada por los m谩ximos dirigentes sindicales y empresariales el 26 de enero de iniciar la negociaci贸n de la renovaci贸n del ANC el 1 de febrero, contribuir谩 a reactivar el proceso de di谩logo social que este a帽o deber谩 abordar temas de gran trascendencia como el empleo y la seguridad social.


El Acuerdo Interconfederal ha sido una referencia en la negociaci贸n de los convenios colectivos de los 煤ltimos a帽os y particularmente, aunque no es su 煤nica virtud, ha servido para definir de forma consensuada la pol铆tica salarial desde 2002. Dado su car谩cter de acuerdo obligacional su funci贸n es orientar la negociaci贸n de los convenios pero tiene una alta carga simb贸lica.


Esta 煤ltima es la que se ha acrecentado en este momento. Hoy es impensable un acuerdo que no incorpore la referencia de la cl谩usula de garant铆a. El compromiso de los negociadores sindicales de establecer el IPC previsto c贸mo primera referencia para el crecimiento de los salarios en 2005 s贸lo puede entenderse y resultar cre铆ble por los trabajadores en las empresas si va acompa帽ado de una cl谩usula de garant铆a que asegure realmente el poder de compra de los salarios en los t茅rminos establecidos en el momento de la firma del Convenio Colectivo.


Probablemente los sectores m谩s reacios a un acuerdo de pol铆tica salarial de estas caracter铆sticas, conf铆an en que en la negociaci贸n 聯libre聰, unidad a unidad de negociaci贸n, obtendr谩n resultados m谩s favorables en el terreno de la contenci贸n del crecimiento de los salarios y por lo tanto mejores, por reducidos, costes laborales.


Hasta es posible que esto sea as铆 en algunos sectores. Aunque con toda seguridad esto no conduzca a la mejora de los Costes Laborales Unitarios y s铆 a una mayor crispaci贸n en las empresas, a un espejismo. Una vez que las cartas est谩n encima de la mesa con esta claridad, sabiendo la funci贸n que las cl谩usulas han tenido en estos a帽os en los que del orden del 80% de los convenios, aunque sea con eficacia diversa, la han incorporado, lo menos que puede pasar es que la negociaci贸n de los convenios se torne m谩s dif铆cil y conflictiva, con el consiguiente deterioro de las relaciones laborales y su indudable influencia para la competitividad de las empresas.


El ANC y el di谩logo social


El ANC en este punto al que se ha llegado, ha pasado de ser una referencia necesaria a pieza imprescindible. Adem谩s de su indudable influencia en la Negociaci贸n Colectiva, que haya o no acuerdo no es indiferente para el resto de los compromisos derivados de la declaraci贸n del 8 de julio.


No lo es, en principio, para abordar la negociaci贸n comprometida de la reforma de la negociaci贸n colectiva. Esa reforma es tan necesaria como compleja, y as铆 se afirma en el punto 11 de la Declaraci贸n, 聯El desarrollo de la capacidad de regulaci贸n de la negociaci贸n colectiva y de su cobertura laboral precisa acciones de los interlocutores sociales, que pueden y deben contar con apoyos p煤blicos en el terreno de la racionalizaci贸n de la estructura de la negociaci贸n colectiva en la l铆nea marcada por el AINC 97 o el enriquecimiento de los contenidos negociales.


Abordar un proceso de esta trascendencia exige de un clima previo favorable, desde el que construir los consensos necesarios. La experiencia reciente demuestra que no es posible intervenir en este campo y menos impulsar reformas eficaces contra la voluntad de cualquiera de los dos actores fundamentales: Sindicatos y Organizaciones Empresariales. Es este consenso, adem谩s el que limitar谩 la tentaci贸n de intervenciones desde otros 谩mbitos en una materia que debe ser el campo natural, como reconoce la propia declaraci贸n, para el ejercicio 聯de la autonom铆a de los agentes sociales, a la que la ley debe garantizar la capacidad de regulaci贸n mediante un adecuado marco jur铆dico聰.


Tampoco ser谩 indiferente lo que suceda con el ANC para el futuro de las negociaciones en relaci贸n con el Mercado de Trabajo o la Seguridad Social. No dar continuidad al acuerdo sin duda pondr铆a en cuesti贸n las posibilidades reales, m谩s all谩 de los formalismos, de dar continuidad al Dialogo Social en los t茅rminos mantenidos hasta finales de diciembre y que ha servido para producir diversos acuerdos.


Ello no implica que no vayan a producirse m谩s negociaciones, pero s铆 las har谩 m谩s complejas. Toda negociaci贸n es intercambio y es a partir del equilibrio que se establece en el mismo que pueden sustanciarse los acuerdos. Un desencuentro en el enfoque de la negociaci贸n colectiva llevar谩 inevitablemente a reenfocar las prioridades de cada parte en otras mesas conscientes de la estrecha relaci贸n entre unas y otras materias para la evoluci贸n de las tres grandes variables sobre las que se construy贸 la Declaraci贸n de julio 2004: Competitividad, empleo estable y cohesi贸n social.


As铆 las cosas, ser铆a muy conveniente que el conjunto de los actores recuperasen el pulso de la negociaci贸n. Al gobierno le corresponde gestionar con prudencia y coherencia sus propias decisiones. Las tensiones propias no se resuelven trasladando la responsabilidad a otros.


Los propios compromisos del 22 de diciembre prev茅n un plazo de tres meses para su traslado a la norma聟y, en todo caso, los 600聙 son un compromiso del Gobierno, lo mismo que ya es una exigencia legal a partir de la aprobaci贸n del RDL 3/2004 la determinaci贸n de la evoluci贸n futura del SMI y el IPREM.


Seguimos apostando por el desarrollo de los compromisos que contrajimos con la firma de la Declaraci贸n por que estos se corresponden con las necesidades de reformas reales que necesita la sociedad espa帽ola. Reformas que para que sean eficaces han de nacer del maximo consenso posible entre todas las partes implicadas. Esa es la apuesta realizada en julio y la gran potencialidad de la Declaraci贸n.


Ignacio Fern谩ndez Toxo


Secretario de Acci贸n Sindical y Pol铆tica Sectorial de CC.OO.


24 de enero de 2005