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En el punto de mira de los mercados.

CAJA BADAJOZ. ¿DESPOLITIZACIÓN DE LAS CAJAS?

En las Cajas de Ahorros menos politizadas ven con preocupación lo sucedido en algunos de sus competidores. Creen que la presencia de tantos políticos en los consejos será un lastre a la hora de salir en búsqueda del necesario capital privado.


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11.559 millones pedidos por las Cajas al Frob a un interés del 7'75%

12.000 prejubilaciones se están acometiendo en las Cajas

 

Composición de los Consejos de las nuevas cajas 1

 

Composición de los Consejos de las nuevas cajas 2

 

 

«Hay algunos SIP que no tienen la gobernanza adecuada», advierten en una de las consultoras que ha estado asesorando a varios de los grupos de cajas que se han integrado. Los mercados necesitan que haya «un proyecto y un equipo gestor ilusionante y creíble para sacar adelante las equity story» que deben hacer las nuevas entidades. «Eso exige que, además de arreglar los balances y mejorar la estructura del activo y el pasivo, se demuestre excelencia en la gestión», añade esta fuente.

La nueva ley de cajas que pactaron Zapatero y Rajoy dice que los representantes de las administraciones públicas no podrán superar el 40% de los derechos de voto en una caja, frente al 50% anterior. Además, señaló la incompatibilidad entre ser alto cargo de alguna administración o cargo electo para formar parte de los órganos de gobierno de una caja. Este punto lo vulneran un buen número de consejeros, aunque la ley daba un plazo de adaptación que no ha vencido.

El último requisito pasaba por exigir que al menos la mitad de los miembros del consejo de administración de las cajas deberían reunir una especial cualificación. Lo que no regulaba la norma era quiénes podían ser miembros de los consejos de administración de los bancos de los que son accionistas las cajas. Se presumía que, al ser sociedades anónimas, no iban a llenarse de políticos o ex políticos como las entidades de ahorro.

Pero basta un mero repaso a quienes integran los consejos de estos bancos para comprobar que, en algunos casos, esto dista mucho de ser así. Fuentes del sector matizan que «no se trata de políticos en activo» y que «todos tienen acreditada experiencia financiera y profesional». Además, los nombramientos han contado con el visto bueno del Banco de España, que ha dado su aprobación a las propuestas de consejeros que le remitieron las entidades.

Entre los SIP, el caso más llamativo es el del Banco Financiero y de Ahorro, creado por Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Rioja y Caja Insular de Canarias, que cuenta con 4.465 millones de euros del Frob. El consejo de administración tiene 21 miembros y, de ellos, 11 tienen directamente un presente o, en otros casos, un evidente pasado político. No hay que perder muchas líneas en glosar el pasado político de Rato, vicepresidente económico del Gobierno entre 1996 y 2004. Después fue asesor de Lazard, Banco Santander y La Caixa, tarea que desarrolló tras dejar el cargo de director gerente del FMI. Su número dos, José Luis Olivas, llegó a ser presidente de la Generalitat Valenciana. Pero es que en el consejo del que será tercer banco español hay antiguos alcaldes (Ricardo Romero de Tejada lo fue en Majadahonda y Antonio Tirado en Castellón), concejales (Mercedes de la Merced), diputados (José Manuel Fernández Norniella o Jorge Gómez) y hasta un ex ministro del PSOE, Virgilio Zapatero. Hay, además, un cargo público electo, el citado presidente de la Diputación de Ávila, Agustín González.

Fuentes de otros bancos de cajas consultadas por MERCADOS lamentan que el SIP de Caja Madrid, en el que están puestas casi todas las miradas por su relevancia (será la tercera entidad financiera española, tras Santander y BBVA), tenga tanto peso político en su principal órgano de dirección. «Han llegado quejas de lo de Caja Madrid. Da una mala imagen de politización », dice el directivo de una caja, que prefiere mantener el anonimato. Este directivo admite que en el banco que su entidad ha puesto en marcha una de las cajas que lo conforman quiso colocar a ex políticos en el consejo, pero todo quedó en un intento. «Esto afecta negativamente a los mercados», añade esta fuente. «Que no nos juzguen a todos por Caja Madrid», reclama. Lo cierto es que en ningún otro consejo de SIP hay tantos políticos o ex políticos como en el Banco Financiero y de Ahorro.

El siguiente con más peso político es el de Banca Cívica (que ha solicitado del Frob 977 millones de euros), pero en él más de la mitad de sus miembros no tiene un pasado público tan marcado. Eso sí, no escapa a la politización con presencias como la de la actual presidenta de la Diputación de Huelva, Petronila Guerrero, del PSOE, alcaldes, como José Miguel Rodríguez en Adeje, o ediles, caso de José María Arribas (en el pasado) o Ángel Ibáñez (actualmente).

Otros dos bancos, el denominado Banco Base (de CajAstur y la CAM) y el MareNostrum (de Caja Murcia, Granada, Sa Nostra y Penedès) aparecen menos contaminados. En el de la CAM (que ha recibido 1.493 millones del Frob), la mayor vinculación política es la de Modesto Crespo, que fue edil del Partido Popular. Felipe Fernández, director general de CajAstur, ocupó cargos en el Gobierno de la Junta asturiana hace 20 años. Al igual que Enrique Ambrosio, representante en este banco por Caja Cantabria, que fue diputado y consejero de Industria en el primer Gobierno regional. Víctor Bravo, de Caja Extremadura, tuvo responsabilidades en el Servicio Extremeño de Salud cuando era consejero el actual presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Fuera del consejo, pero en la comisión de control figura Isabel Pérez-Espinosa, candidata del PP a presidir el Principado de Asturias. En Mare Nostrum, con apoyo público de 918 millones, el consejero más político es Antonio Jara, presidente de Caja Granada y alcalde de la localidad andaluza durante 12 años por el PSOE. Dos de los consejeros independientes tienen también un pasado político, aunque después han desarrollado una carrera profesional ligada a las finanzas. Es el caso de Luis de Guindos, que fue secretario de Estado de Economía con el PP; o Josep Manuel Basáñez, consejero de la Generalitat con CiU y diputado regional a finales de los 80. Estas entidades han optado por integrar en sus consejos a cargos directivos de sus respectivas cajas. Así, aparecen directores generales, adjuntos e, incluso, los responsables de algunas áreas de negocio. Es una filosofía más parecida a la que tienen algunos grandes bancos. En el caso de los SIP, la despolitización era más sencilla, ya que las cajas tenían total libertad para elegir qué personas formaban parte de los consejos. En las cajas que han optado por una fusión tradicional, sin embargo, los miembros de asambleas y consejos siguen teniendo el mismo origen por grupos de interés: entidades fundadoras, corporaciones locales y autonómicas, impositores, empleados e instituciones de interés social.

El que un ayuntamiento o un parlamento regional tengan la potestad de nombrar miembros de un consejo no implica que, necesariamente, tenga que nombrar a alcaldes o concejales para esos puestos. Y lo mismo sucede con los parlamentos autonómicos y sus diputados.

Pero la tentación existe y hay quienes muerden la manzana. Sobre todo en Castilla y León, donde el consejo de Caja Duero y España (es transitorio durante los dos primeros años de la fusión, a la que el Frob inyectó 525 millones) tiene una veintena de cargos de pasado y, en muchos casos, presente político. Aparecen los presidentes de las Diputaciones de León, Isabel Carrasco, y Zamora, Fernando Martínez; diputados autonómicos como Ángeles Armisén (secretaria general del PP de Palencia), y alcaldes, caso del socialista Carlos Martín (Soria), amén de un sinfín de concejales y ex concejales de todos los colores políticos.

La fusión de estas dos cajas fue impuesta por la Junta de Castilla y León, al igual que hizo Alberto Núñez- Feijóo para alumbrar el nacimiento de NovaCaixa Galicia, que recibió 1.162 millones del Frob. Una caja en cuyo consejo se sienta el presidente de la Diputación de La Coruña, Salvador Fernández; parlamentarias como Mar Barcón (PSOE), o ediles del PP, caso de Francisco Caínzos o Cipriano Elías Martínez.

Una proporción similar de cargos públicos tiene Unnim, la pequeña caixa catalana, que solicitó inicialmente una ayuda de 380 millones y baraja pedir otros 150. En su órgano de dirección está Jacint Codina, ex alcalde de Vic; Ignacio Javier Escudero, que fue en las listas de ICV a ese mismo ayuntamiento; dos tenientes de alcalde de Terrassa, Jordi Labòria (PSC) y Manuel Pérez (ICV); el alcalde de Manlleu, Pere Prat (ERC), y la regidora de Alt Camp, Carme Mansilla (CiU).

Por el contrario, Catalunya Caixa ha avanzado notablemente en su despolitización. De estar presidida por el exministro socialista Narcís Serra, ha pasado a tener al frente a Fernando Casado, una persona de un perfil mucho más económico que hasta su nombramiento era director general del influyente Instituto de la Empresa Familiar. La entidad contó con un apoyo público inicial de 1.250 millones de euros y ahora va a pedir otros 1.032 millones.

Habrá que seguir esperando para ver la definitiva despolitización de las cajas de ahorros. Porque es cierto, como apuntan entre estas entidades, que en los consejos de los bancos hay algunos ex políticos (en el Santander, por ejemplo, Isabel Tocino, Abel Matutes o, más antiguo, de la época de UCD, Matías Rodríguez Inciarte), pero son una minoría en órganos de gestión con un perfil mucho más profesional.

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