Los grupos parlamentarios de PSOE, PP y CiU han alcanzado un acuerdo para corregir en el Senado, apenas dos meses después de su convalidación, el decreto ley por el que se reforma la Ley de Organos de Representación de las Cajas de Ahorro (Lorca). Este pacto afecta directamente a las entidades de Castilla y León y , en especial, a la fusión Duero y España. Así, la enmienda consensuada permitirá abrir el abanico para designar el candidato —en principio de «prestigio y leonés»— a presidir la Caja debido a que el «elegido» podría compaginar el nuevo cargo sin renunciar al que tenga en otra empresa. Este aspecto puede hacer más atractiva la presidencia de la fusión a los nombres que se barajan —entre ellos Fernando Becker, ahora en Iberdrola—. El otro aspecto —más de forma que de fondo— permitiría que después de las elecciones autonómicas de 2011 se lleve a cabo el nombramiento de consejeros por cortes y por ayuntamientos en todas las entidades castellano y leonesas. Antes de esa fecha se haría un ajuste para que los consejeros incompatibles con la Ley salgan de la Caja, aunque aún no se ha regulado la fórmula que se utilizará.

Entre otras cuestiones, el acuerdo político evita que los cambios en los órganos de dirección de las entidades, al objeto de ajustarlos a la nueva normativa, provoquen su disolución completa y nuevas elecciones de sus cúpulas directivas. Las tres formaciones han presentado un paquete de cuatro enmiendas conjuntas a la Ley que regula el Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode) que modifican diversos aspectos de la nueva Lorca, a las que ha tenido acceso Europa Press. Así, se cambia «constitución» por «adaptación» en el texto de la disposición, que da un plazo de dos meses para la transición de la asamblea general y los demás órganos de las cajas a la nueva composición que marca la ley tras la salida de los cargos electos, siempre después de la aprobación de los estatutos y reglamentos de las entidades —prevista para enero—.

Los grupos justifican que, al emplearse el término «constitución», refiriéndose a la «adaptación» de los nuevos órganos, cabría interpretar como necesaria la «disolución completa» de los mismos para la formación de otros de nueva planta, mientras que la voluntad de la norma es que las entidades realicen sólo los ajustes precisos para que, con una configuración adaptada a la nueva regulación, los órganos de gobierno puedan continuar operando sin convocar nuevos procesos de elección.

Por otro lado, precisa el principio de que los presidentes de las cajas queden sometidos a un deber de dedicación exclusiva que les impida, entre otras cosas, desempeñar cargos retribuidos en otras entidades, de manera que quede restringido sólo a los presidentes ejecutivos. PSOE, PP y CiU señalan que, con la redacción vigente, los presidentes, al igual que los directores generales, deben tener dedicación exclusiva, lo cual puede suponer una carga excesiva para entidades de menor tamaño y además impide a los segundos simultanear esa función con otros cargos retribuidos, incluidos, por ejemplo, los que pudieran desempeñar en los sistemas institucionales de protección (SIP) constituidos por las propias cajas. Con esta enmienda, según los grupos, se permite la retribución externa de los presidentes de las cajas que, no teniendo carácter ejecutivo en sus entidades, participen en otras actividades.

Otra de las enmiendas fija en un mínimo del 5% de los derechos de voto el porcentaje de representación de las entidades representativas de intereses colectivos, mientras que el máximo será del 10%. Por último, se precisa que los acuerdos de la asamblea general se adoptarán como regla general por mayoría simple de votos de los «concurrentes», recuperando así la redacción previa al decreto de julio para eliminar «cualquier duda» sobre la interpretación del precepto.