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La fusión de las cajas se retrasa hasta la vuelta de vacaciones de la Junta
Villanueva considera «precipitado» autorizar la unión de Caja España y Caja Duero en el Consejo de Gobierno del jueves próximo
La autorización administrativa de la fusión de Caja Duero y Caja España para la formación de la que será la mayor entidad de ahorro con sede en Castilla y León se retrasará al menos hasta la vuelta de vacaciones del Gobierno autonómico, a finales del mes de agosto. El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, aseguró ayer que el escaso lapso de tiempo transcurrido desde la recepción en Economía de la documentación completa impedirá que pueda plantearse la decisión para el jueves próximo, jornada para la que ha sido convocado el último Consejo de Gobierno de este curso político. Los miembros del Gobierno de Castilla y León y el presidente Juan Vicente Herrera se tomarán dos semanas de vacaciones y el primer encuentro después del descanso estival está previsto para el 19 de agosto próximo.
La autorización administrativa de la fusión de Caja Duero y Caja España para la formación de la que será la mayor entidad de ahorro con sede en Castilla y León se retrasará al menos hasta la vuelta de vacaciones del Gobierno autonómico, a finales del mes de agosto. El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, aseguró ayer que el escaso lapso de tiempo transcurrido desde la recepción en Economía de la documentación completa impedirá que pueda plantearse la decisión para el jueves próximo, jornada para la que ha sido convocado el último Consejo de Gobierno de este curso político. Los miembros del Gobierno de Castilla y León y el presidente Juan Vicente Herrera se tomarán dos semanas de vacaciones y el primer encuentro después del descanso estival está previsto para el 19 de agosto próximo.
Villanueva aclaró ayer, en el transcurso de una comparecencia ante los medios de comunicación, que el expediente completo de la fusión hizo su entrada oficial en la Administración autonómica el 14 de julio último. «Tenemos que analizarlo», manifestó.
El titular de Economía reclamó respeto al ejercicio de las competencias del Ejecutivo regional y resaltó que el Gobierno de España aprobó el 13 de julio un decreto ley que modifica de forma sustancial la Ley de Cajas de Ahorro. «El decreto ley que fue ratificado por el Parlamento el día 20 de julio y la corrección de sus errores fue publicada el 19 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE)», recordó Villanueva, quien insistió en que se trata de una normativa «que modifica bastante de la regulación que afecta a este expediente».
El consejero quiso eliminar cualquier duda sobre la actitud de la Junta: «No estamos parados, porque hay que analizar la documentación recibida de acuerdo al decreto ley vigente que modifica de forma importante muchos de los contenidos de estos documentos», por lo que consideró que «sería precipitado y arriesgado autorizar sin el análisis adecuado».
«Que hubiera corrido antes»
Por este motivo, «el trámite de resolución de este expediente es el más importante», por lo que se mostró sorprendido por las declaraciones hechas públicas en los últimos días en los que se reclama premura a los responsables del Ejecutivo regional. «El expediente lo va a resolver la Junta correctamente, con responsabilidad, porque lo que no puede hacer es precipitarse. No lo podemos llevar al Consejo de Gobierno del jueves porque en este momento falta información interna», aclaró. El expediente estaría todavía a falta de que los técnicos de la Consejería redacten los informes finales en los que deberá justificar su decisión el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera para aprobar o no la fusión de las dos cajas de más tamaño de Castilla y León. «Si alguien tenía prisas, que hubiera corrido antes», zanjó Tomás Villanueva.
El anuncio del responsable económico del Ejecutivo de Castilla y León provocó la respuesta del alcalde de León y vicepresidente segundo de Caja España, Francisco Fernández, quien adelantó que los representantes socialistas en los consejos de administración de ambas entidades pedirán una reunión urgente de la Comisión de Fusión de Caja España y Caja Duero para que analice las decisiones que adopta la Junta y, si fuera necesario, pida responsabilidades a esta Administración, incluso que informe al Banco de España, pero entender que «la situación actual es insostenible», dijo Fernández a la Cadena Ser .
Según el regidor leonés, el Gobierno autonómico demuestra que «mira más por los intereses partidistas» del PP que por los de Castilla y León, ya que dio luz verde a proyectos de entidades de ahorro de la comunidad con otras de fuera, pero «cercanas al PP», y «entorpece con argumentos que no son válidos» la fusión de Caja España y Caja Duero. «Hablar ahora de precipitación y arriesgado me parece una locura». Y negó que la Junta no cuente con los datos suficientes para aprobar el expediente.
Al tiempo, solicitó «responsabilidad» porque la demora en la fusión «complica el proyecto, además de perjudicar a los clientes y empleados. Tenemos que dar respuesta a muchas demandas y desafíos y no se puede hacer porque la Junta así lo impide», agregó.
En su opinión, el Ejecutivo autonómico tiene un interés «muy claro de imponer su voluntad» y contar en la presidencia de la entidad resultante con una persona a la que pueda «manejar» y que siga sus directrices. «No quieren una persona ajena a partidos, independiente y que, además, lidere el proyecto de la fusión desde la confianza de los dos consejos», advirtió. Y agregó que esta postura no es solo la del PSOE, sino que la comparten otros representantes y entidades, como el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale), Jesús Terciado, los sindicatos y cualquier asociación «responsable» de la comunidad, salvo la Junta y Herrera, «que algo tendrá que decir», concluyó.
La sección sindical de UGT en Caja España criticó a través de un comunicado de prensa que «la única fusión que ha sido posible en esta comunidad», la de Caja España con Caja Duero, «no termine de materializarse porque alguien esté dilatando los plazos», un hecho que calificaron de «inconcebible».
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