Resolución de la Comisión Ejecutiva de COMFIA CCOO sobre reestructuración del sector financiero

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Resolución de la Comisión Ejecutiva de COMFIA CCOO sobre reestructuración del sector financiero

Las cajas de ahorros tienen que tener garantizado el acceso a instrumentos de capital para garantizar su solvencia. Solvencia que es básica para su viabilidad como entidades financieras y para cumplir con su función social, esto es, proveer de servicios financieros a sus clientes habitualmente los menos favorecidos-, promover el desarrollo económico de los territorios

CajaSur como síntoma.

Con la intervención de CajaSur se ha abierto el epílogo de la primera fase de la reestructuración del sector financiero español, que afecta fundamentalmente a las cajas de ahorros. En dicha intervención se concitan gran parte de los problemas que han caracterizado este desordenado proceso de consolidación de entidades.

La situación de CajaSur no era una sorpresa para las autoridades y supervisores. Se trata de una entidad especialmente expuesta a riesgo inmobiliario, sobre todo promotor, por la que han desfilado cinco directores generales en el último quinquenio y sobre la que el supervisor central viene haciendo un seguimiento de años. Dicho seguimiento no ha impedido que la exposición y crecimiento del riesgo inmobiliario durante la última fase del crecimiento (2002- 2007) se incrementara, al igual que en el resto del sistema financiero. Sin duda, el Banco de España podría haber hecho algo más que fiar la solvencia del sistema a la política de provisiones anticíclicas y lanzar tenues admoniciones acerca del desproporcionado crecimiento del crédito durante dicho periodo.

Asimismo, ante una situación conocida y que requería haber actuado con anticipación y transparencia, se prefirió actuar con parsimonia, como con el resto del sistema financiero, ante la resistencia de las distintas instancias a asumir la situación y las soluciones.

Cuando se estaba en condiciones de atender el problema, por ser tan evidente como grave, se dió un juego de intereses entre débiles-reforzados. Se impuso una solución intraterritorial: preferible para la Junta de Andalucía más que para el Banco de España; a la que Unicaja se acerca con múltiples condicionantes y cautelas para minimizar la contaminación de riesgo e insolvencia; y que no es deseada para la fuerza hegemónica de CajaSur el cabildo catedralicio principal responsable de la situación patrimonial de la entidad.

Para dar cobertura a una injustificable excepcionalidad del Cabildo Catedralicio como entidad fundadora sobre representada amparada en su día por la Ley Financiera- se modifica ad hoc y con urgencia la Ley de Cajas de Andalucía y se desarrolla el proceso como una ficticia fusión voluntaria. En consecuencia, casi un año después de iniciarse el proceso se concluye con un esperpento, CajaSur rechaza la fusión tomando como rehén a la plantilla.

Quedan en evidencia todos los actores. El Banco de España que actúa, finalmente, tarde. - Sin perjuicio de que en un futuro será preciso efectuar una valoración con perspectiva acerca de hasta que punto su actuación en los casos de CCM y Cajasur ha estado vinculada a un proceso de reestructuración del sector de Cajas, bancarizándolo-. La Junta de Andalucía que para acomodar la operación ha terminado haciendo una reforma legislativa inútil. Unicaja por no haber podido concluir con éxito la misma y es la segunda vez que ocurre tras el intento con CCM al llevar al límite la exigencia de condiciones que dilataron el proceso, dando tiempo a la estrategia de los principales administradores de CajaSur que nunca quisieron ni reconocer la situación, ni su gravedad, ni su responsabilidad y mucho menos la solución que se les proponía: la táctica del cumpli-miento. En lontananza el Cabildo acaricia, sin duda, la solución que finalmente se le quiere dar a CCM: reducir la caja a una fundación que tenga un porcentaje de la propiedad de la entidad que puje y gane la subasta de la intervenida CajaSur. Mientras tanto, el Estado ha inyectado 525 millones de euros y el Consejo ha sido sustituidopor administradores designados por el Banco de España, pero la Dirección de la Caja se halla intacta y la plantilla se enfrenta a una suerte tan incierta como inquietante.

Para colmo, la intervención de CajaSur, el 0,6% del sistema financiero español, provoca una seria alteración en la consideración de los mercados hacia ese sistema financiero español, en particular, y la economía española, en general.

El afloramiento de los problemas: la crisis de liquidez

El afloramiento de la crisis subprime en agosto de 2007 produjo el cierre de los mercados interbancarios y una aguda restricción de la liquidez, que alcanzó su climax en octubre de 2008 con la quiebra de Lehmann Brothers. En ese momento los gobiernos de la OCDE decidieron, además de grandes soflamas acerca de la reforma del capitalismo, apuntalar el sistema de pagos con políticas de capitalización con fondos públicos del sistema financiero. Sin duda se corría un gran riesgo moral, socializar las pérdidas sin una verdadera depuración de responsabilidades y, sobre todo, sin sentar unas nuevas bases de reglas y supervisión que impidieran volver a las andadas.

Por esas fechas, COMFIA CCOO ya apuntábamos que iba a ser necesaria una reestructuración de nuestro sistema financiero y para que fuera ordenada se necesitaba reconocimiento del problema, coraje para afrontarlo y consenso para resolverlo, desde el punto de vista laboral con el menor trauma posible y, desde el punto de vista general, con reformas legislativas que incidieran en aspectos regulatorios y de supervisión, así como una reforma de la LORCA que permitiera superar a las cajas limitaciones de su modelo - a la luz de la coyuntura de crisis que se estaba desencadenando -, pero siguiera garantizando su naturaleza jurídica. El objetivo general no era otro que garantizar, por una parte, los depósitos de sus clientes y, por otra, proveer de crédito a la economía de manera que se defendiera el Empleo, con mayúsculas.

Nuestro Gobierno, amparado en la fortaleza de las provisiones anticíclicas y en la no contaminación de nuestro sistema por las inversiones en derivados que empaquetaron las hipotecas subprime norteamericanas, puso en marcha el Fondo de Avales y Adquisición de Activos FAAF - renunciando a otras medidas como la recapitalización que sí hicieron los gobiernos de EEUU, Gran Bretaña, Francia, Alemania o el Benelux, entre otros.

España tenía su propia crisis. Y ésta, en resumen, era la dependencia del ahorro exterior que había financiado nuestra propia burbuja inmobiliaria. Burbuja que en 2007 significaba un saldo de 800.000 millones de euros en bonos hipotecarios del sistema financiero español suscritos por los bancos extranjeros y que tan sólo cuatro años antes representaba la mitad. Cuatro años, pues, de exuberante y enloquecido incremento del crédito y de la inflación de activos inmobiliarios, a los que las entidades no quisieron renunciar, el supervisor no supo controlar y los Gobiernos no quisieron ni mirar. Todo iba bien.

Así, la creación del FAAF y las políticas de garantías de liquidez del Banco Central Europeo garantizaban la atención de los vencimientos de la deuda de las entidades financieras casi un tercio de la misma vencía antes de 2012 -. Pero las entidades no sólo retuvieron parte de esa liquidez para atender sus vencimientos, sino que también reorientaron su actividad crediticia hacia la refinanciación de los préstamos inmobiliarios, particularmente el crédito promotor, y la financiación del sector público, muy necesitado de financiar la expansión de Deuda Pública requerida por los impulsos fiscales de mantenimiento de la Demanda Agregada, prefiriendo la rentabilidad muerta a la financiación de las Pymes

2009, por la morosidad jaque a la solvencia

Este viraje provocó un abrupto cierre del crédito a empresas, sobre todo el crédito al circulante de las PYMES. Ello fue un coadyuvante fundamental para que, con un rápido incremento del cierre de empresas y del Paro, pasáramos de una desaceleración del crecimiento a una abrupta recesión. Y, por lo tanto, que un problema de liquidez en 2008 en el sistema financiero se tornara, en 2009, en una creciente amenaza de solvencia derivada del incremento de la morosidad.

Por ello, finalmente y con casi un año de retraso con respecto a los países de nuestro entorno, se pone en marcha el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario FROB-, cuando ya entidades europeas que habían sido recapitalizadas empiezan a devolver dichas ayudas. CCOO apoyamos la creación del FROB, aunque fuera con esta demora.

De la misma manera entendimos que éste se sometiera a una triple condición, orientada a cubrir lo mejor posible el riesgo moral de emplear dinero público para recapitalizar entidades que han cometido graves errores de gestión. A saber: préstamos a precios de mercado 7,75% mínimo rentan las participaciones preferentes-; plazo de devolución máximo de cinco años y condicionados a que se produzca una reducción del número de entidades por fusión o integración.

Estas condiciones, que se oponen a una política de manguerazo, hubieran sido modélicas de haberse adoptado en su momento octubre de 2008 sin la urgencia del deterioro de la morosidad y hubieran hecho posible tanto la reestructuración ordenada como la fluidez del crédito. Pero la falta de liderazgo del Gobierno y el déficit de autoridad del Banco de España han hecho que, en el caso de las cajas de ahorros, no se alinearan las actuaciones del resto de participantes haciendo que el proceso se desarrollara con grave riesgo del interés general, el de garantizar la viabilidad económica de las entidades resultantes solvencia, eficiencia y rentabilidad - que asegure la fluidez del Crédito y, con ello, tanto el Empleo con mayúsculas como el empleo de las propias entidades, así como la naturaleza jurídica de las cajas.

Nos estamos refiriendo a que el proceso de reestructuración se debería haber acompañado de reformas legales que lo facilitaran. El Gobierno y el Banco de España han preferido, primero, que se produzca la reestructuración, dejando que el paso del tiempo y el deterioro de márgenes actúen como elementos de maduración para vencer resistencias de los diversos grupos participantes en las cajas de ahorros; para después realizar los ajustes legislativos que acomoden lo que al paso haya ido aconteciendo. Algo que estamos constatando en el caso de CCM.

Así, la mayor parte de la fusiones han sido de carácter intraterritorial, lo que, en algunos casos y pese al apoyo de capital público, hace pensar que bien por dimensión bien por solapamiento de estructuras, no vaya a ser la reestructuración definitiva.

En cuanto a las uniones interterritoriales, con la excepción de CajaSol-Caja Guadalajara, ante la resistencia de las autoridades autonómicas a autorizar fusiones interregionales, se está optando por la creación de Sistemas Institucionales de Protección SIP- entre cajas de distintas comunidades autónomas, lo cual abre no pocos interrogantes:

Primero, en dichas integraciones no se producen a corto plazo sinergias de ahorro de costes de estructura, se mantienen las distintas direcciones gerenciales y todos los órganos de gobierno, además de los de la sociedad central. Segundo, derivado de lo anterior está cuestionada la unidad de gestión, y ya sabemos lo eso significa porque recordamos las

dificultades de dirección de lo que fue la antigua banca federada pública. Tercero, su conformación se está desarrollando por vía de urgencia ante el agotamiento de los plazos para acceder al FROB, lo que genera inquietud sobre si estas uniones cuentan con un patrón de negocio eficiente y sostenible. Cuarto, su amparo normativo es, como mínimo, peculiar y expuesto a interpretaciones de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Y, por último, el hecho de que la entidad de crédito preferida por Banco de España y gestores, como instrumentación de la sociedad central de los SIPs, sea un Banco y no una Caja, comporta un riesgo de privatización evidente, así como una asimetría con la Banca que no hará sino aflorar indeseables tensiones entre ambos sectores.

2010, aparecen los problemas de rentabilidad

Mientras tanto las cuentas de resultados vienen lastradas por el principal problema del sistema financiero español y de nuestra economía: el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Por una parte, el grueso del negocio recurrente se halla ligado al devenir de la cartera de créditos concedidos que tienen una baja rentabilidad, primero por la coyuntura de tipos de interés que seguirán siendo bajos durante una temporada. Segundo, porque al estar sometida a refinanciación una parte de esa cartera, no se pueden apuntar como ingresos financieros los obtenidos de préstamos que no amortizan el principal. Una parte de esos créditos, además, se han convertido por dación de pago en activos adjudicados a los que no se les saca rentabilidad alguna porque las entidades financieras prestan dinero, no activos inmobiliarios al menos hasta ahora- y, si se materializa su venta, se hace con quitas importantes, lo que se suele traducir en realización de pérdidas. Por otra parte, mientras siga la situación de débil crecimiento económico, la rentabilidad del crédito futuro no parece que vaya a compensar los problemas de rentabilidad de la cartera histórica.

Por el lado del pasivo la cosa no parece más halagüeña. La reciente guerra del pasivo ha encarecido el mismo y estrechado los márgenes de negocio y dicha guerra responde casi a partes iguales al interés de ocupar cuota por parte de las entidades más fuertes como por asegurarse liquidez ante los cercanos y grandes vencimientos de deuda de las entidades.

La subida de tipos de la deuda pública española también incide en problemas de rentabilidad para aquellas entidades que durante el año pasado colocaron su inversión en bonos públicos a tipos inferiores y que hoy ven como esa cartera ve menguado su valor.

Por último, la reciente modificación normativa del Banco de España sobre dotaciones hace que, el reconocimiento de pérdidas latentes en la cartera de préstamos morosos y la mayor dotación para insolvencias, lastren definitivamente la rentabilidad a corto plazo y aceleren el proceso de concentración. Y no sólo para las cajas de ahorros.

Más allá de la coyuntura

Así pues, hemos visto como se encadenan problemas de liquidez, solvencia y rentabilidad, y como éstos afectan más a las cajas de ahorros, fundamentalmente porque siendo el 50% del mercado tienen el 60% del crédito inmobiliario.

El sector inmobiliario genera un problema coyuntural muy importante para el que se ha articulado una solución temporal: el FROB, cuyo plazo de vigencia, según todo apunta, no va a ser ampliado aunque fuera conveniente para no tener que ser testigos de integraciones a la carrera carentes de criterios de negocio; y aunque ésta ampliación se anunciara casi a término del plazo para que las entidades que teniendo que acogerse no lo hagan sólo por posponer la decisión a la siguiente última hora. Además este tipo de ayudas públicas sólo están abiertas en España y la UE ya expresó sus reparos a mantenerlas abiertas siquiera seis meses más.

Más preocupante sería que la auténtica razón para no prorrogar su vigencia esté en las dificultades para la emisión de nueva Deuda Pública a la que España se está viendo sometida desde que se manifestó la crisis griega y ante la perspectiva de tener que renovar casi 25.000 millones de euros en julio de este año.

Pero sea por la conveniencia de no dilatar la reestructuración, por los recelos de la UE a autorizar una ampliación de plazos o por dificultades de emisión, lo que si parece es que la capitalización de entidades con dinero público está tocando a su fin y, sin embargo, va a haber, hay ya, una necesidad estructural de capital.

Por una parte, porque los resultados de este año y los siguientes no van a ser lo suficientemente importantes como para hacer acopio de Reservas mediante la no distribución de Beneficios. Pero además, y esta es la razón más estructural, porque las normas internacionales que apunta Basilea III van a ser más exigentes en la necesidad de mantener unos niveles mínimos de capital de primera categoría, core capital, más altos que los actuales, cercanos al 8%.

Y esa capitalización es básica para garantizar la solvencia de las entidades y la activación del multiplicador del dinero bancario, es decir del Crédito, imprescindible para la reactivación económica.

Pero además de esa capitalización estructural, es más que probable que haya que poner en marcha medidas que desapalanquen nuestra economía sin que ello suponga una quiebra de la confianza en el pago de esa deuda. Y que ese desapalancamiento lo haga la parte privada, y más concretamente el sistema financiero. Nos referimos a cuestiones que ya apuntábamos en febrero de 2009, por ejemplo, cómo dar salida al stock inmobiliario, viviendas, suelo, etc,... y que una adecuada concertación del interés privado con el interés público y social, sin riesgo moral, libere parte del balance de las entidades financieras para que también con este tipo de medidas se ayude a la reactivación del crédito.

La tesitura de las cajas de ahorros

La necesidad coyuntural, ligada a su mayor exposición inmobiliaria, y esta necesidad estructural expuesta es lo que más amenaza a las cajas de ahorros, pues no cuentan con instrumentos que garanticen la igualdad de condiciones para reforzar su capital, más allá de destinar a Reservas gran parte de sus beneficios históricamente ha representado de media el 75% de los mismos- o promover fusiones con cajas más solventes.

Ésta es la oportunidad que estaban esperando todos aquellos que quieren apropiarse las cajas de ahorros, bien porque quieran deshacerse de un rocoso competidor, bien porque quieran hacerse con sus participaciones empresariales, bien porque prefieran ser sus dueños que sus clientes... y ligan naturaleza jurídica a la limitación normativa para acceder a Instrumentos de capitalización.

CCOO ha de reivindicar que la reforma de la LORCA acabe con esa visión interesada. Las cajas de ahorros tienen que tener garantizado el acceso a instrumentos de capital para garantizar su solvencia. Solvencia que es básica para su viabilidad como entidades financieras y para cumplir con su función social, esto es, proveer de servicios financieros a sus clientes habitualmente los menos favorecidos-, promover el desarrollo económico de los territorios

donde estén implantadas y devolver a la Sociedad un dividendo sobre sus Beneficios en forma de Obra Social.

Y para que sigan siendo lo que son debe haber una unidad de empresa entre lo que es la entidad financiera y su carácter fundacional, siendo administrada por la representación de sus grupos de interés, representantes laborales, representantes sociales, representantes de los ciudadanos y representantes de sus clientes. Y éstos administradores lo deben ser también de las empresas filiales de las cajas y de los grupos de empresas en las que éstas participen como entidades dominicales.

En definitiva, frente al planteamiento de fondo que algunos defienden en orden a sustituir la propiedad social por capital, como si fuese una concatenación de ideas lógica e indiscutible, desde COMFIA CCOO afirmamos que los objetivos de capitalización de las cajas y de mantenimiento de su propiedad social son perfectamente conciliables: Las cajas deben reforzarse justamente para seguir siendo de la sociedad, y no para pasar a ser de unos pocos.

Reforma de la LORCA

Partiendo de las propuestas incluidas en el documento aprobado por la Ejecutiva Confederal en junio de 2009, de cara a la anunciada reforma de la LORCA, COMFIA CCOO estima que deben contemplarse los siguientes aspectos:

Alianzas. Debe haber un desarrollo específico de los Sistemas institucionales de Protección de cajas de ahorros SIP-, que oriente tanto los que se hayan puesto en marcha, como los que pudieran crearse en el futuro. Por ello, debe establecerse que la sociedad central del SIP sea una entidad filial de las cajas, administrada por los representantes de sus órganos de gobierno, y que adopte la figura de caja de cajas o agrupación de cajas, o bien que dicha sociedad central sea una de las cajas participantes del SIP, tal y como prevé el Decreto 6/2010, de 9 de abril, en su artículo 25.d.ii.

Alternativa y subsidiariamente, se podría utilizar por analogía el modelo de grupos cooperativos en el que los SIPs encajan de manera natural, como se está plasmando en el caso de CajaMar o RuralCaja y que cuenta en Europa con experiencias sólidas y positivas: Credit Agricole en Francia, Rabobank en Holanda o DZ Bank en Alemania y Austria. Es por ello que nos oponemos, por contraproducente y contradictorio en sus términos, a que las sociedades centrales de los SIPs sean bancos al uso.

Con ello se debe asegurar que dicho SIP, más a corto que a medio plazo, funcione como una sola entidad, garantizándose la unidad gerencial y, desde el punto de vista del gobierno corporativo, contemple un exhaustivo control de la política de remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno y de los directivos.

Participaciones de capital. Tanto el Gobierno como el primer partido de la oposición, así como la CECA, están resueltos a modificar la regulación de las cuotas participativas, dotándolas además de derechos políticos. En este punto, estas participaciones de capital, a las que siempre hemos sido refractarios en CCOO, deben seguir contando en cualquier caso con las limitaciones actuales en cuanto a la naturaleza de sus tenedores y al porcentaje que éstos puedan acumular individualmente.

Además no deben ser obligatorias, es decir, se emitirían cuando lo estime oportuno la entidad y no por imperativo legal, dejando también a criterio de la entidad si la emisión incluye o no derechos políticos en caso de que se arbitren legalmente. Y, en todo caso, además de las limitaciones en cuanto a la participación en los distintos órganos de gobierno, nunca deberían estar representadas en función del porcentaje emitido sobre el

total del capital, sino constituir un subgrupo dentro de los representantes de los clientes, sometidos a una horquilla mínima y máxima en función del volumen que se emita y cuya posición no pueda bloquear la adopción de acuerdos de mayorías cualificadas.

Supervisión. Como recogíamos en el documento de la CS de CCOO del 29 de abril de 2009, la reforma de la LORCA debe garantizar que la supervisión financiera, las competencias en materia de disciplina e intervención y la vigilancia del Gobierno Corporativo, transparencia en mercados de valores, etc.,... se realice en igualdad de condiciones para todos los operadores financieros (Banca, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito). Esto es, fundamentalmente por el Banco de España y, en su caso, por la CNMV. Ello sin perjuicio de las competencias que en materia de tutela tienen las Comunidades Autónomas.

RSE y Buen Gobierno. Como también recogíamos en el documento citado, la reforma de la LORCA debe seguir reforzando un funcionamiento de los Órganos de Gobierno de las cajas bajo los principios de rentabilidad, profesionalidad, eficiencia y responsabilidad social; intensificando el control y vigilancia de la gestión de la entidad y de empresas filiales y/o participadas; la política de retribuciones de altos directivos, el endurecimiento del régimen sancionador de exigencia de responsabilidades sobre los gestores; e incorporar plenamente criterios de Responsabilidad Social Empresarial en los Códigos de Buen Gobierno, etc.

Y en las Cajas Rurales ...

En el sector de las Cajas Rurales se está desarrollando varios procesos de integración empresarial mediante la utilización también el modelo SIP. Aunque los problemas son de distinta índole.

Aprovechando la figura del grupo cooperativo, cooperativa de 2o orden, Cajamar y Ruralcaja han agrupado a su alrededor a un número variado de cajas rurales de tamaño pequeño y mediano.

Paralelamente, se están concretando dos Sistemas Institucionales de Protección que podrían agrupar al resto de cajas rurales.

Uno de estos dos SIP está conformando por unas 20 cajas, con las cooperativas de crédito de tamaño provincial, liderado por Navarra, Granada, Rural de Sur y Asturias, y en el que se encajaría también Ruralcaja con su Grupo Cooperativo.

El otro aglutinaría a las cajas de tamaño pequeño y mediano alrededor de las cajas rurales de Toledo, Ciudad Real e Ipar Kutxa.

Desde Comfia-CCOO vamos a apoyar estos procesos siempre que aporten viabilidad, solvencia y garantice el empleo y las condiciones de trabajo.

Comfia-CCOO se dirigirá a las entidades promotoras de tales asociaciones para constituir, con carácter previo a la constitución del SIP o Grupo Cooperativo, la Mesa laboral que concrete los protocolos de empleo y homologación de condiciones. Estos procesos no deben de servir para provocar abaratamiento de costes por la vía de segregar servicios comunes a través de AIE, que aunque justificadas desde el punto de vista fiscal, no hay razón alguna para que sus condiciones de trabajo no se vean reguladas por el Convenio de Cooperativas de Crédito y por las condiciones específicas acoradas para cada Grupo Cooperativo o SIP.

Mientras tanto...

Este es nuestro diagnóstico de la situación y éstas nuestras aportaciones a la solución. Podrán tener mucho o poco recorrido en su plasmación normativa. Si no se tuvieran en cuenta y con ello se perjudicara a las plantillas y/o a la Sociedad estaremos enfrente, dispuestos a defender los derechos laborales, singularmente el empleo, y la función social y la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros.

Y mientras tanto, COMFIA CCOO nos vamos a seguir ocupando de colaborar en la viabilidad de las empresas, para garantizar el empleo y resto de condiciones de trabajo:

Renovando protocolos de empleo y acordándolos en las nuevas entidades.

Exigiendo acuerdos laborales previos a la fusión o integración de entidades.

Garantizando que los marcos laborales en los SIPs son los correspondientes al convenio colectivo de las entidades que los conforman, evitando que la mejora de eficiencia se haga a costa de rebajar los derechos laborales.

Asegurando el empleo, mediante protocolos de garantías con la entidad adquiriente, en los casos de venta parcial de activos y/o redes.

En definitiva, haciendo valer la experiencia y el saber acumulados en treinta años de reestructuraciones en el sector financiero.

Madrid, 9 de junio de 2010

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