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CC.OO. exige de la Junta andaluza un fondo de pensiones para los empleados públicos

El fondo de pensiones acogería a unos 208.900 empleadas y empleados públicos andaluces. De los cuales 83.000 serían funcionarios docentes, 21.000 corresponderían a personal laboral, 78.000 sería personal estatutario de la sanidad, 20.800 funcionarios de administración general y 6.100 personal de Justicia.


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Tras la firma recientemente en Madrid de un Acuerdo en el que se recoge la continuidad de los planes de pensiones para las empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado establecidos desde hace varios años, CC.OO. considera una grave discriminación para los trabajadores dependientes de la Junta de Andalucía que esta se niegue rotunda y continuadamente a que las empleadas y empleados públicos andaluces disfruten de la posibilidad de contar con planes de pensiones complementarios a la jubilación, de modo que los salarios a percibir entonces se asemejen a los que se perciben en activo.

«Desde la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, ha manifestado José Campos, su Secretario General, exigimos a la Consejera de Justicia y Administración Pública que inicie ya la negociación del Capítulo I de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2005, e incluya en la misma las cantidades necesarias para la creación de un Fondo de Pensiones del cual se beneficie todo el personal de la Junta de Andalucía. Insistimos además en que el propio Presidente de la Junta se implique en ello para eliminar así otra discriminación más que se da en Andalucía con respecto a otras Comunidades Autónomas, porque nuestras demandas al respecto durante varios años han caído siempre en saco roto y han sido ignoradas de la manera más absoluta.»

Mediante este Fondo de Pensiones pretendemos que se cree un plan complementario de pensiones, al igual que existe en la Administración del Estado y en otras Comunidades Autónomas, que permita ejercer el derecho a las empleadas y empleados públicos de la Junta de Andalucía a percibir rentas por jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad, etc., complementarias a las que corresponda percibir sea por el régimen general de la Seguridad Social, sea por MUFACE.

El fondo de pensiones acogería a unos 208.900 empleadas y empleados públicos andaluces. De los cuales 83.000 serían funcionarios docentes, 21.000 corresponderían a personal laboral, 78.000 sería personal estatutario de la sanidad, 20.800 funcionarios de administración general y 6.100 personal de Justicia.

Por todo ello, reiteremos a la Consejera de Justicia y Administración Pública nuestra demanda de que convoque cuanto antes la Mesa General de la Función Pública, a fin de que se lleve a cabo con tiempo suficiente la negociación y no sea luego el ritmo impuesto por la tramitación parlamentaria del Presupuesto el que limite recortando la duración de la misma.

Asimismo –concluye José Campos-, le anunciamos que vamos a iniciar una campaña explicativa en los centros de enseñanza andaluces, mediante la que además tenemos el propósito de recoger 100.000 firmas entre los empleados públicos de Andalucía para demostrar que es una reivindicación colectiva la exigencia de acabar de una vez con esta discriminación.

Andalucia 24 Horas, 30 de Septiembre de 2004

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