Las Cortes cierran la puerta al pacto de alguna caja con las de otra región

PP, PSOE y leonesistas aprueban un cambio en la ley que hoy entra en vigor y que obliga a que la operación tenga el visto bueno de la Junta

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Menos de 24 horas. Pocas veces han visto los salones de las Cortes de Castilla y León acuerdos con tanta unanimidad y tan poco tiempo de discusión. Partido Popular, PSOE y el grupo leonesista lograron ayer un acuerdo para modificar la Ley de Cajas. El acuerdo unánime conseguido ayer por la mañana se encuentra ya recogido hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León y convertido en norma en vigor. Su contenido bloquea la posibilidad de que cualquiera de las seis cajas de ahorro radicadas en Castilla y León se aventure en proyectos de colaboración y alianza con entidades situadas fuera de la comunidad autónoma.
Hasta ahora, cualquier posibilidad de fusión con otras cajas de las castellanas y leonesas exigía de la autorización de la Junta de Castilla y León. Desde hoy, una vez en vigor la modificación aprobada ayer, también requiere del visto bueno de la autoridad económica de la comunidad autónoma cualquier proyecto de integración, como por ejemplo el que estudiaba Caja de Burgos para formar un grupo denominado Banca Cívica, junto con Caja de Navarra, Caja Canarias y la balear Sa Nostra.
Este grupo, similar al denominado Grupo Cajas Castilla y León que en su día propuso la Junta para las cajas de la comunidad, une los negocios exteriores de las integradas y las refuerza mediante un Sistema Integral de Protección de Liquidez y Solvencia (SIP), un proceso que permite a cada partícipe mantener su propia estructura en el territorio, su obra social diferenciada y su consejo de administración al frente de la entidad.
La modificación aprobada ayer se hallaba incluida entre las enmiendas que se añaden año tras año a la Ley de Medidas Financieras, conocida como Ley de Acompañamiento, que se añade a la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad. Pero el proceso se aceleró el miércoles después de que el presidente de Caja de Burgos, José María Arribas, informara a la Junta de que el consejo de administración extraordinario que la caja celebrará esta tarde incluía en su orden del día la autorización al presidente para iniciar la preparación de acuerdos con la caja navarra, la canaria y la balear.
Así que, ayer, los portavoces parlamentarios aceleraron el proceso mediante la aprobación de una enmienda que agrega la necesidad de obtener la autorización no sólo para las fusiones, sino también «las adhesiones de las cajas de ahorros a un sistema institucional de protección acordadas por los respectivos consejos de administración con posterioridad al día 4 de diciembre del 2009». La inclusión de esta fecha, indicaron ayer fuentes del Parlamento autonómico, se debe a que es fue el momento en el que PP y PSOE pactaron en la Comisión de Hacienda esta enmienda. Como la Ley de Acompañamiento entra en vigor el 1 de enero, la enmienda aprobada ayer incluye una nueva modificación, de manera que la disposición final décima establece «La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero del 2010, con la excepción de las modificaciones de los artículos 21 y 51 del Texto Refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León previstas en la disposición final séptima, que entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León» o sea, hoy viernes, 18 de diciembre.
Instrumento de control
Fuentes de la Junta indicaron ayer que la existencia de esta nueva normativa no supone de inmediato la negativa de la Junta a cualquier iniciativa de cajas de la comunidad con otras de fuera de Castilla y León. «Se limita a dotar al Gobierno, encargado de la vigilancia del sistema financiero de la comunidad, de un instrumento más de control», precisaron desde el Ejecutivo autonómico.
El parlamentario del PP Jesús Encabo, por su parte, precisó que el contenido ha sido pactado por los grupos políticos «con el oportuno asesoramiento jurídico», para que puedan plantearse dos velocidades de puesta en vigor de la normativa, una rápida, hoy mismo, que se adelanta de esta forma a la toma de decisiones de la caja municipal burgalesa y que exigirá que el acuerdo de integración en el Grupo Banca Cívica requiera de la revisión por la autoridad económica de Castilla y León.
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, almorzó la semana pasada en Valladolid con José María Arribas, acompañado del vicepresidente segundo y consejero de Economía, Tomás Villanueva, para conocer las intenciones de Caja de Burgos después de que hace un mes el consejo de administración de la entidad rechazara la fusión con Caja España y Caja Duero, que ahora continúan el proceso por su lado. Herrera y Villanueva insistieron ante Arribas que cualquier propuesta debía centrarse en las cajas de la comunidad, sin que la posible integración con Caja Segovia y Caja de Ávila, las otras dos cajas que siguen negándose a la operación conjunta, resultara suficiente para la decisión del Ejecutivo de reforzar «el músculo financiero» de la comunidad.

JULIO G. CALZADA | VALLADOLID.

El Norte de Castilla

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