Archivado en Comunicados, Prevision Social

El Gobierno quiere evitar que los convenios anticipen la jubilaci贸n


Acepta que las empresas puedan pactar la retirada de los trabajadores, pero nunca antes de los 65 a帽os y siempre que sea para crear empleo. El Ejecutivo pretende que esa sea la edad real de jubilaci贸n de los trabajadores.


pdf
print
pmail
El Gobierno ha puesto dos condiciones, fundamentalmente, para permitir que las empresas puedan pactar en sus convenios la jubilaci贸n 聯forzosa聰 de los trabajadores y 聯por razones que afecten al sector聰. La primera es que, en ning煤n caso, los acuerdos laborales autoricen el retiro de los empleados antes de los 65 a帽os, y que esta medida se adopte como forma de crear empleo; es decir, con la sustituci贸n de los empleados de mayor edad por j贸venes que ingresen en la empresa.

El Ejecutivo respondi贸 ayer as铆 a la situaci贸n creada en la negociaci贸n colectiva por la hist贸rica sentencia del Tribunal Supremo, del pasado marzo, adelantada por EXPANSI脫N. En el fallo, el alto tribunal prohibi贸 que los convenios obligasen a los trabajadores a jubilarse a determinada edad.

En s铆ntesis, el voto mayoritario de la sentencia hizo hincapi茅 en que la reforma laboral de 2001, con el Gobierno del PP, suprimi贸 la autorizaci贸n a los convenios para pactar una edad de jubilaci贸n.

Por lo tanto, ante la falta de una regulaci贸n espec铆fica prevalece el derecho fundamental de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin discriminaci贸n alguna por cualquier circunstancia. Por 煤ltimo, la sentencia resalt贸 que, de acuerdo con la Carta Magna, el Estatuto de los Trabajadores tambi茅n declara nulas y sin efecto las cl谩usulas de los convenios que contengan discriminaciones por razones de edad. Por esta raz贸n, el secretario general de Empleo, Valeriano G贸mez, dijo que la reforma se har谩 聯sin perjuicio de los derechos individuales聰 del trabajador.

Convenios paralizados

La primera consecuencia de la sentencia fue la paralizaci贸n de unos 600 convenios en toda Espa帽a, seg煤n dijo ayer Toni Ferrer, secretario de Acci贸n Institucional de UGT. La raz贸n es que el fallo del Supremo tambi茅n afecta a la negociaci贸n de los convenios que terminaban su vigencia despu茅s de abril de 2001, cuando entr贸 en vigor la reforma laboral. En segundo lugar, la decisi贸n del alto tribunal ha hecho que el ministerio de Trabajo suspenda la inscripci贸n de todos los acuerdos que conten铆an esta cl谩usula de jubilaci贸n obligatoria de los trabajadores a partir de determinada edad.

Por todas estas razones, y para evitar el 聯empantanamiento聰 de la negociaci贸n colectiva, el Ejecutivo decidi贸 abrir ayer con esta cuesti贸n el di谩logo social con la patronal y los sindicatos. Adem谩s, y por los mismos motivos, la devoluci贸n de esta potestad sobre la jubilaci贸n de los trabajadores es una de las cuestiones del di谩logo social en la que es m谩s f谩cil el acuerdo entre la patronal y los sindicatos. De hecho, con la reuni贸n de ayer el Ejecutivo responde a una solicitud que la patronal y los sindicatos le hicieron al respecto antes de las vacaciones.

Ahora bien, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jes煤s Caldera, dej贸 claro que el Ejecutivo quiere 聯incentivar la prolongaci贸n de la vida laboral para que haya carreras m谩s largas de cotizaci贸n -contribuci贸n- a la Seguridad Social聰. En este camino, Caldera defendi贸 la necesidad de que la jubilaci贸n real en Espa帽a sea como m铆nimo a los 65 a帽os, que es la edad legal para hacerlo con todos los derechos, y no a los 62,5.

Esta es la consecuencia de los procesos de prejubilaciones -desde los 52 hasta los 61 a帽os- y de jubilaci贸n anticipadas -entre los 61 y los 64 a帽os- que han llevado a cabo las empresas desde la d茅cada de los a帽os ochenta para rejuvenecer y reducir plantillas. En declaraciones a Radio Nacional, asegur贸 que el Gobierno llegar谩 en los cambios de la edad de jubilaci贸n 聯hasta donde haya consenso social聰.

El Ejecutivo abord贸 tambi茅n con la patronal y los sindicatos el traslado a la legislaci贸n espa帽ola de la directiva de la UE sobre los derechos de los trabajadores en las empresas que tienen centros de trabajo en varios pa铆ses comunitarios.

Los sindicatos CCOO y UGT consideran vital el traslado a la legislaci贸n espa帽ola de esta directiva y este reglamento, que recoge la representaci贸n de los trabajadores en los Consejos de Administraci贸n de estas compa帽铆as. La norma tambi茅n obliga a las empresas a proporcionar mayor informaci贸n a los sindicatos sobre la gesti贸n. La patronal CEOE confi贸 en la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre todos estos aspectos 聯a muy corto plazo聰.

Expansion, 08/09/04