Archivado en Noticias, Salud Laboral

CCOO Asepeyo

La Justicia ordinaria ignora la protecci贸n constitucional de las embarazadas.


El Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace caso omiso de la doctrina constitucional de protecci贸n de las embarazadas ante el despido, seg煤n la cual la rescisi贸n del contrato es nula aunque la empresa desconozca el estado de gestaci贸n.



pdf
print
pmail

09-12-2008 -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nulo el despido de una trabajadora en estado de gestaci贸n. Hasta ah铆, un caso como muchos otros que se ventilan en los tribunales. Ninguna novedad. La relevancia llega en los razonamientos jur铆dicos de la sentencia. Los magistrados Juan Jos茅 Navarro, Jos茅 Ignacio de Oro-Pulido (ponente) y Concepci贸n Ureste ignoran por completo la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional al exigir 聯que el empresario conozca el embarazo para que se pueda calificar como nulo el despido de la mujer embarazada聰.

Este razonamiento va directamente en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 21 de julio de 2008, de la que fue ponente la presidenta Mar铆a Emilia Casas, que estableci贸: 聯La nulidad del despido tiene un car谩cter autom谩tico [...], sin contemplar requisito espec铆fico alguno, ni de comunicaci贸n previa del embarazo al empresario, ni de conocimiento previo por parte de 茅ste, por cualquier otra v铆a, del hecho del embarazo聰.

A ojos de Pilar Cavero, socia de Cuatrecasas, el Constitucional entiende 聯que los despidos de las trabajadoras embarazadas son nulos objetivamente, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) exige para la nulidad que el empresario sea consciente del estado de gestaci贸n de la demandante聰.
Otro abogado va m谩s all谩 y explica que probablemente 聯estamos ante un conflicto entre la justicia ordinaria y el Constitucional聰.

No es posible, seg煤n este letrado, 聯que los magistrados no hayan le铆do la sentencia del Tribunal Constitucional. Tal vez el TSJM se niega a aplicar la doctrina constitucional y, sin llegar a decirlo expresamente, la ignora, porque considera que el m谩ximo int茅rprete de la Constituci贸n se ha extralimitado de sus funciones al entrar a valorar un precepto de legalidad ordinaria como el art铆culo 55.5.b del Estatuto de los Trabajadores聰.

Obligaci贸n del juez
Hay que recordar, adem谩s, que todos los juzgados y tribunales tienen la obligaci贸n de aplicar la constituci贸n y las leyes 聯conforme a la interpretaci贸n que resulte de las resoluciones dictadas por el Constitucional en todo tipo de procesos聰, seg煤n establece el art铆culo 5 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial.

La Justicia, por tanto, podr铆a estar ante un conflicto de competencias como el que enfrent贸 en febrero al Tribunal Supremo con el Constitucional, a cuenta de la interpretaci贸n de la figura de la prescripci贸n penal en el caso Urbanor. Entonces, hubo reproches mutuos entre las dos m谩s altas autoridades jurisdiccionales del Estado. Habr谩 que ver a d贸nde llega en esta ocasi贸n. [Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 13/11/08, recurso 3830/08, y del Tribunal Constitucional del 21/07/08, asunto 92/08].

Una sentencia que rompi贸 moldes
La sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2008 rompi贸 moldes respecto a la doctrina tradicional de protecci贸n de las embarazadas ante el despido. Hasta entonces, se consideraba nulo el despido s贸lo si el empresario conoc铆a el estado de gestaci贸n. El int茅rprete constitucional entendi贸, sin embargo, que el Estatuto de los Trabajadores no exig铆a tal conocimiento por parte de la compa帽铆a para que el despido fuese nulo. La resoluci贸n estuvo rodeada de pol茅mica. Fuentes jur铆dicas afirman a EXPANSI脫N que es 聯posible que el TC se excediera en sus competencias para pasar a interpretar la legislaci贸n ordinaria聰.

Mercedes Serraller / Diego Torres

Expansion

 Opina en nuestro blog

 [VISITA NUESTRA P脕GINA]