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Las empresas tienen 100 días para adaptarse a la nueva Ley de Protección del Informante
El 20 de febrero, el Congreso aprobó la ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción.
Una vez entre en vigor, la ley establece que entes públicos y privados deben implantar un canal de denuncia en un plazo máximo de tres meses, que expirará antes de mediados de junio.
Se trata de una normativa que, en consonancia con las exigencias de la Unión Europea, busca regular la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción en el ámbito privado y público.
Los principales puntos de la nueva ley, como son:
- Proporcionar accesibilidad y facilidad de uso para los denunciantes.
- Anonimato y confidencialidad asegurados.
- Protección contra posibles represalias hacia los denunciantes.
- Posibilidad de enviar denuncias de forma segura y encriptada.
- Capacidad para recibir denuncias en diferentes idiomas.
- Seguimiento y registro de las denuncias recibidas.
- Notificación de recibido y de seguimiento de la denuncia al denunciante.
- Facilitar la comunicación directa y confidencial entre el denunciante y el responsable del canal de denuncias.
- Posibilidad de realizar una investigación interna a partir de la denuncia.
- Registro y documentación de las medidas tomadas para dar solución a las denuncias recibidas.
- Garantía de que el canal de denuncias no será utilizado para fines fraudulentos o con otros propósitos.
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