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Proyecto de Ley sobre informaci贸n y consulta de los trabajadores


CCOO valora el Proyecto de Ley sobre informaci贸n y consulta de los trabajadores y en materia de protecci贸n de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia empresarial


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El pasado 2 de febrero el Consejo de Ministros aprob贸 el Proyecto de Ley de modificaci贸n del Estatuto de los Trabajadores para adaptar la legislaci贸n nacional a la Directiva 2002/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la informaci贸n y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, y a la Directiva 2002/74/CE, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la protecci贸n de los asalariados en procedimientos de insolvencia, tanto en procedimientos no liquidatorios como en procedimientos transnacionales de insolvencia.

Con la aprobaci贸n del Proyecto de Ley y su presentaci贸n a las Cortes, se inicia el tr谩mite parlamentario que, en su conclusi贸n, aportar谩 una serie de modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, algunas de ellas de singular importancia.

Estas dos Directivas europeas deber铆an haber sido transpuestas al ordenamiento nacional en el a帽o 2005, pero no fue hasta el 2006 cuando el Gobierno present贸 el primer Anteproyecto de Ley a las Confederaciones sindicales y empresariales en el marco del Di谩logo Social y en un procedimiento de consulta en lugar de abrir una mesa de negociaci贸n, como estaba comprometido en la Declaraci贸n para el Di谩logo Social, de 8 de julio de 2004, lo que dio lugar a una carta de la C. S. de CC.OO., de fecha 7 de abril, en la que transmiti贸 al M潞 de Trabajo y Asuntos Sociales su disconformidad por el tr谩mite elegido por el Gobierno para proceder a efectuar las citadas transposiciones. 

En el tr谩mite de consultas, las propuestas de modificaci贸n al Anteproyecto que realiz贸 Comisiones Obreras fueron asumidas en gran medida, mejorando cualitativa y t茅cnicamente el contenido inicial del Anteproyecto. Posteriormente, el Anteproyecto, con los cambios introducidos, fue sometido a dictamen del Consejo Econ贸mico y Social y del Consejo de Estado, 贸rganos consultivos que tambi茅n han hecho aportaciones asumidas por el Gobierno en el texto del Proyecto de Ley.

El Proyecto de Ley va a modificar, principalmente, dos art铆culos del Estatuto de los Trabajadores; el art. 64, que regula las competencias de los 贸rganos de representaci贸n de los trabajadores y el art. 33, que regula el Fondo de Garant铆a Salarial.

Las dos Directivas europeas tienen contenidos muy relevantes para la armonizaci贸n de derechos laborales en los pa铆ses comunitarios. En Espa帽a, una buena parte de los contenidos, sobre todo en materia de informaci贸n y consulta, ya estaban incorporados en nuestra norma legal y en algunos aspectos incluso con mayores garant铆as, aspectos que se mantienen dado que una de las premisas de las Directivas en materia laboral es que prevalece el derecho nacional en caso de resultar m谩s favorable para los afectados. Otros aspectos han tenido que ser adaptados para recoger lo estipulado en las Directivas europeas.

En materia de informaci贸n y consulta los aspectos m谩s novedosos y relevantes son las definiciones de los derechos de informaci贸n y consulta; las indicaciones, suficientemente precisas, de c贸mo se deben realizar estos dos procedimientos y el derecho de consulta en relaci贸n con la situaci贸n econ贸mica de la empresa o de la evoluci贸n de sus actividades cuando tengan repercusi贸n sobre el empleo as铆 como sobre las medidas que la empresa vaya a adoptar al respecto.

Definiciones y forma de realizaci贸n de los procedimientos de informaci贸n y consulta

Art.64.1 聯Se entiende por informaci贸n la transmisi贸n de datos por el empresario al comit茅 de empresa, a fin de que 茅ste tenga conocimiento de una cuesti贸n determinada y pueda proceder a su examen. Por consulta se entiende el intercambio de opiniones y la apertura de un di谩logo entre el empresario y el comit茅 de empresa sobre una cuesti贸n determinada, incluyendo, en su caso, la emisi贸n de informe previo por parte del mismo聰.

Art.64.5 聯La informaci贸n se deber谩 facilitar por el empresario al comit茅 de empresa, sin perjuicio de lo establecido espec铆ficamente en cada caso, en un momento, de una manera y con un contenido apropiados, que permitan a los representantes de los trabajadores proceder a su examen adecuado y preparar, en su caso, la consulta y el informe.

La consulta deber谩 realizarse, salvo que expresamente est茅 establecida otra cosa, en un momento y con un contenido apropiados, en el nivel de direcci贸n y representaci贸n correspondiente de la empresa, y de tal manera que permita a los representantes de los trabajadores, sobre la base de la informaci贸n recibida, reunirse con el empresario, obtener una respuesta justificada a su eventual informe y poder contrastar sus puntos de vista u opiniones al objeto, en su caso, de poder llegar a un acuerdo sobre las cuestiones indicadas en el apartado 4, y ello sin perjuicio de las facultades que se reconocen al empresario al respecto en relaci贸n con cada una de dichas cuestiones. En todo caso, la consulta deber谩 permitir que el criterio del comit茅 pueda ser conocido por el empresario a la hora de adoptar o de ejecutar las decisiones.聰 

Estos dos articulados son relevantes porque actualmente el E.T. que regula los derechos de informaci贸n y consulta, ni define qu茅 debe entenderse por cada procedimiento ni precisa como deben llevarse a cabo las obligaciones empresariales de entrega de informaci贸n y de realizaci贸n de consultas.

El Proyecto de Ley tambi茅n recoge un aspecto no contemplado por la Directiva pero que fue propuesto en las alegaciones de Comisiones Obreras, en relaci贸n al derecho a ser informados de las actuaciones medioambientales que tengan repercusi贸n directa en el empleo y a que el comit茅 de empresa, tenga entre sus competencias, ejercer una labor de colaboraci贸n con la empresa en el establecimiento de medidas que procuren la sostenibilidad ambiental de la misma. Comisiones Obreras propuso un redactado m谩s amplio para la informaci贸n, consulta  y participaci贸n en un tema de gran importancia presente y futura, pero valoramos positivamente que se haya introducido esta materia entre los derechos y competencias de los 贸rganos de representaci贸n en las empresas.

En materia de protecci贸n de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia empresarial, el Proyecto de Ley, derivado de lo dispuesto por la Directiva europea, adaptar谩 el Estatuto de los Trabajadores para cubrir aquellas situaciones de insolvencia en las que est茅n incursas empresas de dimensi贸n transnacional.

En el supuesto de que el expediente colectivo de insolvencia de una empresa que tenga trabajadores en Espa帽a se inicie en otro estado miembro, el FOGASA se har谩 cargo del pago de las deudas econ贸micas contra铆das con estos trabajadores, solicitando adem谩s informaci贸n al organismo oficial en el pa铆s correspondiente, para participar, como acreedor, en el procedimiento de insolvencia. Cuando el procedimiento de insolvencia (procedimiento concursal en la normativa espa帽ola) se inicia en Espa帽a en relaci贸n a empresas con trabajadores en Espa帽a y en otros pa铆ses de la CE, el FOGASA, adem谩s de abonar las deudas econ贸micas de los trabajadores en Espa帽a, colaborar谩 con las entidades de cr茅dito o garant铆a de otros pa铆ses para que estos puedan desempe帽ar su funci贸n y participar, si fuese el caso, en el procedimiento de insolvencia.

Por otra parte, hay que recordar que en relaci贸n al FOGASA y derivado de lo establecido en el marco del Acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo, suscrito por las Confederaciones sindicales y empresariales con el Gobierno, en mayo de 2006, recientemente se ha llevado a cabo una mejora substancial de las prestaciones del Fondo de Garant铆a Salarial, que se viene aplicando a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio.

Las mejoras en las prestaciones se producen tanto en relaci贸n a las deudas sobre salarios como a las indemnizatorias. La base diaria para el c谩lculo de la prestaci贸n que realiza el FOGASA estaba topada, en el caso de deudas salariales, en el doble del Salario M铆nimo Interprofesional (SMI), sin prorrata de pagas extras, y con un m谩ximo de 120 d铆as. A partir del Acuerdo y el Real Decreto Ley, el tope se sit煤a en el triple del SMI incluyendo el prorrateo de las pagas extras y con un m谩ximo de 150 d铆as. En el caso de deudas por indemnizaciones, la prestaci贸n del FOGASA, calculada sobre la base del salario d铆a, ten铆a el tope del doble del SMI sin prorrata de pagas extras y un m谩ximo de 25 d铆a por a帽o de servicio, pasando a ser el tope del triple del SMI con prorrata de pagas extras y un m谩ximo de 30 d铆as por a帽o de servicio.

 
El Proyecto de Ley, a pesar de los cambios introducidos, no ordena la dispersa regulaci贸n que en nuestro ordenamiento jur铆dico laboral tienen los derechos de informaci贸n, consulta y participaci贸n, por lo que Comisiones Obreras considera que se ha perdido una oportunidad de adoptar una norma que compile armonizadamente todo lo establecido en esta materia.

Comisiones Obreras reclama una norma legal que, adem谩s de efectuar la compilaci贸n de los derechos actualmente reconocidos en el E.T. u otras normas legales; los que ser谩n reconocidos pr贸ximamente cuando finalice la tramitaci贸n parlamentaria de nuevas leyes, como es el caso de la Ley de Igualdad; incorpore los derechos que han sido reconocidos por la jurisprudencia (como en lo relativo a la utilizaci贸n de los medios telem谩ticos para la actividad de la representaci贸n de los trabajadores) y produzca avances en nuevos  derechos de participaci贸n y negociaci贸n, acordes con las necesidades de representaci贸n de los trabajadores y trabajadoras en un mercado laboral globalizado.



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