Archivado en

La Fiscalía de Madrid denuncia que más de la mitad de los accidentes laborales no son investigados

Las muertes en el trabajo quedan impunes


Al constante goteo de muertes de trabajadores en Madrid (100 en lo que va de a√Īo) se une ahora una dura revelaci√≥n: m√°s de la mitad de los accidentes laborales no llegan a ser investigados por la v√≠a penal, debido a que, si el obrero no muere en el acto, no se elabora atestado policial y los jueces no reciben noticias del suceso. Lo denuncia Pedro Mart√≠nez, fiscal del Tribunal Superior y responsable de delitos laborales


pdf
print
pmail




M√°s de la mitad de los accidentes laborales con resultado de
muerte que se producen en Madrid -100 en lo que va de a√Īo,
seg√ļn los sindicatos- quedan sin investigar debido a que los
jueces "no reciben la noticia del crimen", afirma el teniente fiscal
del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Martínez. "A diferencia
de lo que ocurre en los accidentes de tr√°fico, en los que la
policía se desplaza al lugar e instruye un atestado que
después es remitido al juzgado, cuando se trata de un siniestro
laboral, sólo en raras ocasiones la policía levanta
atestado", aclara Martínez.





√önicamente en un caso se investigan de oficio los accidentes:
cuando el trabajador fallece en el tajo y el juez acude allí
para levantar el cad√°ver. Paralelamente a ordenar la autopsia,
abre un procedimiento. Pero si el fallecimiento -muchos de ellos
tipificables como homicidios imprudentes- se produce en la ambulancia o
ya en el hospital, lo habitual es que el juez no tenga la notitia
criminis y no se levante atestado. Así, el suceso queda
judicialmente impune.





Un dato que avala esta alta tasa de impunidad es que en 2004,
seg√ļn la memoria de la Fiscal√≠a General del Estado,
sólo se incoaron 480 causas por homicidio imprudente en
accidente laboral. En ese mismo a√Īo, el Ministerio de Trabajo
tiene contabilizadas no 480, sino 968 muertes laborales (en toda
Espa√Īa). El ministerio, a trav√©s de sus inspectores,
sí levanta un expediente sancionador en todos los casos, pero
éste no siempre termina en manos de jueces y fiscales.





Arreglos extrajudiciales





La experiencia de Martínez, quien, además de teniente
fiscal, es el coordinador de la fiscalía en materia de delitos
laborales, es que m√°s de la mitad no se investigan
judicialmente. "Ello crea indefensión a las familias de las
víctimas y las deja en manos de las aseguradoras, a las que les
salen m√°s baratos los arreglos extrajudiciales", afirma.





Para solventar este problema, la Fiscalía de Madrid, que dirige
Manuel Moix, ha puesto en marcha una iniciativa pionera cuyo objetivo
es implicar a la Policía Municipal en la investigación de
estos posibles homicidios imprudentes fruto de accidentes laborales.
Para ello ha redactado un convenio que ser√° suscrito en
septiembre con el Ayuntamiento y que -aplicando lo previsto en la
reciente Ley de Capitalidad- dará funciones de policía
judicial a la Policía Municipal.





La finalidad del convenio es que, bajo mandato de la fiscalía,
una brigada de agentes municipales acuda "de inmediato" a la obra en la
que se haya producido un accidente laboral con resultado de muerte o
heridas graves; y, adem√°s, levante un atestado sobre lo ocurrido
e impida con su presencia que desaparezcan los indicios del delito,
como ocurre ahora en muchas ocasiones.





Los policías, incluso, filmarán en vídeo la
situación de la obra, el lugar concreto en el que se ha
producido el siniestro y, adem√°s, recabar√°n todas las
pruebas que necesitan jueces y fiscales para perseguir penalmente a los
responsables, por acción u omisión.





La iniciativa pretende acabar con la altísima tasa de
siniestralidad laboral que hay en toda Espa√Īa y -aunque por
debajo de la media- en la Comunidad de Madrid. Seg√ļn datos del
Ministerio de Trabajo, en 2005, en Espa√Īa, fallecieron un
promedio de tres trabajadores diarios. Sólo en Madrid hay un
accidente laboral mortal cada dos días (excluyendo los
accidentes in itínere: los que se producen cuando el trabajador
se desplaza a su puesto de trabajo). Y este a√Īo la media ya es
de uno cada dos días.





Gran parte de los obreros mueren en la ambulancia camino del hospital,
o en el centro sanitario, y en esos casos no se abre el correspondiente
atestado judicial. ¬ŅPor qu√©? "Los m√©dicos se
limitan a levantar un parte indicando que el 'usuario tal' ha ingresado
con politraumatismo, la causa de la muerte y alguna circunstancia de
relieve clínico. Pero ignoran la causa del accidente, o no la
indican porque nadie se la refiere oficialmente", se√Īala el
responsable de delitos laborales de Madrid.





"Es cierto que ese parte es enviado luego al juzgado, pero, al no
indicarse en él la causa concreta de las heridas, el juez y el
fiscal la archivan", prosigue Martínez. Sólo en raras
ocasiones se inicia la investigación: cuando los familiares del
fallecido lo denuncian. Y esto suele ser muy inhabitual. Pero, aun
así, sería una denuncia sin apenas pruebas, ya que los
indicios del delito desaparecen tras el accidente. Incluso cuando
acuden los inspectores de Trabajo a levantar su acta, ya suele ser
demasiado tarde.





Tambi√©n es frecuente que los compa√Īeros de la
víctima, que por lo general siguen trabajando para el
empresario, sean reacios a testificar sobre lo realmente ocurrido. Y si
se produce la denuncia y el juez ordena un peritaje, también
éste suele resultar estéril, porque cuando el
técnico se desplaza al tajo, las pruebas se han esfumado.





En definitiva, las familias de las víctimas quedan a expensas de
las aseguradoras, en el caso de que éstas existan. "Lo normal es
que las aseguradoras se pongan r√°pido en contacto con los
familiares y les ofrezcan un arreglo económico que evite la
v√≠a judicial", a√Īade el fiscal. "Muchas familias, en ese
momento de dolor, acceden a la oferta instant√°nea
económica en lugar de esperar al resultado de la vía
judicial, que puede durar, si hay recursos, cinco o seis a√Īos".





Esta ausencia de una adecuada investigación se debe a que, hasta
ahora, al menos en Madrid, nadie hace el oportuno atestado policial,
que es la vía correcta para que el juez abra un procedimiento
judicial y haga partícipe del mismo al fiscal para que
éste impulse las pesquisas. En teoría, esa labor
debía realizarla el Cuerpo Nacional de Policía,
desbordado por el trabajo. Y reacio ahora, seg√ļn fuentes
jurídicas, a que esta labor se encomiende a policías
municipales revestidos de policías judiciales.





El teniente fiscal subraya: "El Cuerpo Nacional de Policía no
debe ser reacio a este acuerdo, porque no se trata de restar, sino de
sumar esfuerzos. Lo importante es que las administraciones estatal,
autonómica y municipal han decidido ahora ir juntas para frenar
la lacerante realidad de la siniestralidad laboral. Estamos dando un
ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas en un Estado con
amplios niveles de descentralización".. Para combatir esta
impunidad, la fiscalía y el Ayuntamiento han acordado crear una
brigada de siniestralidad laboral en el seno de la Policía
Municipal. Adem√°s, un juez acaba de dictar una novedosa
sentencia que impone penas de c√°rcel a tres responsables de una
obra por la falta de seguridad en el tajo, aun sin mediar accidente.





Una brigada para vigilar las obras





El convenio que van a firmar la Fiscalía de Madrid y el
Ayuntamiento para combatir la impunidad de los accidentes laborales no
limitará la labor de la Policía Municipal a investigar
los accidentes con muertes o heridos muy graves. Adem√°s, la
faculta para visitar aleatoriamente las obras de la capital y denunciar
los casos en que se incumplan las medidas de seguridad previstas en la
normativa laboral.





El convenio no especifica cuántos policías
asignará el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón a este
cometido. El texto, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de
2010, establece el desarrollo de cursos de formación para los
agentes que compongan la brigada de siniestralidad laboral.





Los cursos los impartirán jueces, fiscales y técnicos de
seguridad y salud de la Comunidad de Madrid. Constada una
infracción grave que suponga un peligro para los trabajadores,
los agentes la elevarán ante la Inspección de Trabajo -en
Madrid hay unos 200 inspectores- para que sus técnicos
inspeccionen la obra, elaboren un informe y remitan los hechos al
fiscal. La Fiscalía de Madrid calcula que serán
necesarios al menos seis fiscales especializados para asumir el trabajo
que se va a derivar de este convenio.





Desde la fiscalía se pide al Gobierno de la Comunidad de Madrid
que también se sume a este convenio para extender su eficacia a
toda la región.





JOS√Č ANTONIO HERN√ĀNDEZ


El Pais