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SINIESTRALIDAD LABORAL

Compensaciones despu茅s de la tragedia


La Seguridad Social y las mutuas pagaron 2.200 millones de euros en pensiones de accidentes laborales en 2005


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SECCI脫N SINDICAL FRATERNIDAD MUPRESPA

 

La ca铆da de un andamio hace siete a帽os dej贸 tetrapl茅jico a Enrique Poci帽os. Denunci贸 a su empresa por falta de medidas de seguridad y un juez de Mollet (Barcelona) le declar贸 beneficiario de una indemnizaci贸n de 380.000 euros. Una sentencia del magistrado de la Audiencia de Barcelona Pedro Mar铆n le retir贸 el derecho a recibir esa cantidad porque consider贸 a Poci帽os culpable de su accidente. Las deudas se comen buena parte de los m谩s de 1.800 euros mensuales de pensi贸n de gran invalidez que recibe.

Jos茅 Antonio M., nacido en Badalona (Barcelona) hace 48 a帽os, percibe una prestaci贸n de 500 euros mensuales por incapacidad total para ejercer su profesi贸n, soldador, tras ser sometido en 2003 a una triple operaci贸n de columna fruto de los malos h谩bitos en el trabajo. Paradojas de la vida, ha aprovechado su percance para prevenir los riesgos laborales como t茅cnico de la UGT de Catalu帽a. "Ahora me ocupo de que a nadie m谩s le ocurra lo mismo", explica. Compatibiliza la pensi贸n con un sueldo de 950 euros

Tanto Enrique como Jos茅 Antonio son beneficiarios del sistema espa帽ol de protecci贸n contra el riesgo del trabajo, que en 2005, cost贸 alrededor de 2.200 millones de euros, seg煤n estimaciones de la Asociaci贸n de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

En Espa帽a, dicho riesgo est谩 asegurado desde 1900 por la Ley sobre accidentes de trabajo. Conocida como Ley Dato, nombre que debe a su impulsor, el entonces Ministro de Gobernaci贸n, Eduardo Dato, la norma establece por primera vez la responsabilidad objetiva del empresario ante un siniestro laboral, obligando al patrono a indemnizar a los empleados que se accidentasen en el trabajo.

Los 16 millones de trabajadores por cuenta ajena que actualmente hay en Espa帽a est谩n cubiertos, a trav茅s de cotizaciones empresariales, por el riesgo de sufrir un accidente laboral o contraer una enfermedad profesional. Asimismo, pueden optar a asegurarse de forma voluntaria los tres millones de aut贸nomos.

Los tipos de cotizaci贸n, "la 煤nica que corresponde en exclusiva al empresario", destaca el director general del INSS, Fidel Ferreras, oscilan entre el 0,9% y el 5% del salario real, en funci贸n de la peligrosidad del puesto de trabajo. Los mineros y los buzos, por ejemplo, est谩n en la parte alta y profesiones como la de administrativo, en la baja.

Las empresas pueden elegir d贸nde aseguran el riesgo, si en la Seguridad Social o en las mutuas de accidente de trabajo (MAT). S贸lo el 10% de los empleados est谩n asegurados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El grueso de la masa obrera, 90%, est谩 en manos de las 27 mutuas que hoy existen.

Nacieron tambi茅n a principios del siglo pasado, fruto de la asociaci贸n de varios industriales para poder dar cumplimiento a la Ley Dato. Desde 1967, son entidades colaboradoras de la Seguridad Social y sus respectivos presupuestos est谩n sujetos a las cuentas generales del Estado.

Las prestaciones (beneficiarios, requisitos, hecho causante, cuant铆a y compatibilidades) son absolutamente id茅nticas, indistintamente de si se opta por el INSS o las mutuas. Como id茅nticas tambi茅n son a las pensiones derivadas de enfermedad com煤n: incapacidad permanente parcial, total, absoluta, gran invalidez y viudedad y orfandad (v茅ase cuadro).

La gran diferencia con las contingencias comunes, en que hay que cotizar durante un periodo determinado en funci贸n de la edad para tener derecho a una pensi贸n, es que en el caso de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, "se presupone la automaticidad de las pensiones, para tener derecho basta con haber trabajado un d铆a", asegura Ferreras. No se exige periodo de cotizaci贸n.

Administraci贸n y sindicatos coinciden en calificar como "buenas" -"estamos a un nivel similar al europeo", sostiene Ferreras- el nivel de coberturas de las pensiones por siniestralidad laboral. Las centrales, en cambio, se quejan de las dificultades para la calificaci贸n de una incapacidad consecuencia de la actividad laboral, pese a la "automaticidad" que apunta el director general del INSS.

El ex soldador Jos茅 Antonio, pese a estar cubierto por la Seguridad Social, tuvo que presentar "tres escritos por lo menos" para que el INSS le reconociera su enfermedad consecuencia de su actividad profesional. En el caso de la mutuas es peor. Un aut茅ntico "calvario", asegura Comisiones Obreras, debido a la "relaci贸n clientelista" que se establece entre la mutua y el empresario.

El coordinador de las Mutuas de Accidentes de CC OO Jes煤s Garc铆a, relata c脫mo muchas empresas "no admiten el accidente en cuesti贸n, entonces la mutua no realiza el parte m茅dico y ello deriva en un embrollo burocr谩tico": el trabajador acude al Sistema Nacional de Salud, pero vuelve a quedar desatendido porque los m茅dicos de cabecera argumentan que se trata de una contingencia profesional. Un mareo.

Sentencias recientes aseguran que los facultativos del Sistema Nacional de Salud est谩n obligados a atender a los usuarios y a expedir los pertinentes partes de bajas si comprueban que la persona en cuesti贸n est谩 incapacitada para trabajar, sea cual sea el origen de dicha incapacidad, y que el 煤nico competente para determinar el origen de la incapacidad es el INSS. Aunque en el parte del m茅dico aparezca la expresi贸n "por contingencia com煤n", no est谩 predeterminando el origen de la patolog铆a. Es una consecuencia de un reparto competencial.

Indemnizaciones bajas a las puertas de los juzgados

Un v铆a crucis distinto para las v铆ctimas de la siniestralidad laboral y sus familias es la posible cita con la justicia. "Desgraciadamente, las sentencias condenatorias son muy pocas, aunque eso parece que empieza a cambiar", explica Antonio Garc铆a, jefe del gabinete jur铆dico de la Uni贸n Sindical de Madrid del sindicatos Comisiones Obreras.

El 90% de los procedimientos penales por accidente grave que se inician no llega a tener sentencia, se arregla a las puertas del juzgado con indemnizaciones que en el caso de fallecimiento oscilan entre los 120.000 y 240.000 de euros. Pero "las hay inferiores", se lamenta Garc铆a.

Las empresas cubiertas con p贸lizas por responsabilidad civil pactan con las familias indemnizaciones bajas, seg煤n el baremo de los accidentes de tr谩fico, pero inmediatas, y as铆 evitan procesos penales que les ser铆an m谩s costosos. Ante el desconocimiento y la lentitud de los procesos, la mayor铆a de los afectados aceptan, como el reciente caso Gom茅rez, en Granada, donde la demolici贸n de un edificio provoc贸 la muerte de Guillermo Estalin, de 29 a帽os, ecuatoriano contratado irregularmente.

Asimismo, las familias renuncian a demandar a la empresa por delito -la sanci贸n es superior a la falta- y pierden el beneficio que le reportar铆a su reclamaci贸n judicial, que puede triplicar lo pactado.

La indemnizaci贸n por responsabilidad por parte de la empresa se considera un atenuante por reparaci贸n de da帽o; as铆 se reduce la posible condena.

Otra de las pr谩cticas de los abogados de las compa帽铆as para rebajar las indemnizaciones es apelar a la concurrencia de culpas. As铆 ocurri贸 en el caso de Enrique Poci帽os.

El abogado sindical denuncia incluso la existencia de algunas sentencias que "隆descuentan de las indemnizaciones las pensiones de la Seguridad Social!". "Cantidad de afectados se quedan sin indemnizaci贸n, bien porque la empresa no tiene compa帽铆a de seguros, bien porque no tiene fondos, o, sencillamente, porque ni siquiera llegan a presentar demanda ante lo caro que puede resultar un proceso".

SERAF脥 DEL ARCO
El Pais

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