La rentabilidad de la inspección

LABORAL

La siniestralidad laboral cuesta a la economía cada año más de 12.000 millones de euros. Debe intensificarse el acento en la prevención.

España registra al año cerca de un millar de muertos en accidente de trabajo, además de cuatro centenares más en el trayecto desde el hogar al puesto de trabajo. Cuatro fallecidos cada día o seis cada jornada laborable. Pese a que estas cifras se han reducido en los últimos años por la labor inspectora y la concienciación de empresas y trabajadores, siguen sonrojando a cualquiera que eche un vistazo a los saldos del fenómeno en la UE. En ningún otro socio las cifras relativas alcanzan los valores españoles, y la batalla de la inspección debe continuar.

Además de luchar contra unas condiciones de trabajo aceleradoras naturales de la siniestralidad, cual es el peso del sector de la construcción en la economía, la inspección no puede evitar los altísimos grados de temporalidad en la contratación. Debe también tratar de atajar la cadena de responsabilidades que nace generalmente en las grandes empresas y se extiende, vía sucesivas subcontratas, hasta la ejecución de los trabajos muchas veces en manos de autónomos.

Pese a todo, en 2005 la inspección realizó 1,4 millones de actuaciones, contabilizando la búsqueda de irregularidades en empleo, Seguridad Social y salud laboral. El desempeño de los inspectores transformó a 34.600 trabajadores temporales en fijos; regularizó altas en la Seguridad Social para 36.900 trabajadores sumergidos; paralizó más de 2.200 obras por irregularidades en la seguridad, y estableció recargos en las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo en más de 3.700 casos.

Todos los esfuerzos son rentables, sobretodo si tenemos en cuenta que estos saldos se generan con un equipo de funcionarios limitado, y que la siniestralidad laboral cuesta a la economía cada año más de 12.000 millones de euros. Debe intensificarse el acento en la prevención. Pero no hay que obsesionarse con la búsqueda de la responsabilidad en las subcontratas, que no se encadenan necesariamente para eludir las responsabilidades de salud laboral, sino como fórmula ágil y económica de realización de servicios, y en la gran mayoría de los casos por elección de los trabajadores.

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