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La gran mentira

MiFID, formación y responsabilidades

Es palpable que todos los organismos públicos entre los que incluiremos a la CNMV, el BdE y a los dependientes de la propia Unión Europea han decidido transmitir que todos los males que aquejaron (y aquejan) a la banca nacional e internacional se deben a la poca formación de los profesionales que trabajamos en el sector y que las entidades   -pobrecitas-   no han tenido nada que ver en el asunto. 
Nada más lejos de la realidad.

Imaginamos que toda esta farsa está bien dirigida por los "centros de poder" y por las propias entidades que han visto en esta excusa una forma estupenda de liberarse de responsabilidades y, de paso, dar una vuelta de tuerca más a las, ya de por sí, agotadas plantillas.

[...]


Este artículo se publicó originalmente en Unicaja (Sección Sindical Unicaja) ,


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Porque, no nos engañemos: 

A estas alturas parece innegable que cuando hace unos años se pusieron a la venta las preferentes y otros tipos de porquería financiera, fueron las entidades y los propios organismos supervisores quienes las idearon y autorizaron tratando de tapar (o evitar) la quiebra de un sector que se había producido por las ansias de obtención de infinitos beneficios que sabemos tienen las entidades y que las llevaron (por ser la que más) a financiar lo infinanciable.

Cuando amenazaron y presionaron hasta la saciedad a las plantillas, mientras se nos mentía respecto a los peligros del producto y lo que es peor, respecto a la salud financiera de las entidades que lo avalaban, para que comercializáramos esa basura, fueron ellos los responsables y no las atemorizadas plantillas. Trabajadores que, en la inmensa mayoría de los casos, en realidad pensaban que lo que se estaba vendiendo no era ni tan malo. Prueba de ello es que las preferentes también fueron compradas por gran parte de quienes lo comercializamos y por nuestras familias.

Cuando posteriormente ya era todo insostenible, toda esta banda (gobiernos, banca, reguladores,...), modificaron las normas a su antojo y con efecto retroactivo, obligando, por ejemplo, a la clientela a canjear deuda por acciones asumiendo pérdidas o a determinar que los preferentistas empezaran a perder capital antes de que los accionistas (las propias entidades) lo hubieran perdido todo. 

Esto último parece poca cosa pero, por ejemplo, en Liberbank hubiera llevado a que el 100% de las acciones del banco hubieran pertenecido a los preferentistas/bonistas sin que prácticamente ninguno hubiera perdido nada y que quiénes ahora dirigen el banco (y se auto-suben el sueldo un 19% mientras la plantilla tenemos un ERTE) hubieran tenido NADA.

Al final todo este tinglado organizado a nivel estatal parece que fue más o menos un "parcheamos de momento con el dinero de esta gente y vamos tirando. Y ya, si eso, más adelante se lo intentamos devolver".


Cuando ahora, después de todo lo ocurrido, vemos que pretenden echar la culpa de todo a las plantillas escudándose en su "escasa formación" nos indigna. Nos indigna porque todo es mentira.

Nos indigna porque la plantilla está bien formada. 

Lo podemos demostrar, por un lado, porque un altísimo porcentaje del personal tiene estudios universitarios relacionados con  la economía y las finanzas, que son de rango superior a los que ahora nos van a obligar a acreditar y, por otro, porque estamos recibiendo permanentemente formación relacionada con nuestro trabajo. 

De hecho, como el grueso de la formación es pagada por la Fundación Tripartita, es decir, con el dinero de los propios trabajadores, en todas las entidades la formación es constante. Incluso agobiante.


Por supuesto, aclaramos, la formación es necesaria y deberá continuar. Pero para aprender y mejorar. No en forma de espada de Damocles de "o apruebas el examen o...", especialmente  cuando todos sabemos que unos exámenes los aprueba el número de personas que el examinador decide y cuando estos exámenes encima se realizan en un momento en el que la reestructuración del sector está lejos de haber acabado.

Nos oponemos frontalmente a que esto acabe convirtiéndose en un coladero para aligerar plantilla y cualquier amago lo vamos a considerar "casus belli".

Y es que, dejando al margen el dinero que se va a mover dando cursos de formación a 200.000 personas y los intereses que habrá entremedias, uno se pregunta por los otros intereses que mueven todo esto cuando estamos viendo que, aparte de brindar una falsa excusa a las entidades respecto a sus responsabilidades en lo ocurrido, les estamos abriendo la posibilidad de hacer (o de intentar) alguna barbaridad.



Lo más indignante de toda esta farsa es, si cabe, que mientras todo esto sucede, a quienes trabajamos en el sector se nos amenaza constantemente con traslados o con despidos si no alcanzamos los objetivos marcados o se lleva a cabo un programa de "acojone" generalizado al personal estableciendo rankings o ya, más a lo bestia, incluyendo a un grupo importante de trabajadores en un  "colectivo de bajo desempeño".

O sea que ¿por un lado te digo que debes cumplir escrupulosamente la normativa (no hacerlo es motivo de despido) pero, por otro, te amenazo con los infiernos si no vendes?

¿Y la conclusión de los supervisores es que el problema es la formación?

Indignante es poco.



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