La Iniciativa Legislativa Popular, promovida por los sindicatos, tiene por objeto la aprobación de una nueva prestación o renta mínima en todo el Estado de 426 euros mensuales, como herramienta de protección social, que atienda las necesidades de las personas en desempleo que no perciben ningún tipo de prestación. Se calcula que esta renta mínima beneficiaría a 2,4 millones de personas que se encuentran en situación de necesidad (la mayoría mujeres) y, como consecuencia de ello, a unos 2 millones de hogares en los que residen unos 6,6 millones de personas.