CC.OO. y el patrimonio sindical: <b>hoy como ayer</b>

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CC.OO. y el patrimonio sindical: hoy como ayer


El viernes 28 de octubre de 2005, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley del Patrimonio Sindical acumulado, que posteriormente, el 24 de noviembre convalidó el Congreso de los Diputados, dando luz verde a una subvención a UGT de 150 millones de euros “en concepto de reparación del patrimonio sindical histórico”. La singularidad de la operación reside en la imposibilidad, reconocida por el Gobierno, de demostrar que el patrimonio que se devuelve pertenece realmente a la organización que lo reclama. Un pequeño problema que ha llevado a CC.OO. a emprender un proceso de denuncia pública y de iniciativas institucionales para reclamar el derecho a la libre concurrencia sindical en condiciones de igualdad y sin injerencias de los poderes públicos.


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Nada decimos hoy que no hayamos dicho ayer
Somos conscientes de que la polémica abierta tras la decisión unilateral del Gobierno de financiar a UGT con 150 millones de euros (25.000 millones de pesetas), a cuenta de un patrimonio histórico que el propio ejecutivo advierte que no puede documentar, entorpece el clima de relaciones en el movimiento sindical, pero no podemos permanecer callados después de que, incluso informes de firmas jurídicas independientes, lo consideran un “atentado a la libertad sindical”. CC.OO. defenderá con toda la firmeza y el máximo rigor la libertad sindical y los derechos de los afiliados y trabajadores a los que representa; y para ello, recurriremos a cuantos instrumentos legales tengamos a nuestro alcance.
Nada más conocerse la decisión del Consejo de Ministros, no porque el Gobierno nos informara sino por otras fuentes, la Comisión Ejecutiva de CC.OO. aprobó por unanimidad una resolución en la que califica el procedimiento seguido por el Gobierno como “deliberadamente oscurantista y no conforme a los mínimos hábitos democráticos…Salvo que se persigan fines espurios o inconfesables, derivados de la actual configuración del mapa sindical en nuestro país, o la rápida deslegitimación del movimiento sindical, resulta de todo punto imposible entender cuales son las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que se invocan para justificar que el Gobierno dicte un real decreto ley”.
El 29 de noviembre, el secretario general de CC.OO., José María Fidalgo, registró un escrito dirigido al Consejo de Ministros, al presidente del Gobierno y a los ministerios de Economía y Hacienda , y Trabajo y Asuntos Sociales, en el que se exige que se de cuenta a este sindicato, como parte interesada, “de cuantos expedientes administrativos se tramiten o se incoen en relación con la aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del Patrimonio sindical acumulado”.
En realidad, no estamos reclamando algo que no hayamos exigido a los distintos gobiernos de la democracia. En el año 2000, nos dirigimos al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar y le recordábamos que el documento conjunto que CC.OO. y UGT firmamos en 1994 sobre el Patrimonio Sindical, indicaba en uno de los apartados que: …ambas organizaciones sindicales acuerdan pedir al Ministerio de Trabajo que dichos inmuebles del Patrimonio Mixto pasen a formar parte, no del Patrimonio del estado, sino del Patrimonio Sindical Acumulado… El mismo tratamiento debería darse al Patrimonio Histórico una vez compensado. Comoquiera que entonces y ahora, se mantienen numerosos incumplimientos que afectan, en primer lugar, a la confección de los correspondientes inventarios y a situaciones irregulares que aún no se han resuelto, proponíamos poner en marcha soluciones para completar el inventario definitivo y evitar situaciones como las que se habían producido en el pasado que no deberían reproducirse (concesión en 1986 de 4.144 millones de pesetas en compensación a la UGT sin la transparencia necesaria; despojo del PSA de los bienes inmuebles que pertenecían a la Obra Social de Educación y Descanso; falta de investigación exhaustiva sobre la legítima propiedad de algunos inmuebles del Patrimonio Histórico que han sido cedidos o cuya devolución ha sido solicitada; cabeceras de periódicos y emisoras de radio que pasaron a constituir los denominados Medios de Comunicación Social del Estado… ). Es decir, demandas de hace años que cobran hoy plena actualidad.
En consecuencia, ¿por qué el Gobierno de Zapatero vuelve a las andadas? ¿De que se extraña UGT si acordó con nosotros actuar conjuntamente en la reclamación del patrimonio sindical? Lo que estamos pidiendo es claridad, transparencia, uso adecuado del erario público. Advertimos entonces y advertimos ahora, a los poderes públicos –sean estos del PP del PSOE- que las pautas de actuación en la devolución del patrimonio sindical pasarían por:
  • Necesidad de una revisión a fondo de la Ley 4/86
  • Agilización de todos los expedientes aprobados de cesiones, enajenaciones y permutas dentro de los límites d la Ley actual
  • Instar al desalojo de todos aquellos ocupantes, incluida la Administración, que están hoy ubicados en los locales del PSA
  • Agilizar, priorizar y reclamar del Gobierno de la Nación los mecanismos técnicos y jurídicos que permitan mayor disposición de recursos económicos para afrontar las obras necesarias
  • Abrir negociaciones inmediatas sobre varias de las demandas de locales solicitadas
  • Afrontar de forma definitiva la elaboración final del inventario de bienes inmuebles
  • Y por último, abrir el debate sobre la necesidad de restituir en propiedad todo el Patrimonio Sindical a las organizaciones cesionarias representativas. Estas han sido, son y serán las prioridades de actuación de CC.OO. Una respuesta equilibrada y justa de los poderes públicos, ajena a la actual coyuntura de diálogo social y alejada de las exigencias de cualquier proceso electoral (las elecciones sindicales se intensificarán el próximo año), sería la necesaria. Lo que ha hecho el Gobierno actual es una actuación de parte, que vulnera la libertad sindical, que se hace sin transparencia, y lo que es más grave, con la temeridad confesada por el Ejecutivo de que lo que se devuelve no está documentalmente demostrado que pertenezca a la organización reclamante. Increíble, pero cierto.
    Madrid, 7 de diciembre de 2005
    José Luis Sánchez
    Secretario confederal de Organización y Formación
    Sindical de CC.OO.