DAVID NAVARRO ALICANTE
El Gobierno pisó ayer el acelerador de la reforma financiera para obligar a las entidades a limpiar sus balances de ladrillo y conseguir que, de una vez por todas, vuelvan a conceder créditos. Para ello elevará al máximo las reservas que bancos y cajas deben dotar por los activos inmobiliarios que tienen en cartera -hasta un importe total de 50.000 millones de euros- y exigirá a las entidades que no puedan cumplir con los nuevos requisitos a presentar un plan de fusión con otra entidad en sólo cuatro meses, antes del 31 de mayo.
A cambio, eso sí, podrán recibir la ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) mediante la suscripción de bonos contingentes convertibles -conocidos como "cocos" en el argot financiero-, que computan como deuda pública pero no aumentan el déficit del Estado. También dispondrán de más tiempo para cumplir con las nuevas exigencias, hasta dos años, mientras que es resto deberá haber finalizado el proceso de saneamiento antes de que finalice este 2012.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, también destacó que la reforma incentivará que bancos y cajas quieran desprenderse de sus inmuebles con mayor rapidez, lo que pondrá en el mercado miles de pisos "a precios reducidos".
En gesto nada frecuente, De Guindos convocó ayer a la prensa para anticipar los detalles del Real-Decreto sobre el sector financiero que aprobará el Consejo de Ministros en su reunión de hoy. Según explicó, el objetivo de las nuevas medidas es "despejar las dudas" que existen en los mercados internacionales sobre el estado de las entidades españolas para facilitar su acceso a la financiación y que éstas, a su vez, "puedan trasladar esa financiación a las familias y las empresas".

Asumir las pérdidas
Para conseguirlo es necesario que bancos y cajas reconozcan la caída del valor de los inmuebles que tienen en sus carteras mediante el aumento de las reservas exigidas, lo que también facilitará su salida al mercado al poder venderlas a precios más bajos. En estos momentos, según los datos que facilitó el ministro, el sistema financiero español tiene 175.000 millones de euros en activos problemáticos ligados al ladrillo, de los que tiene provisionados un 31% (unos 54.000 millones).
El Ejecutivo quiere que esas reservas aumenten en otros 50.000 millones. En concreto, exige la dotación de otros 25.000 millones en provisiones específicas sobre los activos inmobiliarios problemáticos y la creación de un "colchón de capital" de otros 15.000 millones. Los restantes 10.000 millones saldrán de provisiones genéricas que las entidades deberán dotar sobre el 7% de los créditos sanos -al corriente de pago- que tengan concedidos a promotores.
Esto significará que, en el caso de los terrenos, los bancos deberán incrementar desde el 31% actual hasta el 80% su cobertura. Igualmente, en las promociones en curso se exigirá un 65% frente al 27% provisionado actualmente; y para las viviendas finalizadas se pedirá un 35%, diez punto más que actualmente.
Las entidades tendrán hasta el 31 de diciembre para reforzar sus reservas, lo que supone un esfuerzo notable si se compara la cantidad que se les exige -50.000 millones- con las dotaciones que han realizado durante los últimos tres años, unos 66.000 millones, según explicó el ministro.
Aquellos bancos y cajas que no consigan sanear sus balances por su propios medios deberán fusionarse para acceder al dinero del FROB pero deberán hacerlo rápido: Tendrán que encontrar pareja y presentar un plan de fusión y reestructuración antes del 31 de mayo. Además, el resto de trámites -autorización de las asambleas o juntas de accionistas, etc- deberán estar listos antes de que concluya septiembre.

Compromiso de crédito
Las entidades que se fusionen, además, deberán suscribir un acuerdo de buen gobierno, que incluirá limitaciones en los sueldos de sus directivos, y también deberán comprometerse a mantener o aumentar la concesión de créditos. Se le pone además unos límites de tamaño. Las entidades deberán aumentar al menos un 20% su tamaño con la fusión para evitar que grandes grupos -por ejemplo Bankia- se alíen con entidades muy pequeñas que realmente no les aporten nada con el único objetivo de acceder a las ayudas del FROB.
Luis de Guindos dejó claro que en esta nueva ronda quiere que las fusiones sean plenas -"societarias", señaló- con lo que se destierra definitivamente la fórmula del Sistema Institucional de Protección (SIP) que favoreció el anterior Gobierno.
Por su parte, para asumir los nuevos compromisos el Tesoro reforzará el capital del FROB, que pasará de 9.000 a 15.000 millones, y su capacidad de endeudamiento será de 90.000 millones. De Guindos insistió en que la fórmula escogida -los bonos convertibles- permite que esta inyección de dinero no se considere ayuda pública, lo que sería contrario a la normativa europea, y tampoco compute como déficit, aunque sí como deuda pública.
El ministro de Economía insistió durante toda su comparecencia en que la reforma financiera "beneficiará" a los ciudadanos porque rebajará el precio de la vivienda una vez que se haya materializado el ajuste de precios de los activos inmobiliarios en sus balances. De Guindos explicó que el saneamiento de los activos en manos de las entidades facilitará la salida al mercado de éstos, una vez que éstas asuman una pérdida de valor y ajusten los precios, al tiempo que mejorará la solvencia del sistema bancario español en su conjunto.
Preguntado sobre la posibilidad de que la reforma financiera tenga un efecto negativo sobre las inmobiliarias a la luz del descenso del precio de estos activos que se registrará, De Guindos descartó de plano que impacte en su solvencia tras realizarse el ajuste de valor de activos del sector inmobiliario.
El ministro insistió en que el sector financiero saldrá más fortalecido, con valoraciones de sus activos más creíbles, lo que mejorará la visión de los inversores internacionales, dado que se situará entre los más saneados de la UE. Este esfuerzo "será el más intenso" de los 27 países de Europa, dijo. Por otro lado, vaticinó que se reducirá el número de entidades, pero que éstas serán más sólidas. "La reforma pretende crear entidades viables y un saneamiento rápido", afirmó durante su comparecencia.