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El TC anula el despido de una empleada de Iberia por consumo de hach铆s porque se vulner贸 su intimidad


El Tribunal Constitucional ha declarado nulo el despido de una administrativa de Iberia por consumo de hach铆s al estimar que la empresa vulner贸 el derecho a la intimidad de la recurrente, ya que no inform贸 a la empleada de que en el reconocimiento m茅dico ordinario donde se detect贸 el excesivo coeficiente de cannabis en la orina se examinar铆a el posible uso de estupefacientes por su parte.


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SECCI脫N SINDICAL FRATERNIDAD MUPRESPA

La Sala Primera del Alto Tribunal anula la sentencia dictada el 14 de enero de 2000 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que no consider贸 vulnerado el derecho a la intimidad de la trabajadora, Eva Mar铆a G.F., al entender que al realizar el reconocimiento m茅dico la empresa se hab铆a limitado a hacer cumplimentar las normas establecidas en su Manual de Pr谩cticas y Procedimientos.

La mujer fue despedida en mayo de 1999 por Iberia, que la ten铆a contratada a tiempo parcial como administrativa, despu茅s de que diera "no apta" en un reconocimiento m茅dico de la empresa, ya que, en el an谩lisis de orina, dio un coeficiente de cannabis de 292 nanogramos por mililitro (ng/ml), superior a los 50 ng/ml recogido en el protocolo de dicha empresa.

RECONOCIMIENTOS VOLUNTARIOS

El alto tribunal advierte de que los reconocimientos m茅dicos, "como regla general", son voluntarios para los trabajadores. Agrega que su obligatoriedad no puede imponerse si 煤nicamente est谩 en juego la salud del propio trabajador, "sin el a帽adido de un riesgo o peligro cierto objetivable". Es m谩s, subraya que el trabajador "es libre para disponer de la vigilancia de la salud someti茅ndose o no a los reconocimientos en atenci贸n a las circunstancias y valoraciones que estime pertinentes para la decisi贸n".

Por tanto, el Tribunal Constitucional aclara que el reconocimiento m茅dico en la relaci贸n laboral no es un instrumento del empresario para un control dispositivo de la salud de los trabajadores, "como tampoco una facultad que se le reconozca para verificar la capacidad profesional o la aptitud psicof铆sica de sus empleados con un prop贸sito de selecci贸n de personal o similar". Por el contrario, se帽ala que "su eje descansa en un derecho del trabajador a la vigilancia de la salud" que s贸lo puede venir restringido por algunas excepciones.

En el caso de la empleada, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Javier Delgado, asegura que no se observa ning煤n indicio de que el reconocimiento m茅dico a que fue sometida respondiese a alguno de los supuestos excepcionales de control obligatorio de la salud.

NO HUBO INFORMACION

Adem谩s, los magistrados afirman que "en el presente caso los hechos probados declaran que a la recurrente no se le comunic贸 ni por la empresa ni por sus servicios m茅dicos cu谩l era la informaci贸n buscada con los an谩lisis m茅dicos y, en concreto, que no se le inform贸 de que se analizar铆a su consumo de estupefacientes".

El hecho de que la empresa no informara "expresamente" a la trabajadora de esa anal铆tica supone el incumplimiento de una obligaci贸n por parte de IBERIA, LAE, S.A., porque "no se ha probado ni se ha fundamentado por los 贸rganos judiciales la concurrencia de alguna justificaci贸n, por raz贸n del riesgo inherente al trabajo, de la necesidad de practicar esa anal铆tica"

"As铆 pues --a帽ade la resoluci贸n-- no era previsible dicha prueba, sin que pueda servir para llenar esa patente laguna la idea que recoge la Sentencia recurrida sobre el inter茅s de la empresa en conocer el estado psicof铆sico de sus trabajadores, pues dicho inter茅s, ni inspira la configuraci贸n legal de los reconocimientos m茅dicos de vigilancia de la salud en el trabajo, ni desde luego puede conformar, de manera gen茅rica o indiscriminada, una justificaci贸n suficiente para la penetraci贸n en 谩mbitos de la esfera 铆ntima de los trabajadores".

Por otro lado, la sentencia dice que la celebraci贸n de un contrato de trabajo no implica "en modo alguno" la privaci贸n para una de las partes, incluido el trabajador, de los derechos que la Constituci贸n le reconoce, entre ellos el derecho a su intimidad personal, concebido por la anterior jurisprudencia de este tribunal como 聯la protecci贸n de la vida privada como garant铆a de la libertad y de las posibilidades de autorrealizaci贸n del individuo聰.

El T.C. explica que resulta "notorio" que una intervenci贸n circunscrita a un examen de orina realizado por personal m茅dico, por la forma en la que se ejecuta y por no existir ning煤n tipo de actuaci贸n especial sobre el cuerpo, no entra dentro del 谩mbito constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad corporal, "ni, por lo tanto, puede llegar a vulnerarlo".

"Ahora bien --se帽ala la sentencia-- que no exista vulneraci贸n a la intimidad corporal no significa que no pueda existir una lesi贸n del derecho m谩s amplio a la intimidad personal del que aqu茅l forma parte, ya que esta vulneraci贸n podr铆a causarla la informaci贸n que mediante este tipo de exploraci贸n se ha obtenido".

De ah铆 que el fallo incida en la idea de que la cobertura constitucional implica que las intervenciones corporales pueden tambi茅n conllevar, "no ya por el hecho en s铆 de la intervenci贸n聰, sino por raz贸n de su finalidad, una intromisi贸n en el 谩mbito constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad personal.

La sentencia declara firme la resoluci贸n dictada en primera instancia, en agosto de 1999, por el Juzgado de lo Social n煤mero 1 de Ibiza, que declar贸 la nulidad del despido por vulneraci贸n de la intimidad. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares no advirti贸 esa violaci贸n de derecho fundamental pero tambi茅n estim贸 improcedente el despido por otras causas, debido a la irregularidad de los periodos de prueba aplicados a la trabajadora.

Europa Press