El Real Decreto-Ley 10/2010 aprobado por el Gobierno y convalidado por el Congreso supone un grave atentado a los derechos de los trabajadores, en tanto que:

Facilita a las empresas el despido individual y colectivo por razones económicas, técnivas, organizativas y productivas; lo hace más fácil, más rápido y más barato.

No actúa debidamente sobre la contratación temporal. Al contrio se actúa sobre la dualidad del mercado de trabajo español, haciendo el empleo fijo igual de vulnerable que el empleo temporal.

Incentiva la sustitución de los contratos indefinidos actuales por el contrato de fomento de la contratación indefinida cuya indemnización para los trabajadores es inferior a la del contrato ordinario.

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