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SANIDAD

Acabar con el 'gratis total'


Tres de cada cuatro espa帽oles desaprueba que los usuarios paguen una parte de los servicios sanitarios que utilizan. Y m谩s del 70% se opone a una subida de impuestos para cubrir las prestaciones de esta naturaleza.


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SECCI脫N SINDICAL FRATERNIDAD MUPRESPA

As铆 lo refleja una reciente encuesta realizada por Gallup sobre la sanidad en Espa帽a, que anticipa el coste pol铆tico que tendr铆a que pagar el Gobierno si de verdad quiere evitar el estrangulamiento de las finanzas p煤blicas. La primera conferencia de presidentes auton贸micos que se celebr贸 la semana pasada en Madrid apunta, no obstante, a que la posible erosi贸n pol铆tica ser谩 compartida: las 17 comunidades, con independencia del partido que las gobierna, son las m谩s interesadas en afrontar un d茅ficit que cabalga con diligencia hacia los 5.000 millones de euros.

El dilema de fondo es c贸mo mantener los actuales niveles de la sanidad p煤blica con una tendencia del gasto al alza y una escasa sensibilidad ciudadana sobre el coste de los servicios. La evidencia dicta que la demanda a coste cero se convierte en infinita, con el agravante de que las amenazas que se ciernen sobre el actual modelo no son pocas: progresivo envejecimiento de la poblaci贸n, aumento de las enfermedades derivadas de los h谩bitos de vida, encarecimiento de las tecnolog铆as y de los medicamentos innovadores, dificultad para encontrar fuentes de financiaci贸n complementarias y exigencia de nuevas prestaciones.

El desboque del gasto farmac茅utico, que representa el 25% del gasto sanitario total, ha influido de forma determinante en la alimentaci贸n del d茅ficit. Es una fibra sensible puesto que la industria farmac茅utica da empleo en Espa帽a a 35.000 personas, el 35% de ellas con un alto grado de cualificaci贸n. Para controlar este gasto se han aplicado medidas como el desarrollo de los gen茅ricos o el establecimiento de precios de referencia, a trav茅s de unos pactos con el sector que no han dado el resultado esperado. Por ello se acaba de incorporar a los Presupuestos de 2005 una disposici贸n que obliga a los laboratorios a aportar al erario p煤blico un porcentaje variable a partir de su volumen de ventas. Sanidad espera obtener 200 millones de euros adicionales cada a帽o, pensados para reforzar la investigaci贸n.

Tambi茅n han engordado el d茅ficit las formas de presupuestaci贸n, inferiores en t茅rminos reales en cada ejercicio al gasto del a帽o anterior, y una gesti贸n bastante deficiente de la sanidad p煤blica en algunas comunidades. Si bien los expertos coinciden en que la evaluaci贸n de las formas de gesti贸n no es sencilla, la mayor铆a coloca al Pa铆s Vasco como uno de los ejemplos a seguir. En esta comunidad un solo ente p煤blico, que est谩 sometido al derecho privado, integra a los proveedores de los servicios sanitarios y, aunque los hospitales funcionan de forma aut贸noma, est谩n sometidos a una central de compensaci贸n que equilibra su situaci贸n financiera. Adem谩s, en las juntas de gobierno de los centros participan de forma activa los sindicatos. En todo caso, la buena prestaci贸n sanitaria que ofrece el Pa铆s Vasco no difiere mucho de la que han incorporado otras comunidades, como la andaluza, la catalana o la navarra, territorios que fueron pioneros en asumir las transferencias del antiguo Insalud. Es obvio que el gasto sanitario per c谩pita de cada comunidad tiene mucho que ver con la calidad de sus respectivos sistemas. En la parte m谩s alta de la horquilla, en el entorno de los 900 euros, se encuentran, adem谩s del propio Pa铆s Vasco, las comunidades de Arag贸n, Asturias y Navarra. En la m谩s baja, Baleares (752 euros) y la comunidad valenciana (783). Los recursos que el Gobierno andaluz destina a la sanidad, casi 6.000 millones de euros, abarcan casi un tercio de los que dedican las 煤ltimas diez comunidades que recibieron las competencias (Madrid, Castilla y Le贸n, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, La Rioja, Arag贸n, Baleares, Asturias y Cantabria).

El reconocimiento peri贸dico de los niveles de endeudamiento ha dado lugar a sucesivas operaciones de saneamiento que, sin embargo, no han introducido un control efectivo sobre la evoluci贸n del d茅ficit central y auton贸mico. Para atajarlo, s贸lo una comunidad aut贸noma, Catalu帽a, se ha atrevido a hablar de la introducci贸n del copago. Este no es un tema nuevo para algunos pa铆ses europeos. El sistema alem谩n, considerado durante d茅cadas como ejemplo de la mayor extensi贸n de la cobertura gratuita en la prestaci贸n p煤blica de servicios sanitarios, aplica desde el pasado enero un modelo de pago parcial a cargo del paciente mediante el que debe desembolsar 10 euros al trimestre y asumir una media del 10% de los costes de las estancias hospitalarias. En Francia, el sistema vigente permite escoger entre los m茅dicos adscritos a la Seguridad Social, que tienen una tarifa fija reembolsable en parte, y los dem谩s facultativos. De estos pagos est谩n exentos los enfermos cr贸nicos y los de rentas muy bajas. Fuera de Europa, el modelo de Estados Unidos incorpora la cobertura sanitaria a trav茅s de seguros privados, mayoritariamente, y 茅sta se vincula al puesto de trabajo, de forma que deja sin amparo al 20% de la poblaci贸n, fundamentalmente trabajadores de peque帽as y medianas empresas.

En todo caso, el pacto de Estado en el que el Gobierno y las comunidades trabajar谩n en el pr贸ximo semestre debe descansar sobre el pilar de una mayor corresponsabilidad fiscal. Las comunidades ya tienen cedidos, entre otros tributos, los de patrimonio, transmisiones, sucesiones y juego. Tambi茅n se nutren de la tarifa auton贸mica del IRPF (33%), del 35% de la recaudaci贸n del IVA, del 40% de la recaudaci贸n l铆quida por los impuestos especiales, as铆 como de la totalidad del impuesto de matriculaci贸n. Entre las que han utilizado el impuesto sobre los hidrocarburos para financiar, en parte, su sanidad se encuentran Madrid, la pionera, junto a Canarias y Galicia. Este debe ser, sin duda, el camino a seguir, dot谩ndolo de mayor racionalidad. Es evidente que para costear la sanidad tendr铆a m谩s sentido utilizar los impuestos ligados al consumo de tabaco y alcohol, por ejemplo, que no recurrir a otros tributos que nada tienen que ver con las prestaciones de esta naturaleza. A partir de un mayor uso de la capacidad normativa, cada comunidad tendr谩 que retratarse ante sus contribuyentes y decidir si aumenta la presi贸n fiscal para incorporar a la sanidad p煤blica nuevas prestaciones, siempre en el bien entendido de que la asistencia b谩sica debe estar garantizada con car谩cter universal. En palabras de un miembro del Gobierno, hay que acabar con la sensaci贸n del gratis total.

El otro pilar del nuevo modelo ser谩 la mejora de los fondos que hasta ahora se vienen utilizando para determinar las necesidades de financiaci贸n. El fondo general debe actualizarse para cubrir con censos reales a toda la poblaci贸n protegida, sin dejar de valorar el n煤mero de ancianos en cada comunidad, mientras que el Fondo de Cohesi贸n deber谩 tener muy en cuenta las necesidades que plantea en buena parte de los territorios la avalancha de inmigrantes y la poblaci贸n flotante.

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