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JUBILACION

Los convenios colectivos podrán fijar la edad de jubilación forzosa


Los convenios colectivos podrán fijar la edad de jubilación forzosa a una edad diferente a los 65 años actuales. Ésta es una de las principales cuestiones que abordarán hoy Gobierno, patronal y sindicatos en el proceso de concertación social que se reanuda formalmente en tres mesas de negociación.


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Patronal y sindicatos podrán pactar la jubilación a
través de la negociación colectiva con una edad diferente a la oficial fijada
en 65 años. El objetivo es que los interlocutores sociales puedan pactar
políticas de rejuvenecimiento de plantillas fijando una salida forzosa por
debajo de la edad oficial.



Éste será uno de los principales temas que se negociarán hoy en el marco de la
concertación social, que se reanuda entre Gobierno, patronal y sindicatos. Los
agentes sociales decidieron abrir tres mesas de negociación para abordar las
cuestiones más urgentes del mercado laboral.



La sentencia del Tribunal Constitucional prohibiendo a los convenios
colectivos fijar la jubilación de los trabajadores a una edad distinta de los
65 años ha forzado a patronal y sindicatos a negociar un cambio de la
normativa. Por esta razón, el equipo del ministro de Trabajo, Jesús Caldera,
presentará a los agentes sociales un borrador sobre el reglamento que
desarrolla la ley de empleo. Se trata de un problema que afecta a 1,2 millones
de trabajadores que habían pactado con sus empresas llevar a cabo procesos de
prejubilación, pero que han quedado paralizados ante el vacío jurídico que ha
provocado la sentencia.



La nueva normativa tendrá que ser compatible con otras leyes como la de la
Seguridad Social, de forma que los procesos de prejubilación no dañen la
recaudación del sistema público. Además, el adelantamiento forzoso de la edad
de jubilación solo se podrá realizar cuando haya causas que lo justifiquen.



La segunda mesa de trabajo de los agentes sociales abordará la extensión del
ámbito de aplicación de los convenios colectivos. Es decir, que los sectores o
empresas que no tengan convenio podrán solicitar a una comisión tripartita la
aplicación de otros convenios de sectores o empresas afines. Con esta medida
se pretende ampliar el ámbito de la negociación colectiva a todos los
trabajadores, sobre todo a los de las pequeñas empresas, muchos de los cuales
no tienen convenio, por lo que los sindicatos consideran que tienen mayores
dificultades que los trabajadores de las grandes corporaciones para defender
sus derechos laborales.



La tercera mesa de negociación abordará la trasposición a la normativa
española de la directiva comunitaria sobre sociedades anónimas europeas. Se
trata de una norma que permite la creación de sociedades de carácter europeo y
en las que se prevé la participación de los trabajadores en sus consejos de
administración. Aunque esta directiva recoge una serie de ventajas para las
empresas que se quieran acoger a ella, la patronal ha mostrado su oposición a
la participación de los sindicatos en los consejos de administración. La CEOE
considera que esta representación puede convertirse en una desventaja para las
empresas. La normativa comunitaria indica el plazo máximo para su trasposición
en octubre, aunque no podrá realizarse hasta el año que viene dado que el
gobierno del PP no había abordado su adaptación, según fuentes ministeriales.



El buen clima de entendimiento que existe en la concertación social hace
prever que los interlocutores sociales prorrogarán el acuerdo interconfederal
sobre negociación colectiva para el ejercicio 2005. Este pacto, firmado hace
dos años, trata de garantizar la moderación salarial fijando incrementos entre
el 2% y el 3%. A cambio se introduce una cláusula salarial que garantiza el
poder adquisitivo de los salarios.



Aunque se trata de un acuerdo bilateral entre patronal y sindicatos y, por
tanto, está fuera del proceso de concertación social, ambas negociaciones se
llevarán a cabo en paralelo. Los dirigentes sindicales reconocen que en la
medida en que las reformas laborales vayan avanzado con consenso se facilitará
el acuerdo sobre moderación salarial.



Otra cuestión urgente que será abordada por los agentes sociales son los
presupuestos generales del Estado para el 2005. Concretamente el 13 de
septiembre se reunirá la mesa de la Seguridad Social, donde se abordarán entre
otras cuestiones el futuro del superávit que tendrá el sistema público de
pensiones este año y que según los primeros cálculos podría superar los 6.000
millones de euros. Esto representa en torno al 0,7% del PIB. En principio,
este dinero se destinará a fortalecer el fondo de reserva y mejorar las
pensiones más bajas.