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SOBRE EL PAPEL DEL SECTOR FINANCIERO ANTE LA CRISIS ECONÓMICA ESPAÑOLA

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE COMFIA-CC.OO.


Destapada la crisis por el estallido de la burbuja financiero-inmobiliaria en EE.UU. y descontada, en primera instancia, la solvencia del sistema financiero español, parece aclararse cada vez más el horizonte y las últimas cifras de desempleo vienen a poner a cada crisis en su sitio.


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La economía española tiene su propia crisis y tiene sus propias cifras, algunas lamentablemente llamativas:

 

   El volumen de deuda acumulada por las familias y las empresas alcanza ya el 100% del P.I.B., esto es, si tuviéramos que devolverlo ya, empresas y trabajadores tendríamos que estar trabajando dos años gratis.

 

   El incremento artificial del valor inmobiliario ha provocado que la mayor parte de la inversión realizada en los últimos 14 años se haya dirigido hacia el sector inmobiliario, desatendiendo otros sectores productivos y buscando en el exterior satisfacer esas necesidades de consumo. (Déficit de la balanza de pagos: -10% del PIB en 2007 y -10% de PIB en 2008)

 

   La financiación de la “burbuja inmobiliaria” ha provocado que el sistema financiero español haya buscado en mercados extranjeros el ahorro que aquí no había, 784.000.000.000.- de € (78% del PIB) de los cuales 230.000,- millones vencen en el corto plazo, antes del año 2011. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de los créditos hipotecarios tienen vencimiento a largo plazo, 25 o más años, la necesidad de refinanciar el sistema parece evidente.

 

   El número de desempleados alcanza ya la cifra de 3.327.000 personas, 200.000 en el último mes, y el Gobierno ya admite que seguirá creciendo.

 

El sistema financiero tiene, en el haber, la responsabilidad social de dotar de crédito a la economía (básico para financiar el circulante y los proyectos de inversión de las empresas o para activar el consumo), pero pensar que sólo este elemento va a solucionar un problema que es sistémico y que tiene su origen precisamente en un exceso de endeudamiento y especulación, es hacerse trampas en el solitario. Además, la otra responsabilidad, en el debe, es garantizar el buen fin de los depósitos y, por lo tanto, una adecuada medición del riesgo.

 

Lejos de generar certidumbre, desde la Administración se siguen mandando mensajes contradictorios. Por una parte el Gobierno públicamente exige a los bancos reactivar el crédito a particulares y empresas y por otra, más privada, el Banco de España exige medidas que controlen la calidad del riesgo de las entidades.

 

Causa perplejidad que se invoque, cual bálsamo para la solución de todos los problemas, las medidas con las que el Gobierno apoya, previo pago de su coste, al sistema financiero, en forma de avales o compra de activos de alta calificación, y que sólo cubren la mitad de la deuda que a corto plazo el propio sistema ha contraído con el exterior, como reconoció el propio Gobierno.

 

El empleo, nuestra prioridad

En este entorno, la prioridad de COMFIA–CCOO es el empleo, también en este sector, y para garantizarlo es imprescindible que se aclaren determinadas posiciones por parte de los distintos actores.

 

Es necesario que las Empresas del sector mantengan políticas de contención en el reparto de dividendos para reforzar la base de capital. Capital que será a corto plazo imprescindible para conciliar la activación del crédito con la necesaria liquidez y solvencia de las entidades.

 

Es inmoral que mientras en el sector se instala una política de contención de costes, que viene a traducirse en un aumento de los despidos disciplinarios, rescisión de contratos temporales y no utilización de ETTs, así como en medidas de absorción salarial, se mantengan incrementos abusivos de las retribuciones salariales de los altos directivos. No tiene sentido que Empresas que declaran altos beneficios en sus cuentas de resultados, reduzcan empleo de manera traumática.

 

Corresponsabilidad, lealtad y transparencia

 

Es imprescindible que el sector financiero, no obstante, mantenga la línea de eficiencia, rentabilidad y solvencia que la ha caracterizado en los últimos 30 años y que ha contribuido al desarrollo de la economía española. Ahora, más que nunca, es exigible transparencia en la gestión y responsabilidad con su entorno económico y social.

 

Pero la transparencia y la responsabilidad que exigimos a las entidades financieras, también es exigible a todos los actores. No se puede seguir distrayendo la atención sobre la dimensión de la crisis buscando chivos expiatorios ajenos a la propia responsabilidad, cambiando a conveniencia esa responsabilidad; primero fueron las subprime, más tarde la crisis globalizada, hoy son las entidades financieras, y mañana será la rigidez del mercado laboral. Es decir, nuestro empleo.

 

El Gobierno y la oposición deben dar a conocer la dimensión económica y social del problema y deben contar a la ciudadanía, de manera clara, la profundidad estructural de la crisis. No es de recibo que los ciudadanos descubramos a golpe de noticia que cada día nuestro patrimonio tiene menos valor y que nuestro empleo, o nuestra empresa, están amenazados por algo o alguien a conveniencia del momento.

 

Superar la fase de la culpa, exige admitir que no existen soluciones únicas y que nadie vendrá a salvarnos de nosotros mismos. Es el momento de las ideas y de Los compromisos.

 

   ¿Sería conveniente dar a conocer que la economía española se ha gastado anticipadamente el ahorro de la siguiente generación viviendo por encima de sus posibilidades, circunstancia en la que bancos y cajas han participado activamente?

 

   ¿Qué hacemos con la vivienda construida que no tiene salida de mercado?

 

   ¿De qué manera se tiene que reconocer que los activos inmobiliarios están sobrevalorados en más de un 30%?

 

   ¿Ayudaría a la reactivación del mercado inmobiliario la puesta en circulación de los bienes inmuebles que pasarán a las entidades financieras por impago a esos precios sin que se generase otra “burbuja”?

 

   ¿Tiene sentido un plan pactado para convertirlos en parques de viviendas públicas de alquiler con o sin opción a compra?

 

   ¿El Fondo Estatal de Inversión Local no debería ponerse a disposición también de empresas que aún no han despedido a sus trabajadores?

 

   ¿Dicho Fondo no debería enfocarse más bien hacia la obra pública que mejore la productividad de nuestra economía, por ejemplo apertura de caminos rurales que acompañen la implantación de energías sostenibles o mejorar la conectividad de las redes de comunicaciones?

 

   ¿Tiene sentido reorientar la obra social en las cajas de ahorro hacia proyectos que incrementen la competitividad de nuestro sistema productivo, manteniendo su naturaleza jurídica?

 

   ¿Pueden servir las entidades financieras como plataformas tecnológicas que mejoren la competitividad, productividad, sostenibilidad e internacionalización de las PYMES?

 

Nuestro compromiso es la defensa del empleo y garantizar la protección social como base del sistema de convivencia. Nuestro esfuerzo es defender la profesionalidad de las personas que trabajan en el sector, exigiendo que se adapte a un nuevo modelo de mercado y a un nuevo modelo productivo. Y, desde luego, defendiendo a los trabajadores de quienes con su actitud los convierten en responsables y chivos expiatorios de la falta de perspectivas y soluciones a la altura de la crisis a la que nos enfrentamos.

3 de febrero de 2009