COMFIA-CCOO pide al Banco de España que regule la seguridad de la banca por internet

El Sindicato considera que el Banco de España debe establecer un contrato tipo para la prestación de servicios de banca por internet donde se fijen claramente las responsabilidades de las entidades ante casos de fraude electrónico como por ejemplo el "phising" sufrido por usuarios de Cajamadrid, BBVA y Cajamar días pasados.

COMFIA-CCOO exige a las entidades mecanismos eficaces de protección y de respuesta inmediata ante los intentos de estafa y recuerda que las primeras oleadas de correos electrónicos intentando estafar a clientes de CAJAMADRID y CAJAMAR fueron detectadas hace ya más de un mes (11.02.05) por la Asociación de Internautas.

El Sindicato considera que el contrato tipo debe recoger una serie de indicaciones a los clientes sobre como actuar en caso de estos intentos de fraude, comprometer unas determinadas reglas de actuación por parte de la entidad en caso de comunicación con el cliente y establecer de forma equilibrada las condiciones en las que se produciría la exoneración de responsabilidad de la Entidad Financiera ya que estas condiciones son, a juicio del Sindicato, en la mayoría de los casos claramente abusivas ya que eximen en la práctica de cualquier responsabilidad a las Entidades.

El Banco de España debería establecer también las condiciones mínimas de seguridad necesarias para que Bancos, Cajas y cualquier otro intermediario financiero pudiera prestar servicios de banca por internet.

Está acreditado que muchas de las web de estas entidades no cumplen los requisitos de seguridad exigibles. El estudio elaborado a finales de 2004 por Hispasec señalaba que un 44% de las web bancarias españolas se veían afectadas por algún fallo de diseño que facilitaba los ataques de "phising". Transcurrido un mes desde la publicación de los datos, sólo un tercio de las webs inseguras había mejorado, datos que coinciden con los proporcionados por la Asociación de Internautas ayer mismo.

El Banco de España debería abrir un periodo de consultas en el que se oyeran no sólo a las entidades y al Antiphising Working Group sino también las asociaciones de consumidores y de internautas.

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