La prejubilación se lleva nueve de cada diez euros del coste laboral de la fusión

Aumentar la edad de jubilación en un año supondría para las cajas un incremento de 40 millones de euros. Los sindicatos ofrecen otras posibilidades

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El gasto que supondrá llevar a cabo la reordenación de personal de la entidad que surja de la fusión entre Caja España y Caja Duero a través de las prejubilaciones se llevará prácticamente nueve de cada diez euros de la partida presupuestaria que las cajas tienen comprometida en su plan de negocio para hacer frente al proceso. En total, algo más de 230 de los 260 millones de euros que costará reordenar las plantillas se destinarán a incentivar las prejubilaciones entre los trabajadores que hayan cumplido los 55 años antes del pasado 31 de diciembre. Eso en el caso de que los sindicatos acepten la última oferta de las cajas, algo que después de los contactos de estos últimos días parece poco probable.

Las entidades han accedido a subir hasta los 63 años la edad de jubilación de los trabajadores que se acojan ahora a la prejubilación, a los que ofrecen la posibilidad de elegir entre cobrar un 90% de la retribución bruta fija anual percibida hasta entonces y renunciar a las aportaciones de las entidades a los planes de pensiones; o cobrar el 80% del salario y mantener estas aportaciones. Incluso, dada la presión sindical en este sentido, están estudiando fórmulas para ceder «un poco más» en las exigencias de los trabajadores.

Desde la plataforma de UGT se mantiene la exigencia de prolongar la prejubilación hasta los 64 años; y en cuanto a las coberturas, que sean del 95% de las retribuciones brutas sin aportaciones al plan de pensiones, y del 85% en caso de mantener estas aportaciones.

Según el cálculo de algunos representantes sindicales, prolongar la edad de jubilación hasta los 64 años tendría un coste a mayores para las cajas calculado en 40 millones de euros.

El argumento de las entidades en este punto es claro: un incremento de este tipo obligaría a revisar la partida presupuestaria prevista para la reordenación de la plantilla. Esa partida está incluida en el Plan de Negocio, aprobado ya por el Banco de España dentro del proceso de fusión, y no puede ser revisada ahora, según las cajas.

Los sindicatos, por su parte, insisten en que las cuentas sobre las que están haciendo los cálculos de recorte de plantilla son «estimativas», porque no se les han entregado los datos definitivos del plan de negocio. Y no tienen tan claro que esas cantidades sean inamovibles. De hecho, desde UGT, se considera que el coste de las propuestas que han realizado, rechazado por las cajas porque se sale ampliamente de sus cálculos, «no es tan disparatado».

Pérdidas asumibles. Lo cierto es que, incluso desde alguno de los sindicatos que negocian el Protocolo Laboral, se reconoce que la pérdida real de poder adquisitivo de los trabajadores que hayan cotizado 40 años cuando se jubilen (la mayoría de los que entren en este paquete de prejubilables) no sería realmente significativa, teniendo en cuenta el proceso que se está afrontando.

Incluso se han propuesto fórmulas «intermedias» para intentar romper el bloqueo, y que permitirían dar cobertura a los trabajadores, sin llegar a establecer la jubilación en los 64 años. Por ejemplo, aceptar la jubilación a los 63 años a cambio de entregar una indemnización a los trabajadores, una medida que evitaría a las cajas el pago de las cotizaciones de ese último año, pero compensaría a los trabajadores. Se trata, según algunos de los negociadores, de «aplicar las matemáticas» para intentar consensuar una opción «que sea beneficiosa para todos.

El Salario Mínimo Garantizado, sin vinculación al FROB.

Junto a las prejubilaciones, uno de los puntos que mantiene distanciadas las posturas de cajas y sindicatos es la homologación en materia salarial. La última oferta de las entidades establece un Salario Mínimo Garantizado para todos los trabajadores, incluídos los futuros, equivalente a 23 pagas del salario base de cada nivel en el convenio. Quienes cobren más de ese mínimo, incluirán sus extras en un Complemento Personal, que se consolidará a lo largo de los cuatro años siguientes a la fusión. Para quienes no alcancen ese mínimo, se establece un calendario de subidas.

Sin embargo, las cajas pretenden vincular este compromiso al cumplimiento de las exigencias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), es decir, a la devolución en los próximos siete años de los 525 millones de euros que solicitan para llevar a cabo la fusión y cumplir los objetivos de negocio marcados.

Los sindicatos, al margen de otros ajustes sobre estas cantidades, rechazan que el cumplimiento de los compromisos laborales se vincule a la marcha del negocio. «Este no es un problema que hayamos creado nosotros. Además, si la nueva caja fusionada no es capaz de devolver el préstamo del FROB, mal vamos de cara al futuro, no sólo en el cumplimento de compromisos laborales», ironizan.

maría jesús muñiz

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