Caja Duero exige desactivar la presidencia y elegir al director general a escasos días de votar la fusión

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Está claro que lo de la reestructuración de las Cajas de Castilla y León no puede avanzar como algo natural, fruto del contexto económico y de la necesidad de redimensionarse. Hay demasiados intereses que lo impiden y que ayer hicieron tambalear durante unas horas la encarrilada fusión de Caja España y Duero. A falta de cuatro días para que expire el plazo marcado por el Banco de España para que ambas entidades se den el sí definitivo y pidan la ayuda del FROB, el vicepresidente económico de la Junta, Tomás Villanueva, tuvo que ejercer de nuevo como mediador ante las diferencias entre ambas entidades -también internas- a la hora de interpretar alguno de los puntos acordados en el conocido como Pacto de Tordesillas.
Tras esa cita matinal, se celebró tanto un Consejo extraordinario de Caja Duero como otro, ya previsto de antemano, por parte de Caja España. La tensión estaba en el ambiente y había consejeros que aventuraban incluso una nueva ruptura entre ambas Cajas. Al final no fue así. Se mantiene el compromiso de seguir adelante, pero con nuevas y duras condiciones.
La más sorprendente pasa porque Caja Duero exija que en el proyecto de fusión que se someta a aprobación -el martes están convocados los consejeros de la leonesa- se incluya de forma «imprescindible» la «designación» del director general de la nueva entidad y los miembros del equipo directivo de primer nivel. Este aspecto había quedado, en principio, aparcado hasta una fase posterior. Según interpretan desde Caja España, el acuerdo firmado el 4 de enero decía que debía ser el nuevo consejo de administración -integrado por los 34 miembros de los máximos órganos de las dos cajas- el que elegiría al nuevo director general y que, posteriormente, éste efectuaría una propuesta sobre el resto del equipo, que la entidad salmantina también quiere que se elijan en sólo unos días.
Polémicos estatutos
Esta exigencia de última hora viene unida al otro escollo que ha surgido en los últimos días. Según fuentes consultadas por ABC, Caja Duero ha propuesto que en la redacción de los estatutos de la nueva entidad se impida, mediante un blindaje, la posibilidad de que en algún momento la Presidencia de la futura entidad tenga poder ejecutivo. Aunque Caja España comparte con la salmantina la idea de que el presidente no tenga capacidad de decisión, considera que es mejor que sea el futuro Consejo el que determine si en algún momento es necesario dotarle de esos «poderes» que ahora no tiene pero que contempla la ley de cajas.
Pese a todo lo anterior, Caja Duero ratificó su «compromiso» con el proceso de fusión y especialmente «su apoyo» a los preacuerdos alcanzados por ambas entidades en la localidad vallisoletana. En este sentido, asegura que «es irrenunciable la garantía de su fuerza vinculante futura».
ABC

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