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Empresas y mutuas se enfrentan por el negocio de la seguridad laboral
MUTUAS
La patronal Aspa, mayoritaria en el sector, denuncia ante Defensa de la Competencia a las mutuas de accidentes de trabajo. Los empresarios acusan a estas entidades de usar recursos públicos en una actividad privada.
Las empresas del sector de la prevención de riesgos laborales
han abierto una guerra con las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, a las que acusan de vulnerar la libre competencia.
Por esta razón, la Federación de Servicios de Prevención Ajenos (Aspa), patronal
mayoritaria del sector privado en el asesoramiento de las empresas para combatir
la siniestralidad laboral, ha denunciado a las mutuas, que son entidades
colaboradoras de la Seguridad Social.
Los argumentos de Aspa, que reúne a 250 empresas y a 10.500 trabajadores en toda
España, son los siguientes, según manifestó a EXPANSIÓN su presidente, Juan
Prats Guerrero. En primer lugar, el sector privado acusa a las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, reunidas en la patronal
AMAT, de financiar sus actividades de prevención de riesgos laborales con la
utilización de fondos públicos; es decir, con las cotizaciones sociales. Las
empresas recuerdan que el Tribunal de Cuentas estima que tienen este origen el
38% de los recursos que las mutuas utilizan en el asesoramiento contra la
siniestralidad laboral; es decir, en una actividad que para las colaboradoras de
la Securidad Social tendría que ser estrictamente privada.
Como consecuencia de ello, Aspa considera que las mutuas han bajado
considerablemente el valor de mercado -los precios de la actividad de prevención
en las empresas-, lo que, a su juicio, tiene que ver, en parte, con las
elevadas tasas de siniestralidad laboral en España. Unida a esta circunstancia
está la confusión que, en opinión de Prats, ha generado la actividad de las
mutuas entre las empresas en lo que se refiere a los precios.
Por último, la patronal del sector privado de la prevención de riesgos laborales
acusa a las mutuas de causar un daño patrimonial a la Seguridad Social por
financiar esta actividad con las cotizaciones sociales.
Declaración de intenciones
La patronal AMAT no quiso hacer ningún comentario a las acusaciones de las
empresas privadas. Por su parte, un portavoz de la Seguridad Social dijo que no
hay nada que decir a lo que Trabajo considera una pugna empresarial.
Sin embargo, el secretario de Estado, Octavio Granado, firmó el pasado día 5 con
las mutuas una declaración por la cual estas entidades se comprometían a
erradicar las malas prácticas de su funcionamiento diario. Declaración que
Aspa espera que se cumpla, porque quince días después algunas colaboradoras
de la Seguridad Social continúan mezclando su actividad de prevención de riesgos
laborales (de carácter privado) con su actividad de atención de de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se financia con las
cotizaciones sociales.
Ya en junio de 2005, el Gobierno aprobó una real decreto en el que obligaba a
las mutuas a separar con toda claridad ambas actividades. Sin embargo, Prats
asegura que, algunas mutuas manejan la información que tienen sobre empresas y
trabajadores derivada de su actividad como cobertura de sanidad, además de otras
circunstancias que, en su opinión, rompen la competencia. Por ejemplo, ofrecer
con carácter gratuito la prevención de riesgos laborales junto a la atención
sanitaria, o con un descuento de entre el 30% y el 40%. Con todas estas
ventajas, según el sector privado, el reparto del mercado de la actividad de
prevención de riesgos laborales es muy desigual. Las mutuas de accidentes de
trabajo tienen entre el 70% y el 80% del negocio. Por todas estas razones, Prats
asegura que las empresas no pueden aguantar más y piden a las mutuas la
apertura de negociaciones para abrir el mercado. Aspa considera correcta la lína
de actuación de Trabajo para introducir claridad en el sector, aunque pide más
rapidez y una actitud más enérgica.
La Seguridad Social quiere más control
A lo largo de los últimos años, el Tribunal de Cuentas ha detectado en
reiteradas ocasiones problemas en la gestión de las mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales. Y ello, a pesar de que, en teoría,
deberían estar estrechamente controladas por el Gobierno como entidades que
fundamentalmente son colaboradoras de la Seguridad Social, y que se financian en
su mayor parte con las cotizaciones sociales.
Con frecuencia, el Tribunal de Cuentas ha encontrado conciertos de las mutuas
con entidades privadas para la utilización de sus locales o una dotación
inferior de la que deberían en su aportación a los fondos de reserva y de
prevención y rehabilitación. Así, el último control sobre las mutuas hizo que la
Seguridad Social ingresase 387,5 millones de euros, lo que representa el 40,8%
de la aportación de los últimos diez años por este concepto.
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