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SALUD LABORAL
La salud laboral en España
El sistema de aseguramiento de los riesgos profesionales en España es caro, ineficiente y escasamente orientado a la prevención
La magnitud de los índices de accidentes de
trabajo es inaceptablemente elevada en España en comparación con los países del
entorno. La alarma por este grave problema hace, según el autor, que se difumine
la preocupación, más amplia, sobre la salud laboral o sobre los daños a la salud
derivados del trabajo
La persistencia de noticias sobre accidentes de trabajo, en particular sobre
aquellos que tienen consecuencias mortales, hace que, por una parte, se mantenga
la 'alarma social' que desde hace ya algunos años existe al respecto, y, por
otra, que se difumine la preocupación, más amplia, sobre la salud laboral, o
sobre los daños a la salud derivados del trabajo.
A pesar de que la tendencia de los índices de accidentes de trabajo, en
particular de los graves y mortales, es de estabilización o de reducción,
todavía su magnitud es inaceptablemente elevada en comparación con los países de
nuestro entorno. El número de accidentes mortales y las consecuencias en
términos de incapacidad para el trabajo de los no mortales, están,
efectivamente, muy lejos de lo que nuestras condiciones de desarrollo económico,
cultural y social exigirían.
Lo llamativo de esta situación dificulta el conocimiento preciso de los
problemas más generales relacionados con la salud laboral, y hace que se haya
prestado menos atención tanto a los indicadores de la misma como a las
consecuencias de los daños para ella derivados del ambiente y de las condiciones
de trabajo. De forma que carecemos aún de investigaciones suficientes para
desarrollar programas de salud laboral y actuaciones preventivas basadas en el
conocimiento preciso de las circunstancias que están en el origen de los
accidentes y de los daños a la salud de los trabajadores. El déficit de
conocimientos precisos acerca de la siniestralidad, derivado de las
insuficiencias del sistema de información estadística y de la inexistencia de un
concepto de accidente de trabajo desde el punto de vista de la prevención (el de
accidente de trabajo sigue siendo un concepto de seguridad social, concebido y
desarrollado en función de la protección a dispensar al trabajador accidentado,
no desde el punto de vista de la prevención), y la carencia de investigaciones
adecuadas acerca de los riesgos y daños para la salud derivados del trabajo,
están impidiendo la formulación y puesta en práctica de políticas preventivas
eficaces y de protocolos de protección de la salud en el ámbito laboral.
En ese contexto, la publicación del Informe de salud laboral. Los riesgos
laborales y su prevención. España 2004, realizado por un equipo de investigación
dirigido por mí y por el doctor García Benavides, y patrocinado por Zurich,
constituye un ejemplo de lo que la iniciativa social puede aportar al estudio y
al debate de las grandes cuestiones que deben centrar la atención tanto del
diálogo social como de la decisión política.
Como pone de manifiesto el informe, tenemos un sistema de aseguramiento de los
riesgos profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales),
caro, ineficiente y escasamente orientado a la prevención. La cotización por
riesgos profesionales en España dobla sobradamente, en términos de porcentaje
sobre el salario, a la de Alemania, mientras que los resultados preventivos de
este último país son muy superiores a los nuestros. El problema no es, por
tanto, de recursos económicos, sino de adecuada distribución de recursos y de
ordenación de la prevención.
Los factores de riesgos laborales emergentes, relacionados fundamentalmente con
la organización del trabajo (factores psicosociales) y con las nuevas formas de
ordenación de las actividades empresariales, están todavía muy poco estudiados
y, sobre todo, son poco considerados a la hora de articular las políticas
preventivas. La distribución de los recursos preventivos es muy desigual,
territorial y sectorialmente (las autonomías con mayor actividad, por ejemplo,
como Madrid y Barcelona, son aquellas en las que la escasez relativa de
inspectores de trabajo y seguridad social es mayor). No existen políticas de
salud laboral dirigidas específicamente a las pymes, que presentan sin embargo
peculiaridades tanto en el perfil de exposición a riesgos como en las
dificultades para la gestión de la prevención (asunción de la prevención el
empresario, falta de recursos, falta de representación sindical, etcétera). Y el
sistema de aseguramiento y de responsabilidades empresariales, no facilita la
consecución de los dos objetivos fundamentales que debe perseguir: garantía de
una adecuada protección de los trabajadores mediante la reparación íntegra del
daño causado a su salud (por el accidente o la enfermedad profesional), y el
favorecimiento de la prevención de los riesgos laborales en las empresas.
El aseguramiento sigue siendo insensible a las concretas circunstancias
preventivas de las empresas (no premiando los buenos resultados preventivos ni
penalizando los malos), y la protección dispensada al trabajador accidentado es
insuficiente para reparar íntegramente el daño sufrido por el mismo, por lo que
dicha reparación se debe pretender por medio de reclamaciones civiles o penales
y no existe obligación de aseguramiento de la misma. La experiencia demuestra
que el aseguramiento obligatorio incentiva la prevención, mientras que su falta,
con la consiguiente necesidad de reclamación judicial de la compensación del
daños sufrido, la desincentiva.
Las reflexiones del informe en relación con estos temas, las informaciones
aportadas por el mismo, y sus conclusiones y recomendaciones, ofrecen una
valiosa hoja de ruta al diálogo social y a la acción de gobierno, para avanzar
en la mejora de la calidad del trabajo y de los indicadores de salud laboral.
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