Un envejecimiento insostenible

El gasto público en pensiones supone en la actualidad el 8,2% del PIB, porcentaje que se duplica en el caso de Asturias y que, en otras sociedades envejecidas, como son las de Cantabria, Castilla y León , Extremadura y Galicia, supera el 10%.

Este artículo se publicó originalmente en Unicaja (Sección Sindical Unicaja) ,

El crecimiento sostenible, mencionado como objetivo en el artículo 3 del Tratado que fue rubricado el pasado 29 de octubre por todos los líderes de la Unión Europea, va a ser observado estadísticamente mediante una lista de indicadores que permitirán detectar los problemas que vayan surgiendo en aspectos económicos (inversión, competitividad, globalización del comercio, etcétera), medioambientales (cambio climático, consumo de energía, generación y recogida de residuos...) y sociales o demográficos (pobreza y exclusión social, salud pública, participación ciudadana o envejecimiento).

Sin quitar importancia a los aspectos económicos o medioambientales, que tradicionalmente son los que centran la atención en materia de sostenibilidad, merece la pena detenerse en el problema del envejecimiento, que se refleja en indicadores que ponen en relación el gasto público en pensiones o el gasto público dedicado al cuidado de los mayores con el producto interior bruto.

El gasto público en pensiones supone en la actualidad el 8,2% del PIB, porcentaje que se duplica en el caso de Asturias y que, en otras sociedades envejecidas, como son las de Cantabria, Castilla y León , Extremadura y Galicia, supera el 10%. El indicador que pone en relación el gasto público en cuidado de mayores con el PIB todavía no está disponible, entre otras cosas por las grandes dificultades que presenta separar la atención sanitaria de la puramente asistencial, pero su volumen va a ser notable.

En términos de desarrollo sostenible, el envejecimiento va a constituir en un futuro muy próximo un problema dramático, sobre todo porque al inevitable envejecimiento poblacional se une el problema de unas composiciones familiares en las que cada vez es menos frecuente la coexistencia de varias generaciones, con lo que la tradicional asistencia familiar a los ancianos habrá de verse sustituida por asistencia pública.

En la actualidad, la población de 65 años y más es el 17% del total pero, según las recientes proyecciones demográficas elaboradas por el INE, en el año 2050 esta población va a tener un peso del 30,9%, lo que va a hacer variar la denominada razón de dependencia desde los casi tres activos potenciales (personas de 16 a 64 años) por pensionista que hay en la actualidad hasta 1,8 activos potenciales por cada mayor de 64 años.

Y todo ello a pesar del rejuvenecimiento poblacional que se está produciendo por la inmigración de personas jóvenes, que también envejecerán, y por una inicial fecundidad mayor de las mujeres extranjeras que, como siempre ocurre, irá adaptándose a la pautas de las mujeres españolas.

La pasividad de los responsables políticos ante este problema ha sido alarmante a pesar de que, desde hace ya muchos años, se viene alertando del peso tan importante que iba a alcanzar una población mayor, que además de percibir prestaciones monetarias suele tener problemas de salud y asistenciales que, como se sabe, se precipitan a medida que se van alcanzando edades más avanzadas.

La única solución para hacer sostenibles los sistemas asistenciales y sanitarios pasa por una recuperación de las tasas de fecundidad de las mujeres españolas y las claves de esta recuperación, como ponen reiteradamente de relieve las encuestas de fecundidad, están en acabar con el empleo precario de los jóvenes, hacer asequibles los alquileres o la adquisición de vivienda e incrementar las ayudas sociales a la maternidad, cuestiones que se manifiestan como causas de que las españolas no tengan los 2,1 hijos que desearían en lugar de los 1,2 hijos que se tienen en la actualidad por término medio.

Este problema del envejecimiento va a adquirir caracteres dramáticos en algunas comunidades autónomas, cuestión que debería tenerse muy en cuenta ahora que se está replanteando la estructura del Estado y la descentralización de competencias. Las migraciones interiores, tan acusadas en los años sesenta pero que todavía afectan anualmente a muchos miles de personas, han expulsado jóvenes y han precipitado el envejecimiento de muchas zonas, por no hablar de otros problemas anejos como la desertización de sus territorios. Algunas comunidades, como Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia, ya en 2001 tenían más de un 20% de su población con más de 64 años, y en provincias como Teruel, Soria, Zamora, Lugo y Orense la población mayor rondaba el 27%, cerca ya del referido 30,9% previsto para el conjunto nacional en 2050.

Sin duda, cuando se conozcan las proyecciones demográficas para esas zonas se apreciará un panorama desolador, con proporciones impresionantes de ancianos, unos que no emigraron y otros que, habiéndolo hecho cuando eran jóvenes, han retornado a sus lugares de origen.

José Aranda
Cinco Dias, 17 de noviembre de 2004