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SINIESTRALIDAD LABORAL

Accidentes de trabajo: v铆ctimas no consideradas


V铆ctimas de la inseguridad en el trabajo, pero no reconocidas socialmente. En materia de v铆ctimas, hay en nuestro pa铆s un ranking no escrito que determina su visibilidad social y la percepci贸n colectiva de la importancia de la lesi贸n. Antonio Baylos


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聽La Constituci贸n espa帽ola protege el derecho a la vida y a la integridad f铆sica y moral. El Estado Social extiende institucionalmente esta garant铆a no s贸lo a todos los ciudadanos a trav茅s de la creaci贸n de un Sistema Nacional de Salud de cobertura universal, sino tambi茅n en especiales situaciones de riesgo como es el desempe帽o de una actividad laboral, a lo que se compromete expl铆citamente en el art. 40.2 CE sobre el cumplimiento de una eficaz pol铆tica en materia de salud laboral. Sin embargo la acci贸n del Estado se tiene que desplegar dentro del c铆rculo de organizaci贸n empresarial dirigido por un poder privado formidable, el del empleador, que ocupa la situaci贸n de supremac铆a en la asim茅trica relaci贸n jur铆dica que le permite apropiarse del trabajo de otras personas a cambio de una remuneraci贸n. Por eso el punto de partida de la protecci贸n de la salud en el trabajo es la relaci贸n contractual, donde el Estado cumple su funci贸n garantista al establecer - y regular 聳 un deber de seguridad por parte del empleador con base en el contrato de trabajo, formando parte en consecuencia de la red de obligaciones rec铆procas que lo configuran. Ese anclaje contractual explica que la materia de la salud y seguridad en el trabajo sea vista desde la perspectiva del riesgo y de la responsabilidad y se aborde su r茅gimen jur铆dico desde la l贸gica del aseguramiento y del da帽o producido y de su reparaci贸n. Por eso hablar de salud laboral es hacerlo de accidentes de trabajo.

Frente a esa manera de ver las cosas, a partir de 1995 se introduce con pretensiones de transformaci贸n importante de los planteamientos en la materia, la Ley de Prevenci贸n de Riesgos Laborales, que no abandona 聳 ni podr铆a 聳 la construcci贸n contractual del deber de seguridad, sino que desarrolla de forma muy extensa los mecanismos preventivos que incumben al empleador, las obligaciones de formaci贸n y los mecanismos de participaci贸n y de codeterminaci贸n colectivos, situados en la esfera de los derechos de informaci贸n y de consulta de los representantes de los trabajadores, y sobre los que se despliega tambi茅n la tutela inspectora y sancionadora del Estado. Pero la prevenci贸n se estrella frente a la precariedad y la descentralizaci贸n productiva, la fragmentaci贸n del trabajo y de la figura del empresario 聯reconstruida聰 en la sucesiva cadena de la contrataci贸n de servicios y en las f贸rmulas interpositorias resultantes.

Por ello la (mala) salud laboral se manifiesta en las malas noticias estad铆sticas sobre la frecuencia y el resultado de la siniestralidad en el trabajo que cada a帽o ensombrecen el panorama espa帽ol. Son las v铆ctimas de un sistema de producci贸n y de trabajo en el que a fin de cuentas el responsable de su salud y seguridad se encuentra acostumbrado a hacer del ahorro de costes laborales y de la degradaci贸n de condiciones de trabajo, las ventajas competitivas a las que incitan autoridades monetarias y expertos econ贸micos como la forma por excelencia de acumulaci贸n y de creaci贸n de riqueza. Y frente a cuya actuaci贸n no existe la suficiente respuesta punitiva ni resarcitoria.

V铆ctimas de la inseguridad en el trabajo, pero no reconocidas socialmente. En materia de v铆ctimas, hay en nuestro pa铆s un ranking no escrito que determina su visibilidad social y la percepci贸n colectiva de la importancia de la lesi贸n. Ante todo las v铆ctimas del terrorismo, tambi茅n ellas escalafonadas, en el primer puesto las del terrorismo de ETA, cuyas organizaciones, jaleadas por los medios de comunicaci贸n privados y satelizadas por el PP, interpelan al Gobierno sobre el proceso de negociaci贸n en el Pais Vasco, influyen sobre las decisiones judiciales y pretenden decidir la pol铆tica penitenciaria. En segundo t茅rmino las v铆ctimas del atentado del 11 de marzo, que se concentran en la representaci贸n p煤blica de su dolor colectivo. A continuaci贸n, las v铆ctimas de la violencia dom茅stica, cuyo desvalor social es justamente puesto de manifiesto con contundencia en los medios de comunicaci贸n y en el discurso pol铆tico. Despu茅s se sit煤an las v铆ctimas de los accidentes de circulaci贸n, con un claro cambio de signo, puesto que en este desgranar de muertos y de incapacidades resultantes de la carretera se introduce una sensaci贸n doble de cotidianeidad y de impotencia que sin embargo se desmiente mediante la continua llamada de atenci贸n de televisiones, radios y peri贸dicos a extremar la precauci贸n y el uso 聳 y la publicidad - de medidas preventivas y sancionatorias. Y en 煤ltima posici贸n, las v铆ctimas del trabajo, que comparten con las anteriores la sensaci贸n de cotidianeidad y de inevitabilidad, pero frente a las que no se despliega una cobertura medi谩tica extensa que relacione muertes y lesiones entre s铆 聳 no se se帽ala la cantidad de trabajadores emigrantes, la condici贸n de temporales de 茅stos, ni el tipo de organizaci贸n empresarial en el que se ha producido el siniestro 聳 ni consigue un espacio propio entre los temas que preocupan a la opini贸n p煤blica. De esta forma, el problema de la salud laboral y el millar de muertos al a帽o en accidentes de trabajo se confina en la esfera socio-profesional o en el di谩logo social con el poder pol铆tico, pero no resulta culturalmente significativo posiblemente porque para ello ser铆a necesario pensar cr铆ticamente la relaci贸n entre el mercado y el Estado en materia de relaciones de trabajo, cuesti贸n a la que los sujetos intervinientes en este tema - Administraci贸n, magistratura, empresarios 聳 no est谩n en absoluto dispuestos.

La muerte y la integridad f铆sica del trabajador se banalizan. Ni se castigan suficientemente ni tampoco cuestan caras. El entramado jur铆dico que regula estas cuestiones se disuelve en una multiplicidad de 贸rdenes jurisdiccionales que complica y diversifica la exigencia de responsabilidad empresarial. El reciente Congreso de Magistrados del Orden Social que se celebr贸 en Murcia, a finales de octubre del 2006, solicit贸 en sus conclusiones una Ley Integral de Siniestralidad Laboral que unificara la competencia sobre esta materia en la jurisdicci贸n social. Buenos prop贸sitos, pero de los que quiz谩 los sindicatos y los trabajadores recelen simplemente por el hecho de que en gran parte la 聯migraci贸n聰 de la exigencia de responsabilidad por da帽os al orden civil de la jurisdicci贸n ha sido provocado por las restricciones que la jurisdicci贸n social ha realizado a la cuant铆a de las indemnizaciones, al entender comprendidas en el concepto de resarcimiento las pensiones que por este hecho otorga la seguridad social. Se dir谩 que estas indicaciones no vienen de todos los magistrados del orden social, sino s贸lo de las mayor铆as que forman las decisiones de la Sala 4陋 del Tribunal Supremo, pero esa obviedad no evita el pesimismo de trabajadores y sindicatos ante iniciativas bien intencionadas como la que se ha se帽alado.

El problema no es jur铆dico, sino pol铆tico y cultural. Algunos avances se est谩n llevando a cabo, pero sin establecer una relaci贸n directa entre la salud laboral y las condiciones de prestaci贸n del trabajo 聳 la flexibilidad contractual, la subcontrataci贸n de actividades 聳 no se plantear谩n correctamente los t茅rminos del debate. Ni la visibilidad medi谩tica del problema que haga que se cree la opini贸n p煤blica de que los accidentes de trabajo constituyen un problema general que hay que erradicar y reparar a sus v铆ctimas convenientemente. Solo as铆 dejaremos de oir los 聯partes industriales de guerra聰 de los que hablaba Marx, que cada d铆a anuncian mon贸tonamente la muerte de personas por el mero hecho de trabajar para ganarse la vida.

Antonio Baylos: Universidad Castilla La Mancha.
http://baylos.blogspot.com/