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Las empresas deben tener sus planes de igualdad en orden para acceder a concursos de contratación pública

El pasado 8 de marzo entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014).


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Nuestra Organización reconoció los avances introducidos en el momento de la aprobación de la nueva Ley, pese a que el texto no satisface todas nuestras expectativas (Nota CCOO Ley Contratos Públicos). Transcurridos más de cuatro meses desde su publicación, ha entrado en vigor la mayor parte de su articulado, del que destacamos el mayor compromiso de la Administración pública con la Responsabilidad Social y, en concreto, con la Igualdad de Género.

En este sentido, la antigua Ley de Contratos del Sector Público ya prohibía contratar con las entidades públicas a las empresas que hubieran sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia laboral o social, pero dejaba fuera el requisito de tener Planes de Igualdad debidamente negociados en las empresas obligadas a tenerlo por Ley, ya que esta infracción sólo está tipificada como grave por la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, además de lo mencionado para infracciones muy graves, incluye en su artículo 71. d) la prohibición de contratar a las empresas de más de 250 personas en plantilla que incurran en “no cumplir con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”, debiendo presentar dichas empresas una declaración responsable que acredite el citado cumplimiento legal.

Valoramos muy positivamente este avance porque representa una mayor exigencia a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de negociación colectiva y garantiza que los servicios públicos cuenten con políticas de igualdad de género también en sus externalizaciones.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

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