28-04-2009 - El reciente informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, de fecha 26 de Marzo de 2009, sobre los procesos de contratación realizados por las Mutuas de Accidentes de Trabajo durante los años 2004 y 2005, pone de manifiesto graves deficiencias en la gestión que estas Entidades realizan del Patrimonio de la Seguridad Social.
Adjudicaciones irregulares de contratos de servicios, realizados intencionadamente para beneficiar a empresas mutualistas, o a directivos y altos cargos de la propia Mutua, al margen de las normas reguladoras que deben regir en la contratación con fondos públicos o la subcontratación a terceros de una parte de la gestión de las prestaciones de IT, en centros sanitarios que, en ocasiones no disponen de las autorizaciones sanitarias correspondientes, son algunas de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.
Esta subcontratación viene siendo denunciada desde hace años por Comisiones Obreras. Más aún desde el año 1996 en el que las Mutuas asumieron la gestión de la IT por contingencia común de las empresas en las que así era decidido unilateralmente por el empresario.
El informe demuestra que las mutuas no han optimizado ni racionalizado los recursos públicos de los que disponen para realizar la gestión de las prestaciones que tienen encomendada.
Es una situación que deja en evidencia al sistema, ya que en el caso de las contingencias comunes, asumir esa competencia por las Mutuas debía tener una relación directa con la creación de la infraestructura necesaria para proveer con medios propios el servicio. Lejos de esta obligación, en algunos casos, se han privatizado los reconocimientos médicos y o se han sufragado con dinero público persecuciones detectivescas contra los trabajadores.
El estudio se ha realizado sobre una muestra de 8 mutuas, pero estas y otras prácticas cuestionables legal y éticamente como la ingeniería financiera e incluso cesión ilegal de trabajadores en beneficio de connivencias entre empresas y mutuas, son prácticas generalizadas en un modelo de mutualismo que se ha demostrado obsoleto y caduco.
Mientras se ha permitido que los gerentes, directivos y altos cargos de mutuas compatibilicen sus labores de gestión de fondos públicos con otras privadas en empresas que son las que luego dan servicio a la Mutua con facturaciones muy por encima de los precios de mercado, las Juntas Directivas no han usado su capacidad disciplinaria y sancionadora.
Es el momento de introducir la racionalidad en el sistema. No se puede permitir que con dinero público se lucren intereses privados. No se puede tolerar que cargo a cuotas se den situaciones tales de ineficacia y ineficiencia económica, cuando lo que está en juego es la salud e integridad de los trabajadores.
Todo esto afecta al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que son los que reciben los servicios que las mutuas prestan y, de forma particular, a los que prestan su actividad laboral en estas Entidades, que sin ser los responsables, caen en el desprestigio por la acción de sus empresas y se sienten señalados por una sociedad que lee y sigue las noticias que afectan a las organizaciones donde trabajan, mientras los gerentes y altos cargos se benefician de salarios desproporcionados que obtienen por los cauces más diversos.
Es el momento introducir racionalidad en el sistema. No se debe consentir que con el dinero público se lucren intereses privados, ni tolerar que con cargo a las cuotas de Seguridad Social se den situaciones tales de ineficacia e ineficiencia económica, cuando lo que está en juego es la salud e integridad física de los trabajadores.
Ha llegado la hora de abrir el debate para diseñar el nuevo modelo mutual que la sociedad actual precisa y emprender las reformas necesarias.
Para CC.OO., este nuevo modelo mutual tiene que estar basado en la codecisión y la cogestión. La primera supone recuperar el equilibrio entre empresas y trabajadores, a través de la elección conjunta de la Mutua, para que esta se esfuerce en prestar servicios de mayor calidad a los mismos, pues son los trabajadores los destinatarios últimos de sus prestaciones y servicios. La segunda, por su parte, hace necesaria la presencia de los sindicatos más representativos en las Juntas Directivas y demás órganos de decisión, tanto de las mutuas como de las corporaciones y entidades mancomunadas.
La racionalización de sus recursos sanitarios mediante el acercamiento de los centros asistenciales, de rehabilitación y gestión de las mutuas a los usuarios de las mismas y un trato profesional y humano basado en un código ético que priorice las consideraciones sanitarias a las económicas y la universalización del acceso a las Prestaciones Especiales para mejorar la vida cotidiana de los trabajadores que sufren daños a causa del trabajo y que precisan apoyos por su falta de recursos y por el tipo de daños sufridos, deben ser elementos esenciales en esta reforma.
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